Rubén Constantino Díaz Romero (administrador único) y otros y Otros.
Expediente 150/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Director General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Rubén Constantino Díaz Romero (administrador único) y otros y Otros.
- Julisa Amalia Mariño Chavarría (representante legal de tres empresas) y Otros.
- Rubén Constantino Díaz Romero (administrador único) y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL.150/2019-1B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 1167 a 1179) que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por 1) Rubén Constantino Díaz Romero, 2) Armando Muñiz Escalante, 3) Juan José Iván Cruz Alarcón, 4) Alma Susana Atilano Bucio, 5) Miguel Ramos Olvera, 6) Arturo César Sánchez Benítez, 7) Julisa Amalia Mariño Chavarría, 8) César Arturo Faba Tovar y 9) Modesto Mario Valdés Marroquín, por propio derecho y como representantes legales o administradores únicos de las personas jurídicas colectivas denominadas 1º. Centro de Negocios de Oaxaca, sociedad anónima de capital variable, 2º. Valenzuela Delfín, sociedad anónima de capital variable, 3º. Centro Vehicular del Caribe, sociedad anónima de capital variable, 4º. Anti-Contaminación Logística del Centro, sociedad anónima de capital variable, 5º. Centro Vehicular Anticontaminante de Mexicali, sociedad anónima de capital variable, 6º. Verificaciones Vehiculares, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, 7º. Multiservicios CEAPAE, sociedad anónima de capital variable, 8º. Unidad de Verificación de Sinaloa, sociedad anónima de capital variable, 9º. UV Sonora, sociedad anónima de capital variable, 10º. Verificaciones en Marcha León, sociedad anónima de capital variable, 11º. Verificaciones Contaminantes Rira, sociedad anónima de capital variable y 12º. Vefcon, sociedad anónima de capital variable, sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. 4. Archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. Devolución de documental. Considerando que en este expediente obra la documental que la parte quejosa ofreció con su escrito de fecha uno de marzo del año en curso (fojas 701 y 702) relativa a diversos instrumentos notariales en copia certificada; ante ello, se ordena su devolución y con fundamento en el punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se le requiere para que acuda ante este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído y, dentro del cual, sino se presenta para tal fin, serán destruidos junto con este último. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.150/2019-1B*..Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) ***, 2) ***, 3) ***, 4) ***, 5) ***, 6)***, 7) ***, 8)***y 9) ***, por propio derecho y como representantes legales o administradores únicos de las personas jurídicas colectivas denominadas 1º. ***, sociedad anónima de capital variable, 2º. ***, sociedad anónima de capital variable, 3º. ***, sociedad anónima de capital variable, 4º. ***, sociedad anónima de capital variable, 5º. ***, sociedad anónima de capital variable, 6º. ***, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, 7º.***, sociedad anónima de capital variable, 8º. ***, sociedad anónima de capital variable, 9º. ***, sociedad anónima de capital variable, 10º.***, sociedad anónima de capital variable, 11º. ***, sociedad anónima de capital variable y 12º. ***, sociedad anónima de capital variable, en términos de los considerandos tercero, quinto y sexto, de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. ...
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 150/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 2 a 13) en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y, remitido el día hábil siguiente, catorce de febrero del año en curso, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ******************, por propio derecho y como representantes legales o administradores únicos de las personas jurídicas colectivas denominadas *******************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición y derecho de acceso a las instancias de gobierno) -foja 3-, que reclamaron del director general de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), residente en la Ciudad de México. Dicha parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación (fojas 3 y 4); invocó como derecho fundamental vulnerado el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3), y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 4 a 12). Segundo. Registro de la demanda de amparo. Por auto de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 695 a 698) se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 150/2019 y se previno a la parte quejosa aclarara su instancia constitucional, esto es, a) exhibiera copia certificada de los documentos con los cuales se acreditara el carácter que se ostentaba como apoderados, representantes legales o administradores únicos de las personas jurídicas colectivas quejosas (foja 697 reverso), así como b) precisara el acto reclamado (foja 697). Tercero. Cumplimiento de prevención. Mediante escrito presentado en este Juzgado el cuatro de marzo de dos mil dieciocho (fojas 701 y 702), la parte quejosa exhibió copia certificada de diversos instrumentos notariales (fojas 704 a 1119) y señaló que el acto reclamado es la a) falta de respuesta a su solicitud formulada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, así como la b) falta de acuerdo para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, solicitada por escrito presentado el ocho de enero de dos mil diecinueve (foja 701). Cuarto. Admisión de demanda de amparo. Por acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y se reclama una omisión a una autoridad residente en la ciudad de México, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 37, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, por haberse presentado la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. Segundo. Personalidad de los promoventes del amparo. La personalidad de los promoventes del amparo quedó justificada en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, ya que exhibieron copia certificada de los instrumentos notariales siguientes: Nombre Documental 1. Rubén Constantino Díaz Romero (foja 708) Instrumento número cuatro mil ciento cuarenta y seis, volumen número noventa y uno, de veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho, relativa a la constitución de sociedad, mercantil denominada "Centro de Negocios de Oaxaca", s.a. de c.v. y protocolización del acta de asamblea general extraordinaria (fojas 704 a 766) 2. Armando Muñiz Escalante (foja 775) Instrumento número once mil seiscientos veintidós, volumen ccc, de treinta y uno de enero de dos mil siete, relativo al contrato constitutivo de la sociedad mercantil "Valenzuela Delfín", sociedad anónima de capital variable (fojas 767 a 779). 3. Juan José Iván Cruz Alarcón (foja 787 reverso) Escritura número treinta y nueve mil trescientos noventa y cuatro, volumen centésimo septuagésimo noveno, tomo "d", relativa al acta constitutiva de la sociedad mercantil "Centro Vehicular del Caribe", sociedad anónima de capital variable, de diecisiete de febrero de dos mil nueve (fojas 781 a 794). 4.Alma Susana Atilana Bucio (foja 815) Instrumento trece mil seiscientos noventa y ocho, tomo ccxxvii bicentesimo vigesimo séptimo, relativa al acta constitutiva de la sociedad denominada "anti-Contaminación Logística del Centro", sociedad anónima de capital variable, de veinticinco de enero de dos mil siete (fojas 795 a 823). 5.Miguel Ramos Olvera (foja 844) Instrumento número treinta y un mil ciento cuarenta y seis, volumen quinientos cuarenta y seis, relativa al acta constitutiva de la sociedad denominada "Centro Vehicular Anti-contaminante de Mexicali", sociedad anónima de capital variable, de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, y del instrumento por el que se otorga poder general amplio para pleitos y cobranzas (fojas 824 a 846). 6.Miguel Ramos Olvera (foja 921) Acta cincuenta y ocho mil quinientos noventa y dos, volumen novecientos cincuenta y dos, de diez de noviembre de dos mil seis. Instrumento ochenta y seis mil seiscientos sesenta y nueve, volumen un mil doscientos treinta y nueve, relativa al acta constitutiva de la sociedad denominada "Verificaciones Vehiculares", sociedad anónima de responsabilidad limitada de capital variable, de diecinueve de marzo de dos mil catorce (fojas 847 a 901). 7.Arturo César Sánchez Benítez (foja 971 reverso) Acta constitutiva número veintinueve mil seiscientos tres, tomo cincuenta y siete, relativa al acta constitutiva de la sociedad denominada "Multiservicios Ceapae", sociedad anónima de capital variable, de cinco de agosto de dos mil nueve, y protocolización de acta de asamblea de fecha cinco de junio de dos mil doce (fojas 969 a 976). 8.Julisa Amalia Mariño Chavarría (foja 996 reverso) Acta constitutiva número treinta y cuatro mil doscientos ochenta y dos, volumen du centésimo septuagésimo cuarto, relativa al acta constitutiva de la sociedad mercantil anónima de capital variable, denominada "Unidad de Verificación de Sinaloa", de veintiocho de junio de dos mil trece y protocolización de acta de asamblea general extraordinaria de accionistas (fojas 977 a 1012). 9.Julisa Amalia Mariño Chavarría (foja 1048) Acta constitutiva número treinta y ocho mil ciento ochenta y siete, volumen tricentésimo séptimo, relativa al acta constitutiva de la sociedad mercantil anónima de capital variable, denominada "U V Sonora", de veinte de febrero de dos mil quince y poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, y de carácter irrevocable, y para suscribir títulos de crédito (fojas 1013 a 1059). 10.Julisa Amalia Mariño Chavarría (foja 1078) Acta constitutiva número treinta y nueve mil ciento dos, volumen tricentésimo décimo sexto, relativa al acta constitutiva de la sociedad mercantil anónima de capital variable, denominada "Verificaciones en Marcha León", de catorce de julio de dos mil quince (fojas 1060 a 1092). 11.César Arturo Faba Tovar (foja 1107) Acta constitutiva número cuatro mil setecientos cinco, volumen vigésimo sexto, relativa al acta constitutiva de la sociedad anónima de capital variable, denominada "Verificaciones Contaminantes Rira", de veintinueve de junio de dos mil siete (fojas 1093 a 1095). 12.Modesto Mario Valdés Marroquín ( 1116) Instrumento notarial número cuatrocientos cincuenta y ocho, libro ocho, de trece de noviembre de dos mil seis, relativo al contrato de la sociedad anónima Vefcon (fojas 1109 a 1117). Mediante los cuales se les otorgó el poder general o la representación por parte de las sociedades quejosas para, en el caso específico, promover demanda de amparo. Tercero. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y constancias que aparecen en este juicio de amparo, son: 1º. Falta de respuesta a la petición formulada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por la que se solicita la utilización del método de prueba a través del sistema de diagnóstico a bordo, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1.1 de la NOM-167-SEMARNAT-2017, como método alterno en sustitución al método dinámico descrito en el numeral 5 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, aplicable para unidades de verificación (fojas 17 a 31). 2º. Falta de acuerdo al escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la autorización del método alterno a que se refiere el ocurso de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 14 a 16). Cuarto. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, encargado del despacho de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que le reclamaron los quejosos 1) Rubén Constantino Díaz Romero, 2) Armando Muñiz Escalante, 3) Juan José Iván Cruz Alarcón, 4) Alma Susana Atilano Bucio, 5) Miguel Ramos Olvera, 6) Arturo César Sánchez Benítez, 7) Julisa Amalia Mariño Chavarría, 8) César Arturo Faba Tovar y 9) Modesto Mario Valdés Marroquín, por propio derecho. En efecto, aunque al rendir su informe justificado (foja 1131) la responsable negó su existencia porque, dijo, ya había contestado la petición relativa; en el caso, de los escritos que se presentaron el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 17 a 31) y once de enero de dos mil diecinueve (fojas 14 a 16), con valor probatorio pleno en su calidad de documental privada, con sello autógrafo de recepción por parte de la responsable, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que fueron diversas empresas las que elevaron una petición ante la autoridad, pero no personas físicas, como en el caso refieren los quejosos. De ahí que si estos últimos no demostraron que presentaron una petición, por propio derecho, como lo reclaman; tampoco puede estimarse existente la abstención reclamada. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, promovido por los quejosos por propio derecho. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así también, es aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del tomo 3ª parte, CXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, registro 265314, que refiere: "PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio". Quinto. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, encargado del despacho de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, con residencia en la ciudad de México, al rendir su informe justificado (foja 1131) negó la existencia de los actos reclamados. Ahora, como esa negativa se basó en que con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve se realizó la notificación del oficio número DGGCARETC/659/2018 (que se refiere al escrito de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho) a Edgar Rodríguez, por vía de mensajería (foja 1131); pero del formato de rastreo (foja 1139) que exhibe, no se aprecia en qué domicilio se realizó la notificación, en tanto que de los dos escritos que presentó la parte quejosa ante esa autoridad (fojas 14 a 31) no aparece que Edgar Rodríguez hubiere sido autorizado para ese efecto. Aunado a que omitió señalar si había contestado la petición formulada en escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve. En esas condiciones, exclusivamente para efectos de la existencia de los actos reclamados, se tienen por ciertos los mismos. Y como justificación del mismo la copia certificada del acuse del oficio número DGGCARETC/659/2018 (foja 1132 a 1135), situación de trámite de la solicitud de la parte quejosa (foja 1136 a 1138), rastreo de la guía 501854844524A601373874 (foja 1139) e impresión de envío por correo electrónico del oficio DGGCARETC_659_2018 (fojas 1140 y 1141). Sexto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es de analizarse si se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en 1º. la falta de respuesta a la petición formulada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por la que se solicita la utilización del método de prueba a través del sistema de diagnóstico a bordo, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1.1 de la NOM-167-SEMARNAT-2017, como método alterno en sustitución al método dinámico descrito en el numeral 5 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, aplicable para unidades de verificación (fojas 17 a 31), se actualiza el supuesto de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la ley invocada. Ello es así, porque el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ley especial que regula la materia del cual deriva el acto que se reclama, señala: "Artículo 49. Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos. Debe acompañarse a la solicitud la evidencia científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva. La dependencia turnará copia de la solicitud al comité consultivo nacional de normalización correspondiente dentro de los 5 días naturales siguientes a que la reciba, el cual podrá emitir su opinión. En todo caso la dependencia deberá resolver dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. Este plazo será prorrogable una sola vez por igual periodo y se suspenderá en caso de que la dependencia requiera al interesado mayores elementos de justificación, reanudándose al día hábil siguiente al en que se cumpla el requerimiento. La autorización se otorgará dejando a salvo los derechos protegidos en las leyes en materia de propiedad intelectual, y se considerará que es afirmativa si no se emite dentro del plazo correspondiente. La autorización se publicará en el Diario Oficial de la Federación y surtirá efectos en beneficio de todo aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la dependencia que se encuentra en los mismos supuestos de la autorización otorgada. La dependencia resolverá esta solicitud dentro de los 15 días naturales siguientes; en caso contrario se considerará que la resolución es afirmativa". El tercer párrafo de esa norma legal contempla la teoría del silencio administrativo y especialmente su versión en sentido afirmativo, conocida como afirmativa ficta, que deriva de la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un particular, haciendo presumir la existencia de una decisión positiva; reconociéndose a favor de los interesados un derecho, con el objeto de que esa inactividad, pasividad o silencio en que incurra la autoridad ante quien se presenta una solicitud de autorización por parte de la dependencia relativa para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos, no se prolongue en el tiempo. Sin embargo, la afirmativa ficta no opera ipso facto, sino que es indispensable que tal conducta provenga de quien sea legalmente competente para resolver la petición, no sólo porque así se advierte de la interpretación literal de esa porción normativa, sino también porque el fin perseguido por la misma es que la falta de respuesta se sancione con la expedición de la constancia respectiva, lo cual únicamente puede ocurrir por parte de quien se encuentra legitimado para hacerlo. Ello se corrobora con lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ley general, que disponen: "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas". "Artículo 2.- Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente". "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo". Ahora, en el escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 17 a 31), las personas jurídicas colectivas: a) Manifestaron promover como administradores únicos y representantes legales de las personas jurídicas colectivas, como operadoras de unidades de verificación en materia de emisiones contaminantes (fojas 17 a 21). b) Señalaron domicilio para recibir notificaciones. c) Solicitaron la autorización del método de prueba a través del sistema de diagnóstico a bordo descrito en el punto 2 del "Anexo Normativo I. Especificaciones generales y método de prueba a través del sistema de diagnóstico a bordo", de conformidad con lo establecido en el punto 5.1.1. de la NOM-167-SEMARNAT-2017, como método alterno en sustitución al método dinámico descrito en el numeral 5 de la NOM-047-SEMARNAT-2014, aplicable de manera única y exclusiva para unidades de verificación que promueven y se encuentran al servicio del programa de verificación vehicular obligatorio operado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. d) Señalaron el domicilio en los que se aplicaría el método alternativo solicitado. e) Y pidieron que, si se requerían mayores elementos de justificación, se les informara. Como no le fue contestada esa petición, promovieron demanda de amparo en la que se hizo valer la vulneración al derecho fundamental previsto en el artículo 8º constitucional. Ese precepto constitucional se refiere a que toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la obliga a acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. El ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término. b. Ser congruente con la petición. c. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Sin embargo, el artículo 49 invocado prevé el procedimiento que debe seguirse para el caso de que se presente una solicitud de esa naturaleza, siendo el siguiente: I. La dependencia turnará copia de la solicitud al Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente dentro de los cinco días naturales siguientes a que la reciba, el cual podrá emitir su opinión. II. En todo caso, la dependencia resolverá dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. III. Dicho plazo es prorrogable por una sola vez por igual periodo y se suspenderá en caso de que se requieran mayores elementos de justificación. IV. La autorización se otorgará dejando a salvo los derechos protegidos en las leyes en materia de propiedad intelectual. V. Se considerará que es afirmativa esa autorización si no se emite dentro del plazo correspondiente. Entonces, la parte quejosa debió agotar previamente ese procedimiento previsto en los artículos 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, no obstante que por resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, contenido en el oficio número DGGCARETC/659/2018, la autoridad responsable hubiere determinado que no procedía esa solicitud, por lo que dio por terminado el procedimiento administrativo iniciado por esa petición; además, dejó a salvo los derechos de los solicitantes para pedir nuevamente el trámite SEMARNAT-05-005-A y ordenó la notificación por alguno de los medios legales previstos en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (foja 1135); resolución que fue autorizada el diez de enero de dos mil diecinueve, según bitácora número 09/RA-0230/10/18 (fojas 1136 a 1138). Sin embargo, no aparece que hubiere sido notificada esa determinación en el domicilio señalado para recibir notificaciones por la parte solicitante, aquí quejosa (foja 21), pues únicamente existe un formato de rastreo en el que se dice que Edgar Rodrígues recibió un sobre el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 1139); pero no se aprecia en qué domicilio se realizó esa notificación, ni qué contenía ese sobre; además, de los dos escritos que presentó la parte quejosa ante esa autoridad (fojas 14 a 31) no se advierte que Edgar Rodrígues hubiere sido autorizado para ese efecto. Incluso, en contraposición, se envió un correo electrónico el nueve de enero de dos mil diecinueve (foja 1140), para señalar a las empresas quejosas que el oficio de respuesta podía ser recogido en un domicilio de la ciudad de México, en un horario de atención de lunes a viernes de nueve horas con treinta minutos a quince horas (foja 1141). Esto es, por una parte, se le señaló a la parte quejosa que podría pasar por el oficio de respuesta a un domicilio en la ciudad de México, pero, por otra parte, dijo la responsable que lo remitió por vía mensajería rápida de "Estafeta". De ahí que si la parte interesada no ha quedado notificada del acto administrativo, como lo afirmó en la demanda de amparo y quedó demostrado en autos, por lo que la resolución que al efecto emitió la responsable no puede surtir efecto legal alguno en perjuicio de la parte quejosa y, como consecuencia, no interrumpe el plazo legal para que opere en su favor la afirmativa ficta. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 174147 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.474 A Página: 1338 AFIRMATIVA FICTA. EL PLAZO PARA QUE OPERE NO SE INTERRUMPE POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EMITA UN PRIMER REQUERIMIENTO DE DATOS O DOCUMENTOS AL PARTICULAR, PERO NO SE LO NOTIFIQUE PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2006). Del artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, vigente hasta el 7 de junio de 2006, se advierte como regla general, que las autoridades deberán resolver los procedimientos administrativos respectivos dentro de los plazos legales establecidos para ello; y en caso de que éstos no prevean un término específico, aquéllos deberán resolverse en cuarenta días hábiles. Asimismo, que si la autoridad competente no dicta su determinación dentro del término concedido para ello y el interesado ha cumplido los requisitos normativos correspondientes, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo, lo que doctrinalmente se conoce como afirmativa ficta. Al efecto, si en un trámite iniciado por un particular, la autoridad administrativa emite un primer requerimiento para que éste proporcione ciertos datos o documentos, pero no lo notifica al interesado en términos del artículo 78, fracción I, inciso a), del ordenamiento administrativo invocado, que, entre otras cosas, dispone que los requerimientos deberán notificarse personalmente cuando se trate de la primera notificación del asunto, resulta claro que dicha actuación no interrumpe el plazo legal para que opere a favor del gobernado la afirmativa ficta, toda vez que el requerimiento que no le fue notificado no surte efecto legal alguno en su perjuicio. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO". En esas condiciones, la parte quejosa debe agotar el procedimiento a que se refiere el numeral 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y presentar ante la propia autoridad una petición para que le expida constancia sobre tal circunstancia. Es aplicable al respecto, por identidad jurídica sustancial, la tesis de datos de localización y rubro siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193742 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Julio de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 1a. XV/99 Página: 59 AFIRMATIVA FICTA. REQUISITOS PARA SU EFICACIA (LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL). Y como no agotó ese procedimiento, se sobresee en el juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y por identidad jurídica sustancial, la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 190540 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.119 A Página: 1768 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CUANDO NO EXISTA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS ESPECTACULARES, EL PARTICULAR DEBE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AFIRMATIVA FICTA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal no establece disposición alguna que regule la omisión de la autoridad administrativa de dictar la resolución que debe recaer a toda solicitud de licencias para la instalación de anuncios espectaculares. Ante esa laguna legal, es necesario acudir en suplencia de dicho reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que en su artículo 89 dispone que las solicitudes como la de que se trata deben resolverse en cuarenta días. Asimismo, el numeral analizado señala que cuando no se dicte la resolución en dicho término, se entenderá que la respuesta es en sentido afirmativo, en todo lo que le favorezca, salvo los casos que el propio artículo prevé en forma limitativa. Por su parte, el artículo 90 de la ley consultada señala que para que la resolución afirmativa ficta surta efectos a favor del particular con plena eficacia del acto presunto, debe solicitar la certificación a través del procedimiento correspondiente, dentro del término de diez días hábiles y seguir el trámite que el propio numeral prevé para ello. En esa tesitura, el acto que rige la situación jurídica del gobernado, ante la falta de respuesta de la autoridad administrativa de las solicitudes de licencias dentro del término aludido, es la resolución afirmativa ficta y por ello, está obligado a agotar el procedimiento previsto en el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal previamente a la presentación de la demanda de garantías. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Causa de improcedencia respecto de diverso acto reclamado. En relación con el acto consistente en la falta de acuerdo al escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, en el que se solicitó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la autorización del método alternativo a que se refiere el ocurso de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 14 a 16), también se actualiza el supuesto de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la ley invocada. El último párrafo del artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ley especial que regula la materia del cual deriva el acto que se reclama, señala: "Artículo 49. Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos. Debe acompañarse a la solicitud la evidencia científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva. La dependencia turnará copia de la solicitud al comité consultivo nacional de normalización correspondiente dentro de los 5 días naturales siguientes a que la reciba, el cual podrá emitir su opinión. En todo caso la dependencia deberá resolver dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. Este plazo será prorrogable una sola vez por igual periodo y se suspenderá en caso de que la dependencia requiera al interesado mayores elementos de justificación, reanudándose al día hábil siguiente al en que se cumpla el requerimiento. La autorización se otorgará dejando a salvo los derechos protegidos en las leyes en materia de propiedad intelectual, y se considerará que es afirmativa si no se emite dentro del plazo correspondiente. La autorización se publicará en el Diario Oficial de la Federación y surtirá efectos en beneficio de todo aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la dependencia que se encuentra en los mismos supuestos de la autorización otorgada. La dependencia resolverá esta solicitud dentro de los 15 días naturales siguientes; en caso contrario se considerará que la resolución es afirmativa". En ese último párrafo también se contempla la figura legal de la afirmativa ficta, con la finalidad de que los interesados tengan derecho a que la autorización que se solicite se publique, para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos, no se prolongue en el tiempo; pero, como se señaló con anterioridad, esa figura no opera ipso facto, sino que es necesario que esa conducta provenga de quien sea legalmente competente para resolver la petición, de acuerdo con lo previsto en el 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora, la parte quejosa solicitó en el escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve se publicara en el Diario Oficial de la Federación de la autorización del método alterno a que se refiere el ocurso de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 14 a 16), sin que la autoridad resolviera esa solicitud dentro de los quince días naturales siguientes, como lo establece el último párrafo del artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; por tanto, se considera que la resolución es afirmativa. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra el acto reclamado consistente en la vulneración al derecho de petición a que se refiere el artículo 8º constitucional, pues la ley que rige la materia de esa omisión señala que si una solicitud no es contestada dentro de los plazos establecidos en el artículo 49 de la Ley sobre la Metrología y Normalización, se actualiza la figura legal de la afirmativa ficta; ante ello, la parte quejosa debe agotar el procedimiento a que se refiere el numeral 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y presentar ante la propia autoridad una petición para que le expida constancia sobre tal circunstancia. En consecuencia, procede sobreseer en este juicio de amparo, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y por identidad jurídica sustancial, la tesis de datos de localización y rubro siguientes: "Época: Novena Época Registro: 190540 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.119 A Página: 1768 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CUANDO NO EXISTA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS ESPECTACULARES, EL PARTICULAR DEBE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AFIRMATIVA FICTA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *************, por propio derecho y como representantes legales o administradores únicos de las personas jurídicas colectivas denominadas 1º. Centro de Negocios de Oaxaca, sociedad anónima de capital variable, *****************, en términos de los considerandos tercero, quinto y sexto, de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.
- Principal
PRAL 150/2019 MESA 1-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de ********************, en su carácter de representante común de la parte quejosa; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en vía de alegatos, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto de la vista que se le dio con el informe justificado de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno. Notifíquese...
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