Rubén Carrillo Ramírez
Expediente 685/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rubén Carrillo Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Por lo expuesto y fundando, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
Del estado que guardan los autos se advierte que está programada para este día la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, se desprende que hasta el veintiséis de los actuales quedó debidamente emplazado el tercero interesado Juan Diego Sánchez Salazar, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que se imponga del contenido de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Por tanto, con sustento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fija las once horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año en curso para su celebración.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada Ariana Espinoza Trapero y Juan Diego Sánchez Salazar. Agréguese el escrito signado por el quejoso Rubén Carrillo Ramírez, por medio del cual pretende ampliar su demanda de amparo y señala como nuevo acto reclamado el acuerdo de veinte de agosto del año en curso, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, dentro de la causa penal 18/2018, en el cual se proveyó la promoción que presentó el uno del citado mes y año, motivo del presente asunto. En el caso, resulta incuestionable que la ampliación de demanda debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [...]". De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En este orden de ideas, la parte quejosa debió agotar, previo a ampliar la de demanda, el recurso de revocación a que hace referencia el artículo 375 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, para evidenciar lo anterior resulta necesario transcribir dicho precepto: 375. El recurso de revocación procede contra decretos y autos no apelables, excepto aquellos que no admiten recurso alguno. El recurso se interpondrá en el acto de la notificación, o al día siguiente hábil expresándose los motivos de inconformidad. De lo anterior, se desprende que se podrá interponer el recurso de revocación en contra de los autos que no fuesen apelables, lo que en el caso acontece, en razón de que el acto reclamado que se pretende es la respuesta a la pretensión del quejoso, por lo cual, queda excluido de ser susceptible de apelación, tal como lo establece el numeral 382 de la citada legislación procesal, que textualmente dice. 382. Son apelables: I. Las sentencias definitivas, salvo los casos en que la ley expresamente determine lo contrario; II. Los autos: de ratificación, de formal prisión, de libertad por falta de elementos para procesar, el que conceda o niegue el sobreseimiento, el que mande cerrar la instrucción y el que conceda o niegue el sobreseimiento, salvo que la concesión obedezca a petición del Ministerio Público; III. Los que concedan o nieguen la acumulación cuando los procesos se conozcan por el mismo Tribunal y los que decreten la separación de procesos; y IV. Todos aquellos en que este Código conceda expresamente el recurso. Ahora bien, la parte quejosa reclama, como ya se dijo, el auto de veinte de agosto del año en curso, en respuesta a la petición formulada el uno de agosto pasado en el que no acepta su pretensión. Por tanto, resulta evidente que el ahora quejoso, previamente a promover la ampliación de demanda en contra del auto que da respuesta a su petición, debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, esto es, debió combatir dicha determinación de la que se a duele, mediante el recurso de revocación, previsto por el numeral 375 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ya que a través de ese medio ordinario de defensa pudo dejar sin efectos dicha determinación. En las relacionadas condiciones, como el acto reclamado en esta vía constitucional, debía ser previamente impugnado mediante el recurso de revocación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, no ha lugar admitir la ampliación de demanda.
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