Rubén Bryan Suárez Delgado

Expediente 1293/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 34 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1293/2017
Año
2017
Actuaciones
34
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Rubén Bryan Suárez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este incidente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal el dieciocho de abril del año en curso, en la por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otro lado se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la jefa del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, al que acompaña copia certificada de la pieza postal número 16811; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, en virtud de que la pieza postal número 16811 ya obra en autos (foja 135). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1293/2017; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Rubén Bryan Suárez Delgado o Rubén Bryan Suáres Delgado demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al comisionado Nacional de Seguridad, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, director del Centro de Readaptación Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, así como del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistentes en la orden de traslado y su ejecución que se verificó el diecinueve de junio de dos mil diecisiete del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Actos que estima violatorios de los artículos 1º, 14 segundo párrafo, 16 párrafo primero, 18 segundo párrafo y 21 párrafo tercero de la Constitución Federal. SEGUNDO. En proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 5 y 6), este juzgado Federal admitió la demanda de referencia; solicitó a las responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia y tendrá ejecución en ésta. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, la cual debe considerarse como un todo y tenerse como acto reclamado aquello que se considere lesivo de derechos, se advierte que en el caso, el quejoso reclama de las responsables lo siguiente: La orden de traslado del quejoso que se verificó el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con residencia en Monterrey, Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución. Por tanto, dichos actos son los que se tienen como reclamados en el presente juicio de amparo. TERCERO. El director general de Procedimientos Constitucionales, en suplencia por ausencia del Comisionado Nacional de Seguridad; así como la jefa de Departamento en ausencia del subdirector de Área, y del director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, y este último en representación del coordinador general de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados (fojas 22 - 23 y 29), sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario, por lo que, con fundamento en el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por cuanto a los actos reclamados a dichas responsables. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. El director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en ausencia del titular de la misma unidad, y éste en representación del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, así como el alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con residencia en Monterrey, Nuevo León, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia del acto reclamado (fojas 43 - 44 y 66), lo que se corrobora con las constancias que adjuntó; por tanto, el acto reclamado se tiene plenamente probado, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado (fojas 17 - 19); no obstante, su negativa se desvirtúa, pues en cumplimiento a la orden emitida mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18707/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/18704/2017, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, por el coordinador general de Centros Federales, en ausencia del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el quejoso fue trasladado del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" con residencia en Monterrey, Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en donde actualmente se encuentra interno. QUINTO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, se estiman infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: De las constancias remitidas por el director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en ausencia del titular de la misma unidad, y éste en representación del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, así como el alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con residencia en Monterrey, Nuevo León, se advierte que el coordinador general de Centros Federales, en ausencia del comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18707/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/18704/2017, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, autorizó el egreso del quejoso y otros, del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", así como su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, derivado de una situación de fuerza mayor, en virtud de que se trata de personas privadas de la libertad, del fuero federal y común que requieren medidas especiales de seguridad o de vigilancia, debido a que son sujetos recluidos por delitos de alto impacto social y que por su presunta pertenencia a grupos delictivos, se encuentra en riesgo su integridad física ante la constante probabilidad de enfrentamientos entre grupos antagónicos que se disputan el control de la institución, generando con ello situaciones que ponen en riesgo su integridad física y por ende su vida por la acción de terceras personas, afectando a su vez a otras personas privadas de la libertad, la visita y el propio personal que labora en el centro penitenciario, ante la inminente presencia de riñas, amotinamientos e intentos de evasión, poniendo en peligro también a la sociedad. Ahora bien, a fin de analizar la constitucionalidad o no del referido acuerdo, es pertinente tomar en cuenta la siguiente cronología: El diecinueve de junio de dos mil once, entró en vigor lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del dos mil ocho, el cual literalmente dispone: "QUINTO. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto." Tal reforma se refiere al modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, previsto en los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en el que si bien intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, las facultades de cada uno se encuentran debidamente diferenciadas, pues al primero le corresponde únicamente la administración de las prisiones y al segundo todo lo relativo a la duración y modificación de las penas, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados. Ahora, el ocho de octubre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, de la Ley Fundamental, el cual en su inciso c), aludió a las facultades legislativas que posee el Congreso de la Unión para expedir, entre otros aspectos, la legislación única en materia de ejecución de penas, la cual debería regir en la República Mexicana tanto en el orden federal como en el común. En ese sentido, en el régimen transitorio de la enmienda constitucional en comento, particularmente en su artículo Segundo, el Constituyente Permanente estableció que la legislación única en materia de ejecución de penas que expidiera el Congreso de la Unión, tendría que entrar en vigor a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis; los preceptos en cita son del tenor literal siguiente: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: . XXI.- Para expedir: . c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; ." TRANSITORIOS. SEGUNDO. LA LEGISLACION ÚNICA EN LAS MATERIAS PROCEDIMENTAL PENAL, DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE EJECUCION DE PENAS QUE EXPIDA EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONFORME AL PRESENTE DECRETO, ENTRARA EN VIGOR EN TODA LA REPUBLICA A MAS TARDAR EL DIA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Luego, en cumplimiento a tal mandato constitucional, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que de conformidad con su artículo primero transitorio, la mayor parte de su contenido normativo entró en vigor al día siguiente. En ese sentido, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la normativa aplicable a todo lo concerniente a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, y por ende, lo relativo a los traslados de las personas sentenciadas, tanto a nivel Federal, como Estatal. Sentado lo anterior, procede analizar si la orden de traslado emitida por el coordinador general de Centros Federales, en ausencia del comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18707/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/18704/2017, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se ajustó a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y para ello, es pertinente transcribir lo que disponen los numerales 2, párrafo primero, 3, fracciones I y XVII, 50, 51 y 52, de la Ley en comento: Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. . Artículo 3. Glosario Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: I. Autoridad Penitenciaria: A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el Sistema Penitenciario; . XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De los citados preceptos se colige, que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable tanto en el ámbito Federal, como en el Local, así también, recogen el principio de judicialización de la ejecución de penas, en razón de que todo traslado -por regla general- debe ser aprobado y ordenado por la autoridad judicial, no obstante, se permiten casos de excepción, en los cuales, la autoridad penitenciaria (administrativa) podrá ordenar el traslado de los sentenciados, con las condiciones que establece la legislación en estudio. Se hace notar, que la citada potestad conferida a la autoridad penitenciaria para trasladar a una persona de un centro de reclusión a otro, es transitoria, en la medida que no conlleva una decisión definitiva, dado que ello le compete única y exclusivamente a la autoridad judicial. En ese orden, para que la autoridad penitenciaria pueda ordenar el traslado de una persona privada de su libertad, sin previa autorización judicial, deberá -conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal- cumplir con lo siguiente: Deberá emitir la orden de traslado correspondiente mediante resolución administrativa. Notificar dicha resolución al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de ejecutarse el traslado. Ubicar el motivo del traslado en alguna de las hipótesis que establece el numeral 52, de la Ley aplicable. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2078, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. SI SE EMITIÓ A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SUS ARTÍCULOS 50 A 52, QUE CONSOLIDAN EL PRINCIPIO DE JUDICIALIZACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS. De la interpretación al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige que, a partir de su vigencia (17 de junio de 2016), ésta es aplicable para los procedimientos o actos procedimentales que surjan en la etapa de ejecución de penas, con independencia de que la causa penal del sentenciado haya causado estado antes del inicio de esa vigencia, pues en congruencia con las enmiendas constitucionales de 18 de junio de 2008 y 8 de octubre de 2013, dicha legislación representa para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el medio idóneo para instrumentalizar los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, los cuales deben lograr su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible. Lo anterior, porque la intención del Poder Reformador de la Constitución en que se creara una ley única en materia de ejecución de penas, fue con el fin de generar seguridad jurídica de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por tanto, si la orden de traslado fue dictada antes de la entrada en vigor de la ley mencionada, la legislación en la materia aplicable para los requisitos de su emisión, es alguna de aquellas que fueron abrogadas a raíz de la vigencia de esa norma especial. En cambio, si fue dictada el día o después de que aquélla entrara en vigor, la aplicable será ésta, por lo que para que ese mandato pueda emitirse, debe satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 50 a 52 de ese ordenamiento, que consolidan el principio de judicialización en la etapa de ejecución de penas, previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, pues establecen, como regla, que todo traslado tiene que ser aprobado y ordenado por una autoridad judicial y, salvo en circunstancias de excepción previamente establecidas en la ley, la autoridad penitenciaria -administrativa- podrá emitirlo con la condicionante de que a la brevedad posible, tendrá que hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial para su aval o avenencia. Conforme a lo anterior, y con base en las constancias de autos, se llega a la conclusión de que la orden de traslado reclamada por Rubén Bryan Suárez Delgado o Rubén Bryan Suáres Delgado, se encuentra ajustada a derecho, pues se colmaron los requisitos que para tal efecto dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el traslado de una persona sin previa autorización judicial. Lo anterior es así, pues en la especie, el coordinador general de Centros Federales, en ausencia del comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18707/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/18704/2017, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se autorizó el egreso del quejoso y otros, del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", así como su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, aduciendo lo siguiente: "En razón de lo anterior, se observa que la solicitud planteada por la entidad federativa se realiza por una situación de fuerza mayor, en virtud de que se trata de personas privadas de la libertad procesados y sentenciados del fuero federal y común que requieren medidas especiales de seguridad o de vigilancia, debido a que son sujetos recluidos por delitos de alto impacto social y que por su presunta pertenencia a grupos delictivos, se encuentra en riesgo su integridad física ante la constante probabilidad de enfrentamientos entre grupos antagónicos que se disputan el control de la institución, generando con ello situaciones que ponen en riesgo su integridad física y por ende su vida por la acción de terceras personas, afectando a su vez a otras personas privadas de la libertad, la visita y el propio personal que labora en el centro penitenciario, ante la inminente presencia de riñas, amotinamientos e intentos de evasión, poniendo en peligro también a la sociedad. . En ese orden, se puede dilucidar que la petición de traslado a Centros Federales de Readaptación Social que nos ocupa, tiene como base fundamental de acuerdo a lo descrito por la Autoridad Penitenciaria Estatal, es en primer lugar un caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de las personas privadas de su libertad que pernoctan en los diversos Centros Penitenciarios del Estado de Nuevo León, y en segundo, la posibilidad latente que existe de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad de los citados Centros Penitenciarios, lo cual representa que se puedan suscitar hechos violentos, que pueden poner en riesgo como ya se dijo, la integridad y salud de las personas privadas de su libertad ahí recluidas, aunado a que no se cuenta con el suficiente personal de seguridad ni con la infraestructura adecuada, lo que impacta directamente en la seguridad y gobernabilidad del mismo; de igual forma queda de manifiesto que las personas privadas de su libertad a las cuales se pretende trasladar de acuerdo a la información con que cuenta la aludida autoridad penitenciaria, son personas que requieren medidas especiales de seguridad, por lo que es de apreciarse que en dichos hechos se actualiza la hipótesis que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal que faculta a la autoridad penitenciaria adoptar acciones necesarias para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de las instituciones penitenciarias, a fin de preservar el orden y tranquilidad al interior de los centros, como lo señala el artículo 49. . Asimismo, se advierte que el traslado se solicita de manera urgente con motivo de garantizar que los internos no sufran un menoscabo en su integridad física, en virtud de que es una obligación de estos, derivado de que se trata del bien jurídico tutelado de mayor importancia por cualquier legislación y por los instrumentos internacionales que de derechos humanos trate; asegurando así que sea materialmente posible el seguimiento al debido proceso y a la ejecución de la pena, ya que en el caso en particular las acciones de éstos, ponen en riesgo la seguridad institucional, su vida misma, la seguridad de las demás personas, así como a la sociedad, principal interesada en que se cumplan las penas que se dicten por los órganos jurisdiccionales a las personas que trasgreden y lastima la esfera jurídica social. ." Dicho traslado fue ejecutado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 66 vuelta - 67), y notificado por el alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", al juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, el veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 117), ante quien se encuentra a disposición el aludido quejoso. Como se aprecia, la autoridad responsable ciñó su actuar a lo establecido en el arábigo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón de que ordenó el traslado de Rubén Bryan Suárez Delgado o Rubén Bryan Suáres Delgado, mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18707/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/18704/2017, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, para ello se fundó en el riesgo que corría en su vida, la integridad de los internos, del personal del centro de reclusión, la necesidad de medidas especiales de seguridad, poner en riesgo la gobernabilidad del centro penitenciario; así también, se notificó tal determinación al juez competente, al día siguiente en que se ejecutó el traslado. Sin que impida resolver en dicho sentido, la circunstancia de que al momento de emitirse la presente sentencia, no obre constancia alguna por la cual, el juez competente se haya pronunciado respecto a la legalidad del traslado reclamado, pues la actuación de la autoridad penitenciaria (traslado), se encuentra desvinculada de la calificación de legalidad que en su caso haga el juez de ejecución. Ello es así, pues para efectos del amparo, la excepción prevista en el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite a las autoridades penitenciarias ordenar y ejecutar el traslado de las personas privadas de su libertad sin previa judicialización, siempre y cuando se colmen los extremos previstos en dicho numeral, requisitos que deben ser analizados vía constitucional, pues tal determinación puede causar agravios al quejoso en caso de no cumplirse con los mismos, tornando dicho traslado en inconstitucional, lo que traería en su momento la concesión del amparo para el efecto de regresarlo al centro de reclusión del cual fue extraído, sin soslayarse el hecho de que el órgano jurisdiccional pudiera no pronunciarse respecto a la legalidad del traslado dentro del término de cuarenta y ocho horas que prevé tal numeral, siendo esta otra razón que daría lugar al amparo biinstancial. En las relatadas consideraciones, se estima que la orden de traslado reclamada no vulneró derecho humano alguno en perjuicio de Rubén Bryan Suárez Delgado o Rubén Bryan Suáres Delgado, por lo que, al resultar infundados los conceptos de violación, y al no existir en el caso, suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, conlleva negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1293/2017, en términos del considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubén Bryan Suárez Delgado o Rubén Bryan Suáres Delgado, contra el acto reclamado al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, consistente los oficios en que ordenó su traslado, así como su ejecución por el alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con residencia en Monterrey, Nuevo León, y director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por las razones expuestas en el penúltimo considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

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