Rubén Brizuela Morentin
Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2022
Partes del expediente
- Rubén Brizuela Morentin
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Rubén Brizuela Morentin, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el treinta de agosto del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Rubén Brizuela Morentin, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y las autoridades que ahí menciona; regístrese en el libro respectivo con el número 988/2022-III. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional señalando como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables: Comandante de la Guardia Nacional. Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. Jefe General de Coordinación Policial. Actos reclamados: "A) Del COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: reclamo la orden de baja/despido/relevo/ remoción de mis funciones como miembro civil activo de la Guardia Nacional adscrito a la estación San Fernando de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Tamaulipas. B) Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones y del Jefe General de Coordinación Policial: reclamo la ejecución de la orden de sustitución/despido/relevo/remoción de mis funciones como miembro civil activo de la Guardia Nacional adscrito a la estación San Fernando de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Tamaulipas." De lo antes transcrito se advierte que el quejoso reclama la posible orden de baja, despido o relevo de sus funciones como miembro de la Guardia Nacional y la ejecución de la misma. Actos respecto de los cuales se actualiza la causa de improcedencia que deriva de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". De cuyo contenido se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, esto es, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Condición que en el caso no se satisface, debido a que el quejoso reclama la posible orden de baja, despido o relevo de sus funciones como miembro de la Guardia Nacional y la ejecución de la misma, sin aportar documentación concreta que permita establecer la existencia de los actos de molestia. Siendo que para acreditar la afectación a su esfera jurídica debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione la misma, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente del amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por inducciones tal y como acontece en el caso concreto. Ello es así, porque el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad en su capítulo de hechos del escrito de demanda, precisa: ".Ahora bien, por lo que respecta al impetrante de amparo, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, tuve conocimiento que se comenzaría a ejecutar en mi contra el relevo de mi cargo y funciones en mi adscripción en la Estación San Fernando dependiente de la Coordinación del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Tamaulipas, por lo que me veo en la necesidad de acudir a esta instancia jurisdiccional." De lo que se infiere que son actos futuros de realización incierta, dado que no se aprecia acto material alguno que pudiera poner de manifiesto lo contrario, entendiéndose por actos futuros aquellos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previene, tal como sucede en el caso, pues el propio quejoso asevera que tuvo conocimiento de que se comenzaría a ejecutar en su contra el relevo de su cargo y funciones en el lugar de su adscripción en la Estación San Fernando dependiente de la Coordinación del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Tamaulipas; sin acreditar lo anterior con documento alguno dirigido hacia su persona que contenga la orden que reclama. Por tanto, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales y sus efectos son restituir a los agraviados en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o., 73 y 77 de la legislación de la materia y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio el provente pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y el acto que aquí se pretende combatir aún no se ha materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como sucede en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Así, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo que se intenta por esta vía, se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Rubén Brizuela Morentin, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de manera electrónica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Sergio Gabriel Flores Ayala y Karina Flores Ayala, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, toda vez que Paul Giovanni Cruz Mayén, no está dado de alta en el aludido sistema, únicamente se le faculta para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal. Respecto a la solicitud de la parte agraviada de que se le permita acceso al expediente electrónico con clave de usuario "rubenbrizuelamorentin", registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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