Ruben Chávez Vera
Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ruben Chávez Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, devuélvanse a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, los tomos de pruebas que remitió como sustento de su informe justificado, en razón de que es innecesario que continúen a disposición de este juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. NOTIFICACIÓN QUE SE REALIZA CONFORME A LO ORDENADO POR AUTO DE 29 DE ENERO 2021
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, devuélvanse a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, los tomos de pruebas que remitió como sustento de su informe justificado, en razón de que es innecesario que continúen a disposición de este juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 49/2021 RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiséis de enero de dos mil veintiuno y recibido el veintiocho siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, Rubén Chávez Vera, por su propio derechno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autorices y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Delegado del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS De la ordenadora. La instrucción a la ejecutora para realizar las anotaciones preventivas de los embargos realizados mediante oficios números 141, de fecha 14 de mayo de 2012 y 459/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, mismos que reportan embargo por la cantidad de $5'591,857.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), deducido del juicio ordinario civil, con número de expediente 09-3/2004; promovido por Arturo Espinosa de los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, S.A. de C.V. y embargo por la cantidad de $22'223,398.75 (VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.), como consecuencia del juicio ordinario civil, número de expediente 09-3/2004, promovido por Arturo Espinosa de los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, S.A. de C.V., sobre el Folio Registral Electrónico número 92007, que ampara la FRACCIÓN DE TERRENO CONOCIDA COMO FRACCIONAMIENTO TRES VIDAS EN TRES VIDAS EN LA PLAYA, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, RESPECTO A LOTE 11 MANZANA 2 CONDOMINIO TRES VIDAS. De la ejecutora. La anotación preventiva de los embargos realizados mediante oficios números 141, de fecha 14 de mayo de 2012 y 459/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, mismos que reportan embargo por la cantidad de $5'591,857.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), deducido del juicio ordinario civil, con número de expediente 09-3/2004; promovido por Arturo Espinosa de los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, S.A. de C.V. y embargo por la cantidad de $22'223,398.75 (VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.), como consecuencia del juicio ordinario civil, número de expediente 09-3/2004, promovido por Arturo Espinosa de los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, S.A. de C.V., sobre el Folio Registral Electrónico número 92007". SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el número 49/2021, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió dada la suspensión de plazos con motivo de la contingencia sanitaria; una vez que se reanudaron, se ordenó la notificación del inicio de este juicio al tercero interesado, se fijó nueva fecha para el verificativo de la referida audiencia, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio del orden civil en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño natural, y que se tramita ante autoridad judicial con sede dentro de la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a hacer la precisión de los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en que se actúa. De ese análisis, se obtiene que, el objeto de estudio en este asunto lo constituye: Los acuerdos de once de mayo de dos mil doce y de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictados por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil y Oralidad Mercantil, del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 09-3/2004, promovido por Arturo Espinoza De los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, sociedad anónima de capital variable, en los que se ordena la inscripción del embargo trabado en diligencias de dos de mayo de dos mil doce y de catorce del mes último citado, en el folio registral electrónico 92007, relativo al inmueble ubicado "FRACCIÓN DE TERRENO CONOCIDA COMO FRACCIONAMIENTO TRES VIDAS EN TRES VIDAS EN LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, RESPECTO A LOTE 11 MANZ. 2 COND. TRES VIDAS"; de los cuales derivaron los oficios 141 y 459/2019 dirigidos al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Así como el cumplimiento de dicha orden, atribuido al citado delegado. TERCERO. Certeza del acto Es cierto el acto reclamado a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tabares Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado y dada la omisión en que incurrió el Delegado en Acapulco del Registro Público de la Propiedad y del Estado de Guerrero; lo que además, se corrobora de las actuaciones procesales del juicio ordinario civil 09-3/2004, que en copia certificada remitió la primera de las autoridades, como justificación a su informe; documental, que, dada su naturaleza de documento público tiene pleno valor probatorio, de conformidad con dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se advierte, la existencia de las ordenes de inscripción de embargo reclamadas. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgado de Distrito debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo al constituir una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; antes, se precisan los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales derivan del juicio ordinario civil 09/3-2004, valorado en el considerando anterior. I. Antecedentes. De las actuaciones remitidas por la juez responsable como justificación a su informe, se obtiene que: 1. El catorce de enero de dos mil cuatro, se admitió la demanda promovida por Arturo Espinoza De los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, sociedad anónima de capital variable, la cual quedó radicada bajo el número 09-3/2014, relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa; data en la que se ordenó el emplazamiento a juicio de la demandada, así como la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad (foja 58. Tomo I). 2. El veintidós siguiente se verificó la diligencia de emplazamiento (foja 77. Tomo I); y el nueve de febrero de dos mil cuatro, se tuvo a dicha parte procesal dando contestación a la demanda instaurada en su contra (foja 130. Tomo I). 3. Seguido el procedimiento en sus etapas, el veintiocho de mayo de dos mil ocho, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró judicialmente rescindido el contrato de compraventa de ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, así como el de modificación de quince de noviembre siguiente, respecto del inmueble materia de litis; se condenó a la demandada a restituir a su contraparte la cantidad de $194,298.74 (ciento noventa y cuatro mil doscientos noventa y ocho punto sustenta y cuatro dólares americanos), más el pago de los intereses legales a razón del 12% (doce por ciento) anual, a partir de la fecha de que le fue entregado; al pago de gastos y costas originados en ese juicio y se le concedió un término de cinco días siguientes a aquél en que cause ejecutoria para que cumpla con las prestaciones a que fue condenada (foja 1050-1164. Tomo II) 4. Esa determinación, fue modificada el tres de octubre de dos mil ocho, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, que dieron origen al Toca Civil 467/2008; en la cual, condenó a Residencial Tres Vidas, sociedad anónima de capital variable al pago de daños y perjuicios reclamados por Arturo Espinoza De los Monteros a cuantificarse en ejecución de sentencia; dejó intocados los resolutivos del primero al noveno de la resolución recurrida; y, condenó al pago de costas en ambas instancias a la persona moral arriba anotada (foja 1216-1262. Tomo II) 5. El dos de junio de dos mil diez, se requirió a la parte demandada el cumplimiento voluntario de la sentencia (foja 1269. Tomo II); al no hacerlo, el ocho de noviembre de dos mil once, se decretó la ejecución forzosa de lo sentenciado (foja 1277-1278. Tomo III) y en diligencia de dos de mayo de dos mil doce, se requirió el pago de lo condenado y en la cual, se trabó formal embargo sobre "las unidades privativas del Condominio Residencial Tres Vidas identificadas como Lotes nueve, once y trece de la manzana cinco ubicadas en el Fraccionamiento Tres Vidas, en Tres Vidas en la Playa, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, lotes todos que se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, en el folio registral Electrónico número 92007". 6. El once del mes último citado, se ordenó girar el oficio 141 a la autoridad registral en esta ciudad, para la inscripción del embargo del bien inmueble arriba anotado (foja 1382-1383. Tomo III); inscripción que subsistió en los términos señalados y por los motivos expuestos en acuerdo de nueve de julio de dos mil quince (foja 1842. Tomo III). 7. El once de marzo de dos mil diecinueve, se decretó auto de ejecución con fuerza de mandamiento por la cantidad de $22'223,398.78 (veintidós millones doscientos veintitrés mil trescientos noventa y ocho pesos 75/100 moneda nacional) (foja 2043-2046. Tomo IV); en diligencia de catorce de ese mes, se trabó formal embargo de "los lotes 4 y 7, del Subcondominio Conjunto Residencial la Península, constituido en el lote Condominal F. del Condominio Residencial Tres Vidas, construido en la fracción de terreno conocida, como fraccionamiento Tres Vidas en la Playa, del Municipio de Acapulco de Juárez, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado en el folio electrónico 155096, matriz MDLIV, del Distrito de Tabares, así como los lotes números a de la Manzana I, 9 de la Manzana II, II de la manzana II, 13 de la Manzana II, 13 de la Manzana V, 14 de la Manzana V, 10 de la Manzana XIV, 22 de la Manzana XIV, 15 de la Manzana XIV y 17 de la Manzana XIV, todos estos últimos lotes del condominio Residencial Tres Vidas, Constituido en la fracción de terreno conocida como fraccionamiento Tres Vidas en Tres Vidas La Playa, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en el folio registral electrónico 92007." (foja 2056-2058. Tomo IV). 8. El quince de ese mes, se ordenó girar el oficio 459/2019 a la autoridad registral en esta ciudad, para la inscripción del embargo del bien inmueble arriba anotado (foja 2065-2063. Tomo IV). II. Calidad con la que el quejoso acude a esta instancia y causa generadora. Sobre el particular, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, prevé: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ." El numeral antes citado prevé uno de los requisitos de procedencia del juicio de amparo indirecto, que lo es, que aquél será procedente contra actos emitidos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió qué se entiende como persona extraña a juicio en la jurisprudencia número 7/98 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De este criterio se desprende la siguiente clasificación. 1. Tercero extraño en stricto sensu; y 2. Por equiparación. En relación con el primero de ellos, se ubicó en este supuesto a aquella persona física o moral, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, opuesta a la parte procesal; y en el segundo, a aquél sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado a juicio para contestar la demanda y no se apersonó de modo alguno al mismo. Conforme con lo expuesto, se tiene que el peticionario de amparo, acude esta instancia en su carácter de tercero extraño y como causa generadora del derecho que defiende y afirma le fue transgredido por el acto reclamado, exhibe el original del contrato de compraventa con reserva de dominio - original- que celebró -como comprador-, el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con la parte demandada en el juicio natural, representada por Sara del Socorro Almeida Estrada y Alberto Santos de Hoyos, como parte vendedora, respecto del inmueble identificado como "lote 11 (Once) Manzana 2 (Dos) con una superficie de 2,169.256 m2, (Dos mil ciento sesenta y nueve metros cuadrados punto doscientos cincuenta y seis milésimas de metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE E 32.717 METROS Y COLINDA CON CALLE JACARANDAS. AL ESTE EN 62.026 METROS Y COLINDA CON LOTE 12. AL OESTE EN 70.580 METROS Y COLINDA CON LOTE 10. AL SURESTE EN 33.817 METROS Y COLINDA CON HOYO 16". De lo hasta aquí anotado, se concluye sin duda alguna, el quejoso se ubica en el primero de los supuestos al no ser parte material ni formal en el juicio ordinario civil de rescisión de contrato promovido por Arturo Espinoza De los Monteros, en contra de Residencial Tres Vidas, sociedad anónima de capital variable y con tal carácter acude a esta instancia constitucional en defensa del derecho que refiere le ha sido transgredido con la orden de inscripción del embargo reclamada, el cual deriva del contrato de compraventa que celebró con la parte demandada respecto del bien embargado. Dentro de este marco, este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. III. Marco normativo. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o. de su Ley Reglamentaria, establecen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Las citadas disposiciones establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo; el de instancia de parte agraviada, el cual instituye que, solo puede solicitar la protección constitucional la persona - y no otra diversa- a la que como titular de un derecho legítimamente tutelado le ha sido vulnerado por una ley, un tratado internacional, reglamento o cualquier acto de autoridad que se reclame. Además, para que proceda la acción de amparo, cuando el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, el promovente debe acreditar que es titular de ese derecho que refiere le ha sido transgredido, lo cual constituye el interés jurídico, cuya ausencia como se mencionó anteriormente provoca la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, el cual en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La Jurisprudencia número P./J.I/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la posesión protegida por la Constitución no es otra que la definida por el derecho común, por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesario la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonadamente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Para tal fin, como se adelantó, la parte quejosa exhibió el original del contrato de compraventa con reserva de dominio que celebró en su calidad de comprador con la parte demandada en el juicio de origen, como vendedora; sin embargo, tal documental no es apta para acreditar la posesión jurídica del bien defendido pues carece de fecha cierta y en consecuencia es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico que aduce tener respecto del bien inmueble materia del amparo en su calidad de propietario, dado que por tratarse de un documento privado sólo surte efectos entre los contratantes, pero de modo alguno, para acreditar la posesión jurídica del bien que en el mismo se consigna. La fecha cierta la adquiere un documento cuando se realiza alguna de las siguientes hipótesis: a) A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. b) Desde la fecha en que el documento se presente ante un fedatario público, ya que por las funciones de su oficio da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado y, finalmente; c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. En el caso, ninguno de los supuestos se actualiza. Si bien, se pactó en la cláusula NOVENA. "DE LA FORMALIDAD", que "Ambas partes aceptan que el presente Contrato de Compraventa, se elevará a Escritura Pública en un plazo no mayor a 3 (tres) meses a partir de que "LA COMPRADORA" haya cubierto la totalidad de sus obligaciones con "LA VENDEDORA", ante la fe del Licenciado Sergio Fidel Olvera de la Cruz, Notario Público No. 15 o del Notario de su preferencia con ejercicio en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, sin que esto modifique el plazo. Para lo anterior, ambas partes quedan obligadas a proporcionar ante dicha Notaría Pública en un plazo mayor de 15 días hábiles anticipados a la fecha de escrituración de este contrato, toda la documentación necesaria para que dicho fedatario puede asentar en su protocolo la escritura correspondiente dentro del plazo establecido en las clausulas anteriores" Ésta no pudo materializarse, pues una vez solicitada la elaboración de la escritura relativa, el Notario número 16, del Distrito Notarial de Tabares informó al peticionario de amparo que debido al embargo reportado sobre el bien descrito en el contrato de compraventa, por la cantidad de $22'223,398.75 (veintidós millones doscientos veintitrés mil trescientos noventa y ocho pesos 75/100 moneda nacional) no era posible continuar con los trámites de elaboración del proyecto relativo. Sin que esa circunstancia, es decir, la sola presentación del contrato ante notario y la cancelación del trámite para la elaboración del proyecto de escritura de compraventa, le otorgue fecha cierta; pues no es condición su protocolización para que adquiera fecha cierta, ya que bastaría que en el contrato de compraventa obre una certificación, en el sentido de que la copia respectiva "es fiel reproducción de su original" para que aquello se materialice, lo que tampoco aconteció. Lo anterior, encuentra justificación porque los documentos privados podrán ser llevados ante un notario público, que obra en razón de su oficio, ya sea para su certificación o para ratificar en su presencia el acto jurídico que en aquél se contenga; en el primer caso, tal certificación sólo otorga la certeza de que el documento se presentó ante la fe pública para que, a partir de ese momento, adquiera certeza de su fecha, por cuanto es indiscutible que se contrae a un hecho del que da fe el notario, cuya cuestión es distinta de si los firmantes autentificaran ante el fedatario un contrato como si ratificaran en su presencia el acto jurídico que en él se contenga, como acontece en el segundo de los supuestos. Así, aunque aquel documento se refiere a una mera certificación de una copia con su original, como se adelantó, basta esa anotación o constancia notarial en el sentido de que la copia respectiva "es fiel reproducción de su original" para que tenga fecha cierta, lo que es independiente de la autenticidad del acto contenido en él, en orden con su naturaleza jurídica, momento en que se actualiza el segundo de los supuestos. Consecuentemente, la referida certificación sí le otorga el carácter de un documento de fecha cierta, pero no trasciende a la veracidad del acto o contrato privado de compraventa que no haya sido ratificado por sus celebrantes, pues para ello habrá de realizarse esa ratificación ante un funcionario público autorizado, para su validez y eficacia plena, en el caso, en términos de la cláusula novena del contrato. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 259, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable". En tal virtud, al carecer de valor probatorio el documento aportado por la quejosa para acreditar su interés jurídico, lo procedente, es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por quedar plenamente evidenciada la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 61 de dicho cuerpo normativo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 49/2021. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de junio de dos mil veintiuno, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretario que autoriza. Doy fe. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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