Ruben Celestino Portillo Mijangos
Expediente 280/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruben Celestino Portillo Mijangos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA II "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se sobreseyó el presente juicio (fojas 35 a 36); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente y el original del incidente de suspensión serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia certificada para el original del cuaderno del incidente de suspensión..."
- Principal
MESA II "... SE RESULVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS..."
- Principal
MESA II "... Agréguese el escrito del quejoso RUBÉN CELESTINO PORTILLO MIJANGOS; visto su contenido, como lo solicita, se tiene como su autorizado a la persona que nombra, en los términos que señala. En atención a la solicitud de permitirle el empleo de medios electrónicos para imponerse de los autos; dígasele que se esté a lo acordado en auto inicial (fojas 7 a 10). Por otra parte, glósese el oficio del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes.."
- Principal
MESA VIII "... Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por medio del cual hace del conocimiento a este Juzgado que no acepta la competencia declinada por este Juzgado, para conocer de la demanda de garantías promovida por GABRIEL FUENTES CRUZ, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Acúsese de recibo Ello, ya que a su consideración la interlocutoria de diez de junio de dos mil quince, que resolvió el incidente de liquidación de incrementos laborales, en el expediente 163/2002 de la Junta responsable, carece de ejecución. Por tanto, con fundamento en los numerales 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en mención. Lo anterior, en virtud de que, como se expuso en la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciséis: "..El el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, la parte quejosa reclama la resolución incidental de liquidación de diez de junio de dos mil quince, emitida en el expediente laboral D-163/2002. Así, en principio podría parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de amparo, solo la resolución emitida por la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, que cuantifica las prestaciones materia de condena del laudo a cargo de "PETRÓLEOS MEXICANOS" y "PEMEX REFINACIÓN" tercero interesado, no podría tener una ejecución material, al no ordenarse en la propia determinación su cristalización; empero, lo cierto, es que de ninguna manera se trata de una resolución declarativa, ya que sí resulta ejecutable, en la medida que en el fallo se determina, la cantidad precisa que el demandado deberá pagar por el crédito laboral. Por lo que, se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material. Además, constituye un acto susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin ejecutar la condena laboral, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. Sustenta lo expuesto, las consideraciones que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de donde deriva la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página: 606, Registro: 168187, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Asimismo, sobre la factibilidad de suspender mediante el juicio de amparo, la ejecución de una resolución incidental de liquidación de laudo, se cita por ilustrativa la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Página: 5, Materia(s): Común, Registro: 2008219, cuyo rubro y texto dicen: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Sentado lo anterior, el contenido de la resolución reclamada pone de relieve que la misma tendrá ejecución en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, por ser el lugar donde tiene su residencia PETRÓLEOS MEXICANOS" y "PEMEX REFINACIÓN" demandado (aquí tercero interesado). Ello, porque de acuerdo al artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo, siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, como acontece en la especie, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo; que en este último caso, es el Juez Civil de Salina Cruz, Oaxaca. Robustece lo expuesto, la tesis aislada XIX. 2º. P. T. 9 L (10ª), por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, página 2299, con registro 2005662, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." No es óbice que la resolución reclamada carezca de requerimiento de pago y ejecución, incluso que no se encuentren señaladas autoridades responsables ejecutoras residentes en Salina Cruz, Oaxaca, ni se hayan reclamado los efectos y consecuencias de la resolución de liquidación, ya que, como se expuso, la resolución impugnada es ejecutiva, pues está obligando a que una de las partes del juicio laboral pague el crédito laboral; obligación que necesariamente es ejecutable en la residencia de PETRÓLEOS MEXICANOS" y "PEMEX REFINACIÓN" tercero interesado, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa. Además, el precepto 37 de la Ley de Amparo, es imperativo al señalar la competencia en el lugar que deberá ejecutarse el acto reclamado, con independencia de que se señalen o no como actos reclamados los relativos a la ejecución y la autoridad correspondiente que los llevará a cabo; de modo tal, que al ser en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, donde tendrá ejecución, es inconcuso que este juzgador carece de competencia legal para el conocimiento y resolución del juicio de amparo. A mayor abundamiento, dentro de las constancias del sumario de origen no existe actuación alguna de ejecución realizada en la circunscripción territorial de este juzgado, que lleve a concluir que la ejecución de la resolución reclamada, también tendría ejecución en la jurisdicción de este juzgado y como tal diera competencia para el conocimiento del juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2228, del tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que esta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Máxime, que la ejecución de la resolución reclamada se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material (caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna conforme el párrafo tercero) y el que si la requiere, cuando está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Sustenta lo expuesto la tesis aislada emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima Parte, Página: 88, Materia(s): Común, Registro: 245025, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Por lo anterior, dado que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, no aceptó la competencia declinada, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase los autos del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que resuelva a qué Juzgado de Distrito corresponde el conocimiento de la demanda de garantías promovida por GABRIEL FUENTES CRUZ, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Finalmente, comuníquese lo anterior al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias para la comprensión del asunto y datos relacionados a comunicaciones procesales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. CONSTE.)
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