Ruben Carlos Flores Hernandez

Expediente 1504/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1504/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Ruben Carlos Flores Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Carlos Flores Hernández, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razonamiento expuesto en el último del presente fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no fueron rendidas con los ocho días de anticipación previo a la audiencia constitucional señalada para del día de hoy. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrar la misma y se difiere para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Se agrega el escrito signado por el licenciado Benito Hernández Pérez autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, amplía la demanda, señalando como autoridad responsable al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y señalando como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: La omisión del dar contestación al oficio 299 del 15 de junio del 2022, mediante el cual se ordena que realice la cuantificación y requerimiento para el pago de aportaciones patronales a favor del quejoso, en el sentido de que informe a cuanto hacienden las aportaciones omitidas del 16 de marzo del 2009 al 21 de octubre del 2019, tomando como base el salario mensual de $ 3,528.88 pesos." Al respecto, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, por las consideraciones siguientes: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 111, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: No hayan transcurrido los plazos para su presentación; Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.". El referido numeral señala que la demanda de amparo podrá ampliarse, cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. Que con independencia de lo anterior, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17, de la ley de la materia, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Ahora, la parte quejosa en su demanda inicial señala como actos reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión del presidente de la junta especial número uno, dentro del expediente 161/E01/2014, para ordenar la ejecución del laudo, mediante el requerimiento a la IPPSET, para que realice la cuantificación y requerimiento para el pago de aportaciones patronales a favor del quejoso, solicitada mediante escrito del 4 DE MAYO DEL 2022, así como el diverso acuerdo de fecha 15 de junio del 2022. mediante el cual se ordena requerir la IPSSET, para que informe a cuanto hacienden las aportaciones omitidas del 16 de marzo del 2009 al 21 de octubre del 2019, tomando como base el salario mensual de $3,528.88 pesos." De lo transcrito con antelación, en esencia la parte quejosa reclama la omisión de la Junta Responsable de ejecutar el laudo dictado dentro del expediente laboral 161/E01/2014, tomando las medidas necesarias para ello, requiriéndole al IPSSET a fin de que rinda información respecto a las cuotas omitidas adeudadas al actor. Por otra parte, el peticionario de amparo pretende ampliar la demanda de amparo, respecto del acto consistente en la omisión del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al oficio 299 del 15 de junio del 2022, mediante el cual se le requirió para que realice la cuantificación para el pago de aportaciones patronales a favor del quejoso, dentro del citado expediente laboral. En ese sentido, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda o su ampliación, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Los referidos artículos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.).". Del análisis conjunto de tales preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció -en esencia- que autoridad es aquélla que, con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, en principio, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, es posible advertir que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, esto es, sí se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable, actúe en un plano superior. Por tanto, el incumplimiento por parte de la autoridad requerida dentro del procedimiento de origen en el cual se le solicitó su coadyuvancia, no constituye un acto de autoridad para efectos del Juicio de Amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia. Bajo ese contexto, si bien el acto por el cual pretende ampliar deriva del juicio laboral 161/E01/2014, respecto la omisión por parte del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad a dar contestación al oficio 299 del 15 de junio del 2022, este no es considerado como autoridad responsable para el juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la función que desempeña dicha potestad es meramente auxiliar de la autoridad ordenadora (Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad), por lo que el carácter que le reviste es de un tercero incidental transitorio. Es decir, dada la naturaleza de su participación en el proceso (como auxiliar de la justicia), en el caso concreto no está emitiendo un acto de autoridad, sino sólo se le está solicitando que rinda un informe que solicita la autoridad responsable y por ende no se trata de un acto unilateral con las características de autoridad. De ahí que no le revista el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse previsto en la hipótesis que contempla el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, pues sus actuaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de la parte quejosa. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye -por ejemplo- los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Por lo expuesto, la tardanza u omisión del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para dar contestación al oficio 299 del 15 de junio del 2022, dentro del expediente laboral 161/E01/2014, no puede ser considerado como un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario y el diverso 113 del ordenamiento legal mencionado, SE DESECHA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA planteada, toda vez que, como se dijo, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, no es considerado como autoridad responsable para el juicio de amparo, pues se reitera, este únicamente funge como auxiliar en la administración de justicia. Finalmente, en lo que respecta al acceso solicitado al expediente electrónico con nombre de usuario "Benito-hdz", se le dice que se esté a lo acordado en el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que precisamente se concedió el acceso solicitado con el nombre de usuario proporcionado. Notifíquese electrónicamente al promovente.

  4. Principal

    Se agrega el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, remite copia certificada del oficio 299 de quince de junio de dos mil veintidós, dirigido al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se advierte que el mismo que cuenta con sello de recepción por parte de la autoridad destinataria; con las mismas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

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