Rubén Calderón Lujan
Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Rubén Calderón Lujan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Durango, Durango, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que suscriben el Juez Instructor y el Secretario de Acuerdos ambos del Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Con el contenido de dicho oficio y anexo respectivo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que suscriben el Juez Instructor y el Secretario de Acuerdos ambos del Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Con el contenido de dicho oficio y anexo respectivo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio.
- Principal
V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 683/2021, promovido por *********** contra actos del Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado de Durango, ********* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- Lo es el M.D.J. ALEJANDRO CÓRDOVA MONTES, EN SU CARÁCTER DE JUEZ INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL LABORAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO. B).- Lo es el LIC. AGUSTÍN NÚÑEZ MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL LABORAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO. C).- Lo es el ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO AL TRIBUNAL LABORAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De las ordenadora Juez Instructor y Secretario de Acuerdos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, le reclamo el acuerdo de fecha 27 de Abril de 2021, dictado dentro del procedimiento laboral burocrático número 0TLB/50/2016 y por el cual se me impone un medio de apremio consistente en la suspensión de quince días, sin pago de salario". B).- De la ejecución y notificación Actuario Notificador del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, le reclamo el acuerdo de fecha 27 de Abril de 2021, dictado dentro del procedimiento laboral burocrático número 0TLB/50/2016 y por el cual se me impone un medio de apremio consistente en la suspensión de quince días, sin pago de salario". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto del ocho de junio de dos mil veintiuno bajo el número 683/2021, en el que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se ordenó el emplazamiento de las tercera interesadas; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos de autoridades cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", es conveniente precisar que el análisis integral de la demanda de garantías, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, permite concluir que el quejoso Rubén Calderón Luján reclama el acuerdo que el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango dictó el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el expediente laboral TLB/50/2016, que le impone la suspensión de su salario por quince días; y su ejecución a cargo de la Actuaria de su adscripción. TERCERO. El Juez Instructor, el Secretario de Acuerdos y la Actuaria, todos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango reconocieron los actos que les reclama el quejoso Rubén Calderón Luján, lo que se corrobora con las constancias del expediente laboral TLB/50/2016, aportadas como complemento, a las que se concede valor probatorio pleno acorde con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Ilustra la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Este numeral determina que el estudio de las causas de improcedencia es preferente al de fondo por ser cuestión de orden público. Cimienta la jurisprudencia 158, visible bajo el registro IUS 395,571, o bien a foja 262, del Tomo VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de Federación correspondiente al año 1985, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, primer párrafo, de la propia Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". Ahora bien, el amparista Rubén Calderón Luján atribuye un acto al Secretario de Acuerdos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, pero no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de garantías porque su participación consiste simplemente en autorizar y dar fe de un acto del Juez Instructor, por lo que su intervención está desprovista de imperio y decisión. Ilustra la jurisprudencia VI.2o. J/95, consultable en la página 185, del Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario". Así como la jurisprudencia VI.1o. J/62, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 112, del Tomo VIII, Octubre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SECRETARIO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA ÚNICAMENTE COMO FEDATARIO. Cuando el secretario únicamente interviene como fedatario de las actuaciones del titular del órgano respectivo, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de las partes puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo y en consecuencia al no ser autoridad para los efectos del amparo, el juicio que se entable contra sus actos es improcedente". De modo que en torno a dicho servidor público se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que conlleva sobreseer en este enjuiciamiento de garantías con apoyo en el numeral 63, fracción V, Ibídem. QUINTO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por el peticionario del amparo al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Es fundado uno de los conceptos de violación que formula el quejoso Rubén Calderón Luján, como Secretario de Educación del Estado de Durango. Los artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, del Pacto Federal, establecen: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". Ambos numerales cumbres contemplan la garantía de legalidad y seguridad jurídica, que implica que las autoridades deben emitir sus actos conforme al marco jurídico nacional. Es puntualmente aplicable la tesis que puede ser consultada en la página 263, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". El último párrafo del artículo 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, dispone: "Artículo 63. El trabajador podrá solicitar ante el Tribunal Laboral Burocrático, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Si en el Juicio correspondiente no comprueba el Titular de la Dependencia o Entidad Administrativa respectiva, la causa del cese o suspensión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario. En caso de reincidencia se sancionará con la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia". Este numeral contempla el procedimiento a seguir cuando el trabajador solicite su reinstalación en el puesto que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, y dispone que si los abogados litigantes o representantes promueven acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos, o alguna actuación que tenga como finalidad dilatar u obstaculizar la resolución del juicio, se harán acreedores a una multa, pero si dicha dilación obedece a omisiones o conductas de los servidores públicos, la sanción será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario, y en caso de reincidencia se sancionará con la destitución del cargo, en términos de las disposiciones aplicables. Ahora bien, el quejoso Rubén Calderón Luján reclama el acuerdo que el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango dictó el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el expediente laboral TLB/50/2016, que le impone la suspensión de su salario por quince días y que es del siguiente contenido: ".ACUERDO DEL C. JUEZ INSTRUCTOR.- Agréguese a sus autos el escrito de referencia para que forme parte de las constancias que integran el expediente en que se actúa y surta sus efectos jurídicos inherente, y como lo solicita el promovente es procedente la aplicación de la medida de apremio contemplada en el artículo 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, por lo que gírese el oficio correspondiente al C. Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a fin de que proceda a hacer efectivo la sanción de suspensión de salario por Quince (15) días a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Materia al C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, debiendo rendir a éste Tribunal informe en el que acredite haber dado cumplimiento a lo anterior.". Sin embargo, en la diligencia que realizó el Actuario notificador adscrito al Tribunal Laboral Burocrático el ocho de septiembre de dos mil veinte únicamente se notificó de manera genérica al "representante legal de la demandada Secretaría de Educación del Estado de Durango" el acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el que se apercibió al hoy garantista para el efecto de que ".de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta Autoridad se le impondrá una sanción, consistente en la suspensión por 15 días de sin pago de salario.", pero sin hacerle una prevención directa al disconforme Rubén Calderón Luján. Y si bien es cierto que el artículo 63 de la Ley para los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, dispone que si la dilación en el cumplimiento del laudo es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será hasta por noventa días sin pago de salario; lo cierto es que para estar en condiciones de hacer efectivos los medios de apremio deben atenderse a los requisitos mínimos para que proceda esa figura como medio que tiene la autoridad de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos que esté debidamente notificada la persona a quien está dirigido. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 122, del Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/41, visible en la página 122, del Tomo XIV, Noviembre de 2001 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "REQUERIMIENTOS EN MATERIA LABORAL. DEBEN NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL CUANDO SE ACOMPAÑEN DE APERCIBIMIENTO QUE IMPLIQUE UNA SANCIÓN. Los autos que contengan algún requerimiento acompañado de apercibimiento que implique una sanción, deben de notificarse personalmente ya que es un principio general de derecho y como tal, aplicable a los juicios laborales, que todo apercibimiento, para poder hacerse efectivo, debe notificarse personalmente a la parte a quien va dirigido, en términos de lo dispuesto por los artículos 17 y 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo". En ese tenor, la sanción decretada en proveído del veintisiete de abril de dos mil veintiuno vulnera en perjuicio del Rubén Calderón Luján, en su carácter de Secretario de Educación del Estado de Durango, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los máximos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el requerimiento que lo motivó se notificó vía citatorio al "representante legal de la demandada Secretaría de Educación del Estado de Durango", y no al propio promovente, quien si bien forma parte de esa Secretaría, lo cierto es que esa sola circunstancia no genera la certeza de que dicho servidor público tuvo conocimiento del mismo. Por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al garantista Rubén Calderón Luján, en su carácter de Secretario de Educación del Estado de Durango, para el efecto de que en el expediente laboral TLB/50/2016, el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango deje insubsistente el acuerdo del veintisiete de abril de dos mil veintiuno en la parte relativa a su sanción consistente en una suspensión por el término de quince días de su sueldo, sin perjuicio de que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango requiera por el cumplimiento del laudo a la autoridad que corresponda para lograr ese cometido, pero subsanando el vicio por el cual se concede la protección federal. Dicha concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado en términos de la jurisprudencia 102, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 66, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Atento a que la concesión es por un concepto de violación que plantea vicio de forma, no se analizan ni prejuzgan los diversos conceptos de violación relacionados con indebida fundamentación y motivación. Informa la jurisprudencia 107, de la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 85, del Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:PRIMERO. SE SOBRESEE en este juicio de garantías promovido por Rubén Calderón Luján, en su carácter de Secretario de Educación del Estado de Durango, respecto del acto que atribuye al Secretario de Acuerdos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Rubén Calderón Luján, en su carácter de Secretario de Educación del Estado de Durango, contra el acuerdo que el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango dictó el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el expediente TLB/50/2016, y su ejecución a cargo del Actuario de su adscripción. Notifíquese.
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