Rubén Cáceres Flecha
Expediente 1512/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1512/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- Rubén Cáceres Flecha
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias de notificación realizada a las partes actora y demandada, del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral ***, de su índice. Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación promovido por la parte actora dentro del juicio de origen ***, así como notificar a las partes de ello. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación promovido por la parte aquí quejosa dentro del juicio de origen ***, así como notificar a las partes de ello. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, recibidas el tres del mes en curso, se advierte que mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, señaló las diez horas del treinta de enero de dos mil veinte a efecto de que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación promovido por la parte actora (fojas 34 a 35). Asimismo, con oficio recibido en esta fecha, la Junta responsable remitió las constancias de notificación realizadas tanto a la parte actora como a la parte demandada, del auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación promovido por la parte actora dentro del juicio de origen ***, así como notificar a las partes de ello, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación promovido por la parte aquí quejosa dentro del juicio de origen ***; y, además, notificó a las partes contendientes de ello. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con las fracciones IV y V del numeral 63 del mismo ordenamiento, conduce a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que aún no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del informe justificado rendido por la responsable y constancias recibidas en esta data, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, para que remita las constancias que le fueron solicitadas (fojas 36 a 37). En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, a través del presidente y secretario auxiliar de amparos, a fin de que se impongan del contenido del mismo; y dése nueva cuenta con dicho informe en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley en la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, de la copia certificada del auto de veintiocho de noviembre de este año, dictado en el juicio laboral ****, se advierte que la responsable comisionó al actuario de su adscripción a efecto de notificar a las partes la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de liquidación promovido en dicho asunto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable de cuenta, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su recibo, remita copias debidamente certificadas, foliadas, entreselladas y rubricadas de las notificaciones del auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, realizadas a las partes contendientes en el juicio de origen. Con el apercibimiento de no hacerlo o no informar dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y de Actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. ..." Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de noviembre de dos mil diecinueve. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Rubén Cáceres Flecha, contra actos de la siguiente autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1512/2019-I. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, la que asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad, y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita, sin que sea necesario realizar la búsqueda de su cédula en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, pues al tratarse de la parte trabajadora la que promueve, se hace innecesaria tal situación y en términos restringidos del citado precepto legal a Alicia Rodríguez Contreras, por así haberlo manifestado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que anexa a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a las documentales que remita la responsable, dígasele que dicha probanza es inherente al informe justificado, que en su caso, rinda la responsable. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU L EY SUPLETORIA." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y mediante oficio a la autoridad responsable.
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