Rubén Castro Rodríguez

Expediente 1278/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1278/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Rubén Castro Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    7.- DESAHOGO DE PREVENCIÓN .. a través de su abogado patrono .., desahoga la prevención efectuada en fecha catorce de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, se provee en relación con la demanda de amparo. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, .. RADICACIÓN Regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1278/2023-VII. En consecuencia, fórmese el expediente electrónico e intégrese físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. CONSIDERACIONES PREVIAS De las manifestaciones que formuló .., a través de su abogado patrono .. en su escrito de demanda, así como en el presente escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad se advierte: Que el juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y pago de rentas .., del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, se encuentra en etapa de ejecución, toda vez que en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Que le asiste el carácter de parte formal y material, toda vez que es parte demandada en el citado juicio de origen, al cual compareció. Lo anterior, constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ..DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO (CESACIÓN POR SUSTITUCIÓN PROCESAL). Este juzgado de Distrito, considera que en relación con los actos reclamados del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y pago de rentas 796/2018, de su índice, a través del cual ordenó la entrega material del inmueble ubicado en tres mil quinientos catorce, Ruta Quetzalcóatl y/o Recta Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Puebla; y, del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, consistente en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del exhorto 4731/2023, de su índice, a través del cual radicó dicha comunicación oficial y ordenó turnar los autos para ejecutar el auto de veinticinco de abril del presente año, antes mencionado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presentan en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte promovente en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Esto, tomando en consideración la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos que contempla el antes referido numeral: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. .. De este modo, se precisa que los efectos de los actos reclamados en estudio han sido sustituidos procesalmente por la diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, relativa al exhorto 4731/2023, de su índice, a través de la cual ejecutó el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y pago de rentas 796/2018, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, relativo a la entrega material del inmueble ubicado en tres mil quinientos catorce, Ruta Quetzalcóatl y/o Recta Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en favor de Evaristo Teodoro Ramírez Alberto. Esto es así, debido a que si la parte quejosa reclama del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y pago de rentas 796/2018, de su índice, a través del cual ordenó la entrega material del inmueble ubicado en tres mil quinientos catorce, Ruta Quetzalcóatl y/o Recta Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Puebla; y, del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla: el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del exhorto 4731/2023, de su índice, a través del cual radicó dicha comunicación oficial y ordenó turnar los autos para ejecutar el auto de veinticinco de abril del presente año, antes mencionado, resulta evidente que la ejecución de dichos proveídos, a través de la diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, ha sustituido procesalmente dichos autos. Lo anterior, toda vez que la actuación que ahora le causa un perjuicio es la ejecución de las ordenes efectuadas, pues los proveídos de veinticinco de abril de dos mil veintitrés y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, antes descritos, ordenaron la entrega material del inmueble ubicado en tres mil quinientos catorce, Ruta Quetzalcóatl y/o Recta Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, lo cual tuvo verificativo a través de la referida diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, de ahí que dicha actuación haya sustituido procesalmente a los autos referidos, con lo cual los efectos de dichos acuerdos han cesado. ... En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, antes precisados, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento legal. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO (DEFINITIVIDAD). Por otra parte, en relación con el acto reclamado del Diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, consistente en la diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, relativa al exhorto 4731/2023, de su índice, a través de la cual ejecutó el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y pago de rentas 796/2018, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, relativo a la entrega material del inmueble ubicado en tres mil quinientos catorce, Ruta Quetzalcóatl y/o Recta Cholula, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en favor de Evaristo Teodoro Ramírez Alberto, este juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Así, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; es decir, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a.- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal. b.- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c.- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d.- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. .. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie se actualiza la causa de improcedencia, al reunirse sus elementos: A.- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal. Los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, es decir, del Diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. B.- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. En la especie, el numeral 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establece: Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; [.] De lo anterior deriva que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en su numeral 74, contempla el "incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado", establecido con el fin de controvertir las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro de un procedimiento y cuyo resultado puede ser el de nulificar la actuación que se considera incorrecta. Así las cosas, se tiene que la diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, del Diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, es susceptible de impugnarse a través del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado previsto en el precepto 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Por tanto, la parte quejosa debió promover dicho incidente antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, sin que lo haya hecho, máxime que no se actualiza ninguno de los supuesto de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. .. C.- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. El incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado se substancia en el procedimiento respectivo, conforme del artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. D.- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. La resolución que se emita en el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado tiene por objeto dejar sin efectos las actuaciones que se consideren indebidas, conforme al numeral 74 de la Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. No existen excepciones al principio de definitividad. Además, en el presente asunto no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que contempla el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza del acto reclamado: I.- No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II.- Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; III.- La parte quejosa no es una persona extraña al procedimiento, toda vez que le asiste el carácter de parte formal y material dentro del juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y pago de rentas 796/2018, del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, al cual ha comparecido, como se relató en párrafos que anteceden. A mayor abundamiento, la parte quejosa tiene la posibilidad de acudir al juicio de origen a interponer los recursos y medios ordianrios de defensa, previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, para combatir la referida actuación que atribuye al Diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. IV.- La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del medio de defensa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por cuanto hace al acto que reclama del Diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia examinadas, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Y AUTORIZADOS. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones y, de la misma forma, solicita que las notificaciones se le realicen vía electrónica, mediante el usuario .. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes para que la parte aludida esté en condiciones de notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que ameriten ser de carácter personal, en término de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Domicilio convencional. Sin que haya lugar a tener como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que cita el promovente, debido a que autorizó expresamente que se le hicieran las notificaciones electrónicas. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado(s) en amplios términos a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente,..se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa. ..

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sentencia. Con fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ".Deje sin efectos la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación ******************** y emita otra en la que adminicule todas las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, en específico tanto el dictamen médico que se adjuntó a la demandada de procedimiento de interdicción con las opiniones del médico legista adscrito al Juzgado Mixto en Materia Civil y Penal del Distrito de Tlatlauquitepec, Puebla a fin de robustecerlos y emita otra con libertad de jurisdicción en la que se tome en consideración que respecto de quien se solicita la declaratoria de interdicción es una adulta mayor de ochenta u seis años de edad." Ejecutoria. La sentencia se declaró ejecutoriada el catorce de junio de dos mil veintitrés y, en esa misma fecha, mediante oficios 17087 y 17088, se requirió a la autoridad responsable cumplieran con la ejecutoria. Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, manifestó mediante oficio recibido en este juzgado de Distrito en fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y adjuntó al mismo copia certificada de diversas constancias dictadas en el toca de apelación ********************, de su índice, de las que se advierte que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de dicho toca de apelación; y, emitió otra, con libertad de jurisdicción, en la cual adminculó las pruebas ofrecidas en el juicio de origen y consideró que la solicitante de la declaratoria de interdicción es una adulta mayor, en los términos apuntados en la sentencia de amparo. Vista Con lo anterior se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Desahogo Las partes no desahogan la vista. Valoración Este juzgado federal encuentra que la autoridad responsable satisfizo los efectos del fallo protector, en virtud de que dejó sin efectos la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de dicho toca de apelación; y, emitió otra, con libertad de jurisdicción, en la cual adminculó las pruebas ofrecidas en el juicio de origen y consideró que la solicitante de la declaratoria de interdicción es una adulta mayor, en los términos apuntados en la sentencia de amparo. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Inconformidad. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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