Rubén Corona Sánchez
Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rubén Corona Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Rubén Corona González Moreno, Juan Carlos González Moreno y Alexis León Pedraza, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Informe en relación con la suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan el oficio y telegrama signados por el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación y Litigación Mixta I con residencia en Tizayuca, Hidalgo y Comandante de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal Grupo "Tizayuca", a través de los cuales, rinden su informe en relación con la suspensión de plano concedida en autos a los promoventes del amparo. En atención a su contenido, informa que los promoventes *****, ***** y *******, fueron puestos a su disposición a las diez horas con diez minutos del veintinueve de agosto de este año, toda vez que fueron detenidos en flagrancia por su probable participación en la comisión del delito de robo calificado; motivo por el cual, dentro del término de cuarenta y ocho horas, es decir, a las diecisiete horas con dos minutos del treinta y uno de agosto actual fueron puestos a disposición del Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial con sede en Tizayuca, a efecto de que resuelvan su situación jurídica. Asimismo, de las constancias que remite, se advierte que en audiencia celebrada a las veintiún horas con treinta minutos del veintinueve de agosto actual, el fiscal les decretó su retención, la cual fue firmada por los promoventes del amparo. De igual manera, obra el Acta de lectura de derechos realizada a las veinte horas con treinta minutos, veinte horas con treinta y cinco minutos y veinte horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto del presente año. De igual forma, obra la comunicación de los promoventes con un familiar a las veinte horas con treinta y dos minutos, veinte horas con treinta y siete minutos y veinte horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de agosto del año que transcurre. DESECHAMIENTO Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, se advierte que los quejosos *******, ***** y *******, ratificaron su escrito de demanda de amparo promovida a su favor por *******. En atención a lo informado por el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación y Litigación Mixta I con residencia en Tizayuca, Hidalgo, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado por los quejosos, es: Es la incomunicación de los quejosos. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, conforme a las siguientes consideraciones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto transcrito se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualice la referida causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ello es así toda vez que los actos reclamados por los quejosos ********, Juan ******* y *******, se hacen consistir en: "la incomunicación". Del contenido del informe rendido por el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación y Litigación Mixta I con residencia en Tizayuca, Hidalgo, se desprende que los quejosos fue puestos a su disposición a las diez horas con diez minutos del veintinueve de agosto de este año, toda vez que fueron detenidos en flagrancia por su probable participación en la comisión del delito de robo calificado; motivo por el cual, dentro del término de cuarenta y ocho horas, es decir, a las diecisiete horas con dos minutos del treinta y uno de agosto actual fueron puestos a disposición del Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial con sede en Tizayuca. De igual de las constancias que envío el fiscal responsable, se advierte que los quejosos tuvieron comunicación con sus familiares, fueron asistidos de un defensor público. Lo anterior permite concluir que han cesado los efectos del acto reclamado que los quejosos atribuyó a las autoridades responsables, puesto que quedó acreditado en autos que los quejosos posterior al amparo tuvieron comunicación con sus familiares e incluso ya fueron puestos a disposición del Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial con sede en Tizayuca, para que les resuelva su situación jurídica con motivo de los hechos delictivos que se les imputa, lo que pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso (página 70), cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS." Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por *******, ******* y **********. Finalmente, procédase a notificar el presente proveído en los estrados de este órgano de control constitucional, debido a que no señalaron domicilio para tal efecto.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ****, en representación de *****, **** y *****, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de Tizayuca, al parecer de la mesa 1 y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1364/2022-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Ahora, tomando en consideración que de la demanda de amparo se advierte como el acto reclamado consiste en la incomunicación de la que dice están siendo objeto los directos quejosos *******, ***** y ***********, con fundamento en el invocado numeral 126 de la ley en cita, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que de inmediato cese dicha incomunicación de que en su caso sea objeto, y se les permita comunicarse con sus familiares o abogados. Quedando bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables informar dentro del término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento de esta determinación, por lo que se les hace de su conocimiento que se les impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, para el caso de que no acaten lo ordenado en la presente suspensión, ello en términos del ordinal 262, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido de que si los quejosos están privados de la libertad personal fuera de procedimiento, con fundamento en los artículo 15 y 164 de la Ley de Amparo, también se les concede la suspensión de plano, para el efecto de que se levante dicha privación y sean puestos en inmediata libertad, ello tomando en consideración que de consumarse el mismo, haría físicamente imposible restituir a dichos quejoso en el goce del derecho reclamado. Cabe señalar que la presente medida cautelar no surtirá sus efectos para el caso de que los quejosos de mérito se encuentren detenidos con motivo de una orden proveniente de autoridades distintas a las señaladas como responsables (ministeriales o judiciales), o en caso de haber sido detenidos en el supuesto previsto en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (caso de delito cometido en flagrancia), poniéndolo sin demora a disposición del Ministerio Público. Quedando bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables informar dentro del término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento de esta determinación, por lo que se les hace de su conocimiento que se les impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, para el caso de que no acaten lo ordenado en la presente suspensión, ello en términos del ordinal 262, fracción III de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el numeral 28 de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Así las cosas, se faculta al Actuario adscrito para que se constituya en las oficinas que ocupan las autoridades señaladas como responsables, donde se dice se encuentra los directos quejosos *****, ***** y ******** y los requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído, o dentro del término de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de derechos presentada en su favor, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Hecho que sea lo anterior, procédase con el trámite correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentran recluidos los quejosos, esto conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción I, de la ley de Amparo. Téngase por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Mary Carmen Rodríguez Cabrera (4211263), en virtud de haberse encontrado registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. CORREO ELECTRÓNICO En otro tenor, en atención a la petición de la parte quejosa, no ha lugar a tener como medios para llevar a cabo las notificaciones relativas al presente juicio, el correo electrónico y numero telefónico que proporciona, debido a que dichas vías no se encuentran contempladas en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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