Ruben Benjamin Caamal Paredes

Expediente 1158/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1158/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Ruben Benjamin Caamal Paredes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa el día diez de octubre del año en curso, sin que a la presente fecha hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Por sentencia firmada el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rubén Benjamín Caamal Paredes, en contra del acto que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, y de inmediato lo haga del conocimiento al quejoso. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por lo interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante el oficio con número SSP/DJ/ME-47487/2023 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; informó y acreditó que por diverso oficio SSP/DJ/ME-46890/2023 dio contestación a la solicitud realizada por Rubén Benjamín Caamal Paredes el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, siendo que dicho oficio le fue notificado mediante correo electrónico el seis de octubre pasado, cuestión que se corrobora con la copia certificada que adjunta a su oficio de mérito; así como la misiva ya mencionada en donde hizo dicha contestación. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se encontraba obligado, a que en un término no mayor a tres días, emitiera por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, y que de inmediato lo hiciera del conocimiento del quejoso; lo que así hizo y acreditó. Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso a) de la fracción lII, del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en el que se da vista a las partes con el cumplimiento: nueve de octubre de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a la parte quejosa de la vista de cumplimiento: diez de octubre de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: dos de octubre de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: seis de octubre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, agréguese el oficio con número SSP/DJ/ME-47487/2023 signados por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; así como el anexo que acompaña, la primera mencionada, que remite a este Juzgado Federal con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se realizó a la parte quejosa por lista de estrados, el día once de septiembre siguiente. En mérito de lo anterior, ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, AMPARÓ Y PROTEGIÓ a Rubén Benjamín Caamal Paredes, en contra del acto que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la citada autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado en dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto continuo, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que obran glosados a estos autos. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido en tiempo y forma el informe justificado de cuenta, el que se ordenó agregar con conocimiento de las partes. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa en su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la probanza de referencia y se tiene por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser tomada en consideración como corresponda. Ahora bien, al no existir más pruebas, se declara cerrado el período de pruebas. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se declara cerrado el periodo de alegatos. Luego, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1158/2023-V-B, promovido por Rubén Benjamín Caamal Paredes, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Rubén Benjamín Caamal Paredes, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 1158/2023-V-B; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual tuvo lugar en los términos que constan en el acta levantada al efecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La omisión de dar contestación a su escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual solicita la devolución del vehículo automotor de la marca Ford, modelo 2004, tipo K6B, con número de serie 3FDKF36L44MA25671, con placas SZ-5847-J del Estado de Quintana Roo. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que así lo manifestó expresamente en su representación el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Atendiendo a la causa de pedir, resultan fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa motivo por el cual deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Para evidenciar lo anterior, es pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de la documental ofrecida por la quejosa, se advierte que ésta realizó una petición a la autoridad responsable desde el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia, es decir, a dicha solicitud debió recaerle una contestación por escrito y hacerla de su conocimiento en breve término a la quejosa, lo que no aconteció en la especie. Asimismo, de las constancias que obran en autos no se advierte que al momento de presentarse la demanda de amparo e incluso a la fecha en la que se dicta la presente resolución, se le hubiere dado contestación a la misma, es decir, a más de dos meses después de efectuada la solicitud la autoridad responsable no ha dado respuesta a la misma, siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer una contestación por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término a la peticionaria. En la inteligencia de que la expresión "breve término", debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que resulta inconcuso que el término transcurrido desde que se le formuló la petición hasta el momento de resolver el presente asunto, excede con mucho el término en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la petición del promovente, la que consiste en la solicitud de devolución del vehículo automotor de la marca Ford, modelo 2004, tipo K6B, con número de serie 3FDKF36L44MA25671, con placas SZ-5847-J del Estado de Quintana Roo; por ende, transgrede en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En este orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, y de inmediato lo haga del conocimiento al quejoso. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 89 del tomo III, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con registro 391020, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la diversa jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis XXI.1o.P.A. J/27, en la página 2167, con número de registro 162603, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Rubén Benjamín Caamal Paredes, contra el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el considerando octavo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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