Rubén Calvo Martínez

Expediente 1385/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1385/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Rubén Calvo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal. . . se declara que HA CAUSADO ESTADO. . . se ordena el archivo.

  2. Principal

    - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE ...

  3. Principal

    AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA, EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 08/10/2019, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 04/10/2019, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LAS DETERMINACIÓN(ES) DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: .- "Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que el citado Órgano, resolvió declinar competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento de la demanda promovida por RUBÉN CALVO MARTÍNEZ, y al efecto acompaña la demanda de amparo y sus anexos; en esa virtud, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto, en cumplimiento a la citada determinación. Acúsese de recibo. Ahora bien, vista la demanda de garantías promovida por RUBÉN CALVO MARTÍNEZ, por propio derecho, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Licenciada Gloria Esther Hernández Valtierra, Juez adscrita al Juzgado de Control y oralidad de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo fórmese y regístrese bajo el número 1385/2019-III. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La aplicación de una multa consistente en 50 Unidades de Medida y Actualización, que equivale a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 m.n.), dentro de la causa penal 1P2719-336. Ahora bien, en torno al acto reclamado descrito con anterioridad se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .[ ] Cabe hacer mención que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución federal, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales de la ley que rige el acto reclamado, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fijas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitivita que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." En el caso, se estima que el quejoso debió agotar el principio de definitividad, porque de lo dispuesto en el artículo 465 Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que contra las cuestiones de mero trámite que deban resolverse sin substanciación, procede el recurso de revocación. Por tanto, la imposición de multa al aquí quejoso, como medida de apremio establecida en el artículo 104 fracción II, inciso b) , de la indicada codificación adjetiva penal nacional, constituye una resolución de tal naturaleza, porque la imposición de multa como medida de apremio constituye una cuestión que no trastoca el proceso penal; esto es, se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación. En ese orden de ideas, se concluye que previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de tal multa decretada por la Licenciada Gloria Esther Hernández Valtierra, Juez adscrita al Juzgado de Control y oralidad de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, el aquí quejoso Rubén Calvo Martínez, fungía como defensor de los imputados dentro de la causa penal 1P2719-336, de origen a quien se impuso multa, por lo que al ser parte, debió agotar el recurso de revocación en comento; máxime que no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de materia; esto es, el acto reclamado no implica un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. . . . . Tampoco, el acto reclamado consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias ni impone medida cautelar restrictiva de la libertad; no es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; ni decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. En el mismo sentido, se precisa que el quejoso no es persona extraña al procedimiento, porque RUBÉN CALVO MARTÍNEZ, a la emisión del acto reclamado, tenía la calidad de "Defensor Particular de los imputados" en el proceso penal de origen; aunado a que el acto reclamado no es un auto de vinculación a proceso. En este tópico, conviene resaltar también, que la procedencia del indicado recurso de revocación en contra de la imposición de la indicada medida de apremio al defensor particular que interviene en el proceso, es clara y no sujeta a interpretación adicional, en tanto, se insiste, se trata de resolución de mero trámite y que no requiere sustanciación, amén que tampoco se ubica en el catálogo de resoluciones emitidas por juez de Control, en contra de las cuales procede el recurso de apelación, previsto en los artículos 465 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. . . . . . En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. . . Por otra parte, se tienen como autorizado de la parte quejosa a José Jesús Dewey Martínez, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en virtud de no haber proporcionado el número de su cedula profesional. ......." POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHA RESOLUCIÓN, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

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