Ruben Constantino Díaz Romero
Expediente 1311/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruben Constantino Díaz Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, por el cual devuelve el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución, dictada en el recurso de revisión 331/2021. De la ejecutoria de mérito se advierte que se declaró sin materia el recurso de revisión que interpuso el quejoso contra la suspensión definitiva dictada en tal expediente, al haberse declarado firme la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar y vuelvan los autos al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
"MESA VII-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 1 Fue notificada el tres de enero de dos mil veintidós. Dicha notificación surtió efectos el cuatro siguiente. Fueron inhábiles el ocho, nueve, quince y dieciséis de enero en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. 01/08/22 13:58:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.68 ALFA ORQUIDEA MONTERRUBIO VALENCIA Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General2 ; en consecuencia, se ordena su destrucción. 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; [.] Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE."
- Incidental
"MESA VII-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción1 . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan 1 TRANSITORIO SÉPTIMO. La Dirección General de Archivo y Documentación elaborará el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo. En tanto, seguirá aplicándose lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que no se oponga a lo previsto en este Acuerdo. 7.5 Tratamiento del incidente de suspensión (original) [.] 2. Si se concedió la suspensión provisional pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible" [.] tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese."
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1311/2021, promovido por ***, contra el acto y autoridad que más adelante se precisan. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, consiste en determinar si el contenido del oficio SEMAEDESO/SP/SCCRNB/DCCDS/DCAVV/1126/2021 dictado por el Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, trasgrede los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. El promovente de la acción constitucional, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 4, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mismo que por proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, admitió a trámite el escrito inicial, quedando registrado con el progresivo 784/2021, de su índice; en esa data se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de esa adscripción; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, el homólogo federal descrito, declinó competencia a este órgano jurisdiccional a fin de conocer de dicho asunto por conocimiento previo, por los motivos expuestos en dicha determinación. En razón de lo anterior, por auto de uno de diciembre del año que transcurre, este Juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del presente asunto, el cual quedo registrado con el consecutivo 1311/2021 y en esa misma data fue admitida; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite del juicio, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de la omisión de una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo que a prevención, compete su conocimiento. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, del análisis de los elementos de la demanda y su escrito aclaratorio, se precisa que el acto reclamado y autoridad responsable en este controvertido son los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca El contenido del oficio SEMAEDESO/SP/SCCRNB/DCCDS/DCAVV/1126/2021, dictado por la autoridad responsable. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la omisión reclamada, pues así lo manifestó la responsable al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó a dicho comunicado deducidas del procedimiento administrativo 15/IPC/2019. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Las documentales en cita, tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena ." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" Los citados preceptos, en relación con la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación., Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, registro 245002, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De los dispositivos reproducidos, así como de la jurisprudencia invocada, se concluye que se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, cuando ésta resulta de alguna disposición de la ley de la materia; en tanto que del arábigo 217 del propio ordenamiento legal, se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las salas de la misma, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Atento a lo expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos y, los supuestos para que opere la causa de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la presencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Es aplicable a lo precedente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232011, que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, lo supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En la inteligencia que, para establecer la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, no importa que exista la necesidad de fijar los alcances del acto que se considera consentido, a fin de determinar si el reclamado es o no consecuencia del mismo, puesto que aquélla supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídicos, para estar en posibilidad de determinar si los combatidos son o no consecuencia de los que se expresan consentidos, ya que de lo contrario, nunca operaría. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Volumen CXXXI, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, registro 265101, que indica: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." Ahora, para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que exista, y que se produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En el entendido que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las proposiciones siguientes: 1. Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con el mismo, o bien, media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 2. Será tácito el consentimiento, cuando no se impugna a través del medio ordinario de defensa, o bien, por la acción de amparo y dentro de los plazos que se conceden para ello. En tanto que, las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido son, precisamente, la existencia de uno anterior que se haya tolerado y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora bien, en el caso sujeto a estudio se pone de manifiesto que se actualiza la segunda de las hipótesis descritas; es así porque de las constancias que integran el sumario, mismas que como quedó especificado tienen el carácter de instrumental de actuaciones con valor probatorio pleno, se evidencia lo siguiente: ? Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil diecinueve, ante la oficialía de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Nancy Facio Jiménez, en su carácter de representante legal de la empresa denominada Verificación Ambiental Antequera sociedad anónima de capital variable, conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca y su reglamento, promovió inconformidad contra el fallo contenido en el oficio IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018/03, por el que se desechó su propuesta para obtener la autorización de establecer y operar como unidad de verificación vehicular, al estimar ilegal la convocatoria respectiva. ? El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite su inconformidad, por la subsecretaría de responsabilidades administrativas y anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, radicándose bajo la partida 15/IPC/2019. ? En virtud que la citada promovente manifestó que se determinó procedente la convocatoria abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, para operar la unidad de verificación vehicular SEMAEDESO/UVSP a favor de Rubén Constantino Díaz Romero, sin que éste reuniera los requisitos establecidos para ello, mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictado en el citado procedimiento de inconformidad, se ordenó llamarlo como tercero interesado, corriéndole traslado con las documentales exhibidas por la inconforme, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes a su legal notificación, compareciera a hacer valer sus derechos y defensas. ? La diligencia de emplazamiento se llevó a cabo el veinticinco de junio de dos mil diecinueve y mediante escrito presentado el veintiocho siguiente, el ahora quejoso compareció a esa instancia a manifestar sus derechos y defensas; por ello, en proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, se le dio la intervención que legalmente procede. ? En auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó correr traslado en similares términos a las demás empresas participantes y adjudicadas de la convocatoria abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, a fin que comparecieran a hacer valer sus derechos y defensas. ? Seguido que fue el procedimiento respectivo, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró la nulidad de la totalidad del procedimiento de invitación pública estatal de la convocatoria por invitación abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, para que emitiera nueve convocatoria para otorgar las concesiones relativas a las unidades de verificación vehicular, determinándose que todos y cada uno de los contratos, convenios, autorizaciones o licencias otorgadas para el funcionamiento y /o explotación de las concesiones derivadas de tal convocatoria, se dejen sin efectos. ? Así también, que las verificaciones o actos administrativos derivados de las concesiones tramitados o emitidos durante la vigencia de las concesiones materia de esa resolución respecto del servicio de vereficentros, quedan subsistentes con la validez que la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, en su ámbito de competencia establezca. ? Lo anterior, en los términos que enseguida se insertan: ? Resolución que se notificó a Rubén Constantino Díaz Romero, el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el domicilio que señaló para tal efecto. ? En contra de esa determinación el hoy quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que se mandó tramitar en auto de seis de enero de dos mil veinte, que se radicó ante la subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, bajo la partida 1/2020; sin embargo, ante el desistimiento ratificado de los recurrentes, en auto de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento del mismo. ? Ante dichas circunstancias, el cinco de agosto de dos mil veinte, se declaró firme la resolución de inconformidad y se requirió al secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, el cumplimiento de la misma. ? En acato a lo anterior, el uno de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria de Mediante, Energías y Desarrollo Sustentable, emitió el oficio SEMAEDESO/SP/SCCRNB/DCCDS/DCAVV/1126/2021, en el que hizo saber que los centros de verificación a los que se les otorgó concesión derivada del procedimiento de invitación pública estatal de la convocatoria por invitación abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, ya no seguirían prestando el servicio de verificación vehicular a partir del dos de julio de dos mil veintiuno. ? Así también, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, y en acato a la sentencia dictada en el expediente 15/IPC/2019, se emitió la convocatoria SEMAEDESO/SCCRNB/DCCDS/DCAVV/2020, y el diecinueve siguiente otorgó las concesiones de mérito. En ese sentido, si el acto reclamado por la parte quejosa, es el oficio SEMAEDESO/SP/SCCRNB/ DCAVV/1126/2021, de uno de julio de dos mil veintiuno, por el cual, la Secretaria de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, hizo saber a los centros de verificación a los que se les otorgó concesión derivada del procedimiento de invitación pública estatal de la convocatoria por invitación abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho -entre los que se encuentra el impetrante-, que ya no seguirían prestando el servicio de verificación vehicular a partir del dos de julio de dos mil veintiuno. Luego, si esa determinación se emitió en acato a la sentencia dictada en el procedimiento de inconformidad 15/IPC/2019, donde el quejoso tuvo intervención como tercero interesado y que se le hizo saber mediante la notificación de tres de diciembre de dos mil diecinueve; es inconcuso que es una consecuencia directa y necesaria de dicho fallo. Empero, como el hoy quejoso no se inconformó en contra de dicho fallo, es evidente que fue consentido por éste, pues a pesar que se le notificó su contenido, decidió desistirse del recurso que interpuso en su contra y no promovió algún otro medio de defensa, como tampoco lo señaló como acto reclamado en esta instancia. En ese sentido, es evidente que el oficio reclamado no es más que una consecuencia directa y necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, ya que la inconstitucionalidad de éste último acto, se hace depender del acto de ordenamiento en el que se especificó claramente que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, en el plazo de quince días posteriores al dictado de ese fallo, debía dejar sin efectos cada uno de los contratos, convenios, autorizaciones o licencias otorgados para el funcionamiento y /o explotación de las concesiones otorgadas y derivadas de la convocatoria por invitación abierta Estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que debía analizarse también la legalidad de esa determinación, precisamente por ser en esa actuación cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del justiciable. Por tanto, si el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son, sino una consecuencia legal necesaria de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad; y en el caso - como se dijo- el quejoso consintió la resolución en la que se declaró la nulidad de la totalidad del procedimiento de invitación pública estatal de la convocatoria por invitación abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, para que emitiera nueve convocatoria para otorgar las concesiones relativas a las unidades de verificación vehicular, determinándose que todos y cada uno de los contratos, convenios, autorizaciones o licencias otorgadas para el funcionamiento y /o explotación de las concesiones derivadas de tal convocatoria, se dejen sin efectos y que las verificaciones o actos administrativos derivados de las concesiones tramitados o emitidos durante la vigencia de las concesiones materia de esa resolución respecto del servicio de vereficentros, quedan subsistentes con la validez que la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, en su ámbito de competencia establezca Entonces, es inconcuso que el diverso acto que se analiza y que se emitió en estricto acato a dicho fallo, constituye una consecuencia de aquél. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, de mayo de 1996, página 582, registro 202345, la cual se cita: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Como resultado de lo anterior, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. No pasa inadvertido para este juzgador, que el quejoso intenta señalar como hecho novedoso en el acto que reclama, la fecha de conclusión de funciones de los centros de verificación cuya nulidad se decretó; pues es evidente que la misma, se encuentra inserta en la resolución que consintió, en la que claramente se especificó que se otorgaba un plazo de quince días a la autoridad competente para que dejara sin efecto, los contratos, convenios, autorizaciones o licencias otorgadas para la explotación de las concesiones derivadas de la multicitada convocatoria por invitación abierta estatal IAE/SEMAEDESO/CCDS/01-2018, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, entre las que se encuentra la del quejoso en esta instancia y que no fue combatida por éste. De ahí que se actualice la improcedencia de mérito. En mérito de lo expuesto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, con apoyo en el criterio sustentado en la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia: Común, Página: 335, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por promovido por ***, contra el oficio SEMAEDESO/SP/SCCRNB/DCCDS/DCAVV/1126/2021 reclamado al Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDO)
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