Rubén Cabrera Curiel

Expediente 2003/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2003/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Rubén Cabrera Curiel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el comunicado que remite el Director Contencioso y Directora Contenciosa ambos adscritos a la Dirección General Contenciosa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes comparecen mancomunadamente en ejercicio de la facultad de su Titular, en representación del Presidente. Sin que se emita mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en el acuerdo que precede se recibió un comunicado de contenido idéntico, el cual ya fue atendido en ese proveído. No obstante lo anterior, importa destacar que la documentación recibida con el oficio de cuenta es considerada como confidencial y reservada -dado que así lo manifestó la autoridad oficiante- por lo que de ordena guardar por separado en sobre cerrado en la Secretaría de este Juzgado Federal, a efecto de garantizar la confidencialidad y evitar la alteración, pérdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado de la misma. Es factible permitir que la parte quejosa y sus autorizados lo consulte, pues se considera necesario para su defensa.

  2. Principal

    Actuaria Judicial adscrita informa imposibilidad para notificar a la parte quejosa, de conformidad a lo ordenado en proveído de veintiuno de octubre pasado. Se comisiona Actuario Judicial adscrito realice las gestiones necesarias a fin de notificar de manera electrónica el acuerdo de veintiuno de octubre del presente año, a la parte aquí quejosa, en los términos ordenados. Para lo cual se inserta la sentencia emitida el veintisiete de septiembre del año en curso, en el presente juicio de amparo, en los términos siguientes: "AMPARO INDIRECTO 125/2021 La Secretaria en funciones de Jueza Decimotercera de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos en la Ley de Amparo dicta la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 125/2021, promovido por Rodolfo Rodríguez Padilla, por derecho propio, en contra de los actos reclamados al 1) Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, 2) Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, 3) Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Servidores Públicos 4) Miguel Ángel Zamarripa López, con número de empleado 31406, 5) Sergio Ramiro Lara Madrigal, con número de empleado 33177, 6) Laurencio Gadiel Ramírez Nachis, con número de empleado 28774, 7) Karla Viviana Quetzalli Salcedo Díaz, con número de empleado 28936, 8) Dagoberto López Puentes, con número de empleado 30937, 9) Arisai Sánchez Robles, con número de empleado 28938, 10) Christian Esteban Avalos Romero, con número de empleado 31193, 11) Miguel Aviña Camacho, con número de empleado 28877, 12) Juan Ramón Vargas García, con número de empleado 31407, 13) Oscar Fabián Sevilla Aguilar, con número de empleado 31649, 14) María del Rosario Gómez Vargas, con número de empleado 31658, 15) Reyna Flores Martínez, con número de empleado 33187, 16) José Salazar Hidalgo, con número de empleado 32947, 17) Héctor Farid Gómez García, con número de empleado 34125, todos adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. ANTECEDENTES: Rodolfo Rodríguez Padilla manifiesta bajo protesta de decir verdad que es propietario del vehículo marca Toyota, tipo Sienna, modelo dos mil cinco, color rojo, con número de serie 5TDZA23C95S333002 y placas de circulación JDZ4780 del Estado de Jalisco, calidad que aduce acredita con la copia certificada de la tarjeta de circulación con número de folio 0014435403, expedida por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. Que el día cinco de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las once horas, vía electrónica y por medio de la página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, denominada "Adeudo Vehicular" con dirección electrónica https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/adeudo.jsp se enteró de que sobre el vehículo señalado, recaen diversas infracciones. Que dichas infracciones jamás le fueron notificadas, siendo conocida, su supuesta existencia, a partir de la fecha señalada y por el medio electrónico de referencia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Rodolfo Rodríguez Padilla presentó escrito de demanda el catorce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue recibida en este Juzgado de Distrito, por razón de turno, donde quedó registrada con el expediente 125/2021 y fue admitida el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo; y, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto de autoridades administrativas que tienen su domicilio donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo, permite establecer que se reclama: Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y del Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. La imposición y falta de notificación de la cédula de infracción de folio 113/308608721. De la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y de las diversas autoridades responsables adscritas a dicha dependencia. Las cédulas de infracción folios 0077059, 0142792, 0299500, 0071605, 0160617, 0175147, 0193111, 0195614, 0263711, 4025314, 4023765, 2551368, 1073855, 3953610, 4189979, 3591153, 3510523, 3512445, 3901917, 3456144, 3790722, 3820157, 3938840, 3939520, 3967866, 4011767, 4245503, 4162154 y 4460251. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Son ciertos los actos reprochados a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la existencia de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora de las documentales que remitieron las autoridades responsables; de las que se desprende la existencia de las cédulas de notificación de las infracciones impugnadas, mismas que por su naturaleza merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 700, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, página 1166, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". PROCEDENCIA. Causal de improcedencia que se estima actualizada En el caso, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de notificación de la infracción 113/308608721, por las razones que se exponen a continuación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo expuesto se encuentra inmerso en la jurisprudencia en materia común 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la improcedencia señalada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia en materia común 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, junio de 1999, tomo IX, página 38, registro 193758, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Una vez que ha sido explicado lo que el Alto Tribunal del país ha sostenido en torno al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Como se estableció el quejoso reclama del Director General Jurídico y del Titular, ambos de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, la cédula de notificación de la infracción de folio 113/308608721, de veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, impuesta al propietario del vehículo marca Toyota línea o sub marca Sienna, en color rojo, modelo 2005, con las placas de circulación JDZ4780 y con el número de serie 5TDZA23C95S333002. Empero, las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron que al veintidós de marzo de dos mil veintiuno, esa infracción se encuentra con un estatus de "NO ACTIVA" en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), con la cual se demuestra que al haberse inactivado la infracción con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ha desaparecido la posible afectación causada a la parte peticionaria de amparo, como si se le hubiera concedido la tutela constitucional, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haber quedado inactiva la referida infracción, por lo que esa situación da pauta a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos del acto reclamado. De lo expuesto se evidencia, que si bien es verdad que al momento en que se presentó la demanda de amparo existía la infracción reclamada; sin embargo, con posterioridad la propia autoridad dejó inactiva esa determinación, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, es decir, han cesado los efectos de la cédula de notificación de la infracción de folio 113/308608721. Efectivamente, el hecho de que las responsables hayan dejado inactiva esa cédula de notificación de la infracción evidencia que los efectos del acto que les fue reprochado han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que las autoridades responsables de referencia dejaron inactiva la cedula de infracción controvertida es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta atribuida a las citadas autoridades ha cesado, ya que con tal determinación se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía ese acto, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis en materia común P.CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, noviembre de 1997, tomo VI, página 71, registro 197367, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En otro aspecto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de la causa de sobreseimiento que las autoridades responsables en alusión invocaron en su informe justificado, respecto de la cédula de infracción en estudio, porque aun cuando operara la que señalan sería irrelevante, dado que el sentido de esta resolución no cambiaría. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Se desestima causa de improcedencia invocada por la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y de las diversas autoridades responsables adscritas a dicha dependencia. En el caso, la autoridad responsable Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y las diversas autoridades responsables adscritas a dicha dependencia, manifiestan que en la especie se actualiza la hipótesis de inejercitabilidad prevista por la fracción XII, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acreditó su interés jurídico al comparecer a la presente instancia constitucional, en virtud de que si bien es cierto se duele de la sanción impuesta mediante las diversas cédulas de infracción, respecto del vehículo que dice ser de su propiedad, lo cierto es que debió acompañar a su demanda documento idóneo con que acredite la legal propiedad del vehículo automotor con placas de circulación del Estado de Jalisco JDZ4780, objeto de las multas, para que se considere como un agravio personal y directo por lo que la demanda de amparo en ningún momento se desprende que el vehículo sobre el cual recayó la sanción administrativa le pertenezca al quejoso, y que por tanto resienta un perjuicio con motivo del acto de autoridad reclamado. Invocan en apoyó los criterios de rubro siguientes: La jurisprudencia en materia común 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Además, a jurisprudencia en materia civil 1a./J. 61/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE." También, la tesis en materia común III.2o.A.44 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO ESTÁN OBLIGADOS A EXAMINAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La causal de improcedencia invocada es infundada, en razón de que este Juzgado Federal estima que la tarjeta de circulación, la impresión de adeudo y las copias simples de las cédulas de infracción exhibidos, adminiculados con las pruebas exhibidas por las responsables, son documentos suficientes para tener por demostrado el interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de los actos reclamados. En efecto, los artículos 46 y 52, ambos en su fracción I, y 174, primer párrafo, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco disponen: "Artículo 174. Las infracciones en materia de movilidad y transporte, serán sancionadas administrativamente, se harán constar por medio de cédula de notificación de infracción por conducto de la policía vial, en los términos de esta ley y su reglamento, y se aplicarán al propietario o conductor del vehículo. Ambos responderán solidariamente del pago de la sanción.". Del precepto transcrito destaca que las infracciones en materia de movilidad y transporte, serán sancionadas administrativamente, se harán constar por medio de cédula de notificación de infracción por la Secretaría de Movilidad, por conducto de la policía vial, en los términos de la legislación y su reglamento, y se aplicarán al propietario o conductor del vehículo, quienes responderán solitariamente del pago de la sanción. Bajo ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que de los documentos exhibidos por la quejosa, son suficientes para acreditar el interés jurídico que le asiste para impugnar esta última. Es así, porque no es indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre, tal como lo dispone el ordinal 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. De modo que si la tarjeta de circulación aparece como propietario el propio quejoso, y las características del vehículo ahí descrito son las mismas que las de las cédulas de notificación de la infracción reclamadas, impuestas al propietario, esto es, del vehículo marca Toyota, tipo Sienna, modelo dos mil cinco, color rojo, con número de serie 5TDZA23C95S333002 y placas de circulación JDZ4780 del Estado de Jalisco, ya valorada con anterioridad, en la que aparece como propietario, de manera adminiculada resulta inconcuso que le asiste interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional a controvertir el acta de notificación de infracción referida. Sirve de apoyo, la tesis (III Región)4o.47 A (10a.) del entonces Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página 1167, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES PARA ACREDITARLO CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE AQUÉLLA Y NO SE TRATE DE UNA CONDUCTA PROPIA E INHERENTE ÚNICAMENTE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La cédula de notificación de una infracción en materia de movilidad y transporte y la tarjeta de circulación son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo en el que se demanda la nulidad de aquélla, sin que resulte indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, las infracciones a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente. No siendo aplicable, ni analógicamente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE.", en virtud de que trata un tema distinto; la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que se reclame el embargo trabado sobre un vehículo automotriz, en el que se establece que, por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que éste es su titular.". Asimismo, por los motivos que expone, la tesis II.3o.A.69 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de la Décima Época, visible en la página 2613, Libro XXIV, Septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA PERSONA CUYO NOMBRE SE CONSIGNA EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA IMPUESTA POR LA FALTA DE DICHO DOCUMENTO, AL SER RESPONSABLE SOLIDARIA. El carácter de infractor a las normas de tránsito en carreteras federales representa un concepto cuyo contenido debe determinarse en función de la falta que se considere cometida, por lo que no recae necesariamente en el conductor de un vehículo; esto es, habrá infracciones cuyo sujeto activo efectivamente sea el operador del automotor, en cuyo caso, basta entregar a éste la boleta correspondiente (por ejemplo, cuando se conduce sin licencia apropiadamente requisitada), pero existirán ocasiones en las que el infractor no sea el conductor (verbigracia, cuando se advierten faltas administrativas en el vehículo, como es el caso que circule sin cubrir la totalidad de los requisitos y características exigidos por la normatividad aplicable), pues la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente al conductor, sino que atañe también al responsable de la movilización terrestre del vehículo, es decir, a la persona cuyo nombre se consigna en la tarjeta de circulación vehicular, al ser éste un dato significativo y conducente que evidencia su responsabilidad solidaria en la infracción cometida. En consecuencia, aquélla tiene interés jurídico para promover el juicio contencioso administrativo contra la multa impuesta por la falta de dicho documento". En este sentido, no se advierte la actualización de alguna diversa causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de quien aquí resuelve, el amparo es procedente. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro 164618, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VIII. ESTUDIO DE FONDO EN RELACIÓN CON LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN IMPUGNADAS. El quejoso en sus conceptos de violación aduce que se violó lo dispuesto en sus derechos humanos consagrados en los preceptos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, y en consecuencia la garantía de seguridad jurídica prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los actos reclamados y las sanciones económicas que aparejan carecen de una debida motivación, pues las mismas le han sido impuestas de manera arbitraria, sin observar las características particulares del caso en concreto y que permitirían individualizar las sanciones impuestas por las autoridades responsables. A efecto de demostrar lo anterior, el impetrante de amparo señala lo siguiente: Que las cédulas de notificación de infracción con números de folio 4245503, 3953610 y 4189979 encuentran fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 75, fracción VII, numeral 1, apartado B, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $207.00 y una máxima de $416.00 habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitrarla, la sanción máxima posible. Las cédulas de notificación de infracción con números de folios 4162154 y 4460251, encuentran su fundamento en lo dispuesto en el artículo 75, fracción VII, numeral 1, apartado B de la Ley Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $248.00 y una máxima de $499.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. Las cédulas de notificación de infracción con número de folios 3591153, 3510523 y 3901917 encuentran fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1, apartados; de la Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $188.00 y una máxima de $377.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. Las cédulas de notificación de infracción con número de folios 3456144, 3512445, 3790722, 3820157, 3938840, 3939520, 3967866 y 4011767 encuentran su fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 78, fracción VII, numeral 1, apartado B de la Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $197.40 y una máxima de $396.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera, la sanción máxima posible. Que las cédulas de notificación de infracción con números de folios 0077059, 0142792 y 0299500, encuentran fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 71, numeral 1, apartado B, fracción VII, de la Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio Fiscal dos mil catorce dispositivo legal que considera una sanción mínima de $165.00 y una máxima de $345.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. La cédula de notificación de infracción con número de folio 0071605 encuentra su fundamento legal en lo dispuesto en el arábigo 71, numeral 4, apartado B, fracción VII de la Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $229.00 y una máxima de $681.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. Las cédulas de notificación de infracción con números de folio 0160617, 0175147, 0193111, 019614, 0263711, 4025314 y 4023765 encuentran fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 71, numeral 1, apartado B, fracción VII, de la Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $172.00 y una máxima de $359.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. La cédula de notificación de infracción con número de folio 2551368 encuentra su fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 71, numeral 4, apartado B, fracción VII, de Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis dispositivo legal que considera una sanción mínima de $340.00 y una máxima de $681.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. La cédula de notificación de infracción con número de folio 1073855, encuentran su fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 71, numeral 1, apartado B, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, dispositivo legal que considera una sanción mínima de $340.00 y una máxima de $359.00, habiéndose aplicado en su contra, en todos los casos y de manera arbitraria, la sanción máxima posible. Invoca en apoyo los criterios siguientes: La jurisprudencia del Pleno P./J. 17/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTUTICIONALES." Además, la jurisprudencia en materia común VI.3o.A. J/20 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. También, la tesis en materia administrativa IV.3o.8 A, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro: "MULTAS EXCESIVAS. (ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL)." Lo expuesto es fundado. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De lo transcrito se desprende que, para que la autoridad cumpla con el derecho fundamental de legalidad, en cuanto a fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97 102 Tercera Parte, página ciento cuarenta y tres, que dispone lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad tiene como propósito primordial y razón que el justiciable conozca el "por qué" y "para que" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto autoritario, de manera que sea evidente y claro para el afectado, en caso de inconformidad, cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. De ahí que es dable sostener que en términos del precepto constitucional analizado, no basta que el acto de autoridad observe una motivación o fundamentación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.A. J/43 que este tribunal comparte, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1531, tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En ese sentido, cuando se dice que un acto es legal, es porque el mismo respeta la norma fijada por el legislador, se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es la suprema garantía, y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un régimen jurídico. Entonces, un acto de autoridad administrativa afecta de manera unilateral los intereses de un gobernado; por lo que, a efecto de cumplimentar la obligación constitucional a que nos hemos referido, se debe cumplir una formalidad, es decir, invocar de manera precisa los fundamentos del acto administrativo, numeral, fracción, inciso, subinciso, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, a fin de que esté en posibilidad de defenderse y no se quede en estado de indefensión. Por ello, tratándose de actos administrativos, toda vez que es la propia autoridad administrativa la que emite actos o resoluciones que se dirigen a los gobernados, implica que la falta de cita de los preceptos legales aplicados o de la motivación correspondiente, genere un estado de incertidumbre en el gobernado, que lo puede afectar de tal modo, que le impida producir su defensa en forma oportuna, adecuada y eficaz, al desconocer con precisión cuál fue la ley aplicada y los preceptos concretos que sirvieron de sustento a la autoridad para emitir sus actos, lo que limita su derecho de defensa, en tanto le impide expresar los razonamientos para demostrar la inaplicabilidad o falta de actualización de la hipótesis que se presenta respecto de la norma que debió ser aplicada, lo que significa que para que los particulares puedan defenderse y aportar pruebas contra el acto de autoridad, deben dársele a conocer expresamente los motivos y fundamentos legales del mismo, de ahí la razón de la exigencia de que en los mismos se citen expresamente tales basamentos, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional. Una vez acotado lo anterior, el artículo 22 Constitucional, primer párrafo, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." De la interpretación gramatical del precepto transcrito se desprende que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En relación con las multas excesivas, el Máximo Tribunal ha referido que para que una multa no resulte excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 Constitucional transcrito; primeramente, resulta necesario que se faculte a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor, y b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta. Lo anterior, significa que para la imposición de una multa, a excepción de la mínima establecida conforme a un ordenamiento que establece mínimos y máximos, debe contener las razones y motivos que la justifiquen, para que de esta manera no se deje en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al particular y quede fehacientemente acreditado por la autoridad que la multa decretada no es excesiva, pues tal obligación deviene directa y taxativamente del artículo 22 Constitucional. Lo afirmado encuentra concordancia con la obligación impuesta a las autoridades en el ya referido artículo 16 Constitucional, en el que, como se vio, se exige que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado sin excepción alguna, lo que conduce a establecer que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta, como se dispuso con antelación, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción. Es así, ya que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho. Por tanto, cuando se imponga al particular una multa que no constituya la mínima prevista en la ley, como en el caso concreto, la autoridad se encuentra obligada a señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 242/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 207, Novena Época, registro 170691, que dice: "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador a través de disposiciones de observancia general que establecen sanciones administrativas a los gobernados, si generan certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. En tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla." De igual manera, sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 127/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, novena época, registro 192796, página 219, que dice: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima." Ahora bien, el quejoso reclama al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, las cédulas de notificación de las infracciones 113/6028102, 113/6084841 y 113/6272013, con número de folios 0077059. 0142792 y 0299500, respectivamente. En el caso a estudio, de las actas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual la responsable impuso una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $345.00 (trescientos cuarenta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 71, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil catorce no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $165.00 (ciento sesenta y tres pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $345.00 (trescientos cuarenta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional). Luego, el impetrante de amparo reclama al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, la cédula de notificación de la infracción 113/6419422, con número de folio 0071605. En el caso, de la acta de notificación de infracción reclamada por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual la responsable impuso una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $681.00 (seiscientos ochenta y uno pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 71, fracción VII, apartado B, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $229.00 (doscientos veintinueve pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $681.00 (seiscientos ochenta y uno pesos, 00/100 moneda nacional). Además, el solicitante del amparo reclama al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, la cédula de notificación de la infracción 113/6523380, 113/6538022, 113/6559018, 113/6560197, 113/6632670, 113/6663588 y 113/6667884, con números de folios 0160617, 0175147, 0193111, 0195614, 0263711, 4025314 y 4023765, respectivamente. En el caso a estudio, de las actas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual la responsable impuso una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $359.00 (trescientos cincuenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 71, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $172.00 (ciento setenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $359.00 (trescientos cincuenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional). Asimismo, el quejoso reclama al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, la cédula de notificación de la infracción 113/6916928, con número de folio 2551368. En el caso a estudio, del acta de notificación de infracción reclamada por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual la responsable impuso una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $681.00 (seiscientos ochenta y un pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 71, fracción VII, apartado B, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $229.00 (doscientos veintinueve pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $681.00 (seiscientos ochenta y un pesos, 00/100 moneda nacional). Luego, el impetrante de amparo reclama al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, la cédula de notificación de la infracción 113/6951268, con número de folio 1073855. En el caso a estudio, del acta de notificación de infracción reclamada por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual la responsable impuso una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $359.00 (trescientos cincuenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 71, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $172.00 (ciento setenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $359.00 (trescientos cincuenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional). Luego, el impetrante de amparo reclama a los Servidores Públicos Miguel Ángel Zamarripa López, Sergio Ramiro Lara Madrigal y Reyna Flores Martínez, con números de empleado 31406, 33177 y 33187, adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, las cédulas de notificación de las infracciones con número de folios 3953610, 4189979 y 4245503. En el caso a estudio, de las actas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual las responsables en cita impusieron una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $416.00 (cuatrocientos dieciséis pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 75, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $207.00 (doscientos siete pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $416.00 (cuatrocientos dieciséis pesos, 00/100 moneda nacional). De igual manera, el impetrante de amparo reclama a los Servidores Públicos Laurencio Gadiel Ramírez Nachis, Karla Viviana Quetzalli Salcedo Díaz y Dagoberto López Puentes, con números de empleado 28774, 28936 y 30937, adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, las cédulas de notificación de las infracciones con número de folios 3591153, 3510523 y 3901917. En el caso a estudio, de las actas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual las responsables en cita impusieron una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $377.00 (trescientos setenta y siete pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 75, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $188.00 (ciento ochenta y ocho pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $377.00 (trescientos setenta y siete pesos, 00/100 moneda nacional). A su vez, el quejoso reclama a los Servidores Públicos Karla Viviana Quetzalli Salcedo Díaz, Arisai Sánchez Robles, Christian Esteban Avalos Romero, Gerardo Miguel Aviña Camacho, Juan Ramón Vargas García, Óscar Fabián Sevilla Aguilar y María del Rosario Gómez Vargas, con números de empleado 28936, 30937, 28938, 31193, 28877, 31407, 31649 y 31658, adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, las cédulas de notificación de las infracciones con número de folios 3512445, 3456144, 3790722, 3820157, 3938840, 3939520, 3967866 y 4011767. En el caso a estudio, de las actas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual las responsables en cita impusieron una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $396.00 (trescientos noventa y seis pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 75, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $197.40 (ciento noventa y siete pesos, 40/100 moneda nacional), y el rango superior a $395.85 (trescientos noventa y cinco pesos, 85/100 moneda nacional). A su vez, el quejoso reclama a los Servidores Públicos José Salazar Hidalgo y Héctor Farid Gómez García, con números de empleado 32947 y 34125, adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, las cédulas de notificación de las infracciones con número de folios 4162154 y 4460251. En el caso a estudio, de las actas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, es indudable que no se especificó la razón por la cual las responsables en cita impusieron una sanción mayor a la mínima, ya que de su análisis, se advierte que se estableció como sanción la cantidad de $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos, 00/100 moneda nacional), el cual, de conformidad con el artículo 75, fracción VII, apartado B, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte no es el menor contemplado en la norma aludida, ya que el rango inferior asciende a $248.00 (doscientos cuarenta y ocho pesos, 00/100 moneda nacional), y el rango superior a $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos, 00/100 moneda nacional). Cobra especial relevancia que de los preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para los ejercicios fiscales en consulta, se advierte que establecen un parámetro mínimo y otro máximo en relación con la sanción a imponer a los particulares que incurran en la conducta contemplada como sancionada por la propia legislación. Ahora de las actas de notificación de infracción descritas, se advierte que las autoridades responsables en mención impusieron una multa mayor a la mínima establecida en los preceptos aplicables. Lo expuesto permite concluir que las autoridades responsables, al emitir los actos reclamados vulneraron en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 Constitucional, pues impusieron al quejoso una multa mayor a la mínima que establece los numerales correspondientes, sin precisar pormenorizadamente los elementos que las llevaron a determinar dichos montos. Ello, pues las autoridades se encuentran obligadas a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar las razones que las llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en tales infracciones y en caso de no imponer la multa mínima, a señalar pormenorizadamente los elementos que las llevaron a determinar dichos montos; lo que en el caso no acontece, a pesar de que se impuso a la parte quejosa una multa mayor a la mínima establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para los ejercicios fiscales en mención. Luego, como al imponer las multas, no se desprende que las autoridades responsables las hayan individualizado, es decir, al fijar el monto de la multa, no se desprende que se hubiere tomado en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta a sancionar y la mayor o menor trascendencia del asunto en que se cometió la falta, a fin de determinar las razones que las llevaron a imponer una multa mayor a la mínima y no otra menor; por lo que, es precisamente esa falta de individualización, por parte de las autoridades que la imponen, lo que conduce a considerar que las multas impuestas son contrarias a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, se insiste, porque en las infracciones en estudio se sancionó al propietario de un vehículo automotor; por ende, resulta excesiva su imposición al no haber ponderado y establecido los factores determinantes para establecer por qué decidió imponer un monto mayor y no otro de menor cuantía. Máxime que, las autoridades responsables, en su informe relativo no justificaron el quántum de las multas en los aspectos de fundamentación y motivación señalados, en términos del último párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo; es decir, no precisaron de manera detallada los motivos que las llevaron a imponer al quejoso una multa mayor a la mínima, por la conducta que se le reprocha, a lo cual se encontraban obligadas en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, porque las autoridades responsables no realizaron manifestación alguna al respecto. Sin embargo, contrario a ello, como se vio, sí existe dicha obligación, porque de no hacerlo se atentaría lo dispuesto por el artículo 22 Constitucional. IX. DECISIÓN. Por los motivos expresados en el considerando que antecede, las infracciones reclamadas, transgreden, en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 22 Constitucionales, por lo que se impone conceder a la parte quejosa la tutela constitucional. Resulta importante puntualizar que de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables no podrán emitir una nueva boleta de infracción purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dichos actos presentan un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, décima época, página 1239 registro 2008753, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." En virtud de lo anterior, se hace innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación, pues el motivo de inconformidad ponderado con anterioridad, es suficiente para otorgar al peticionario de amparo la protección de la Justicia Federal, en virtud de que no alcanzaría un beneficio mayor al alcanzado si se examinan los diversos conceptos de violación. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional." En cuanto al pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en este fallo, ya que sus manifestaciones son apreciaciones respecto de los actos que se reclaman, las cuales no es obligatorio que sean atendidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." Finalmente, conviene señalar que todos aquellos criterios que se han invocado en este fallo, resultan aplicables, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor del ordenamiento de la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en la nueva ley; por lo que es evidente que tales criterios cobran aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado. X. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Efectos o medidas en los que se traduce la concesión del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo. Como en el caso concreto los actos reclamados son de carácter positivo, para que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho violado, acorde con lo dispuesto en el diverso artículo 77, fracción I, de la citada ley, la autoridad responsable Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y de las diversas autoridades responsables adscritas a dicha dependencia, en el ámbito de su competencia, deberán: Dejar insubsistente las cédulas de notificación de infracción reclamadas, así como cualquiera de sus efectos, con excepción de la cédula de infracción 113/308608721. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 61, 64, 73, 74, 75, 77, 123, 124 y relativos de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Rodolfo Rodríguez Padilla, en contra de los actos reclamados al Secretario de Transporte y Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte, ambos del Estado de Jalisco, consistente en la cédula de notificación de la infracción con número de folio 113/308608721; lo anterior por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Rodríguez Padilla, en contra de los actos reclamados a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y de las diversas autoridades responsables adscritas a dicha dependencia; por los motivos expuestos en el apartado VIII y para los efectos precisados en el presente fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Ana Gabriel Toral Peralta, Secretaria en funciones de Jueza Decimotercera de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, según oficio CCJ/ST/2823/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el precepto 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Claudia Maricela Hernández Camarena, diversa Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, cuando las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe." Se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/1130/2021, suscrito electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la primera adscripción de la Jueza Tatiana Elizondo Piña, como titular de este órgano jurisdiccional, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Por este medio se emplaza a juicio y se notifica por lista de acuerdos a la tercera interesada BLANCA ALICIA CHÁVEZ GARCÍA, la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se comisionó para emplazarla al juicio de amparo precisado, promovido por ESPERANZA OFELIA BARBA CHÁVEZ, POR DERECHO PROPIO Y COMO APODERADA DE EXECUTORY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITSL VARIABKE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, contra los actos reclamados a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco y otras autoridades; en dicho juicio se tramitó, por separado y duplicado el incidente de suspensión y se señalaron las once horas con un minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Las copias de traslado ordenadas para el emplazamiento a juicio quedan a disposición de la parte interesada en la Actuaría el Juzgado. Lo anterior, para su conocimiento y efectos correspondientes.

  4. Principal

    Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco da cumplimiento al requerimiento e informa que en un horario de nueve de la mañana a las catorce horas, previa identificación oficial de la persona titular, puede pasar a recoger el certificado parcelario *** y del cual adjunta copia certificada. Notifíquese a la parte quejosa y requiérasele. Se le apercibe.

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