Ruben Barrera Ordoñez

Expediente 1217/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1217/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Ruben Barrera Ordoñez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio número 084/2019-B, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el toca 2/2019, relativo al recurso de queja interpuesto por Rubén Barrera Ordoñez, por conducto de su autorizada Karla Fabiola Álvarez Cortes, en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundada la queja interpuesta por Rubén Barrera Ordóñez, por conducto de su autorizada Karla Fabiola Álvarez Cortés, contra el auto dictado el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número 1217/2018, promovido por el propio recurrente." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por Karla Fabiola Álvarez Cortes, autorizada del quejoso Rubén Barrera Ordoñez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente asunto; por tanto, con fundamento los artículos 97, 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado, y dígasele que es cierto el acto reclamado, ya que a través de dicho proveído se desechó la demanda de amparo que promovió en contra de la resolución del recurso de revocación de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario civil número 1295/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que se desecharon las pruebas confesional, testimonial y de ratificación de firma y contenido del contrato, que ofreció el promovente. Al respecto, el suscrito juzgador consideró que se actualizó la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 107, fracción V, este último interpretando a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Para acreditar lo anterior, se remiten copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el juicio de amparo número 1217/2018 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Rubén Barrera Ordoñez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1217/2018. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número I.6o.C.J/19, sustentada por la Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, de la lectura a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el aquí quejoso señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación de ocho de noviembre del presente año, emitida en los autos del juicio ordinario civil 1295/2017, del índice del Juzgado de Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, a través de la cual se determinó desechar las pruebas confesional, testimonial y de ratificación de firma y contenido del contrato. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos preceptos 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca de acuerdo a su naturaleza efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, y 172, III, de la Ley de la Materia, estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por otro lado, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, conviene precisar que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo el artículo 172 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución imposible de reparar; o sea, cuando afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio natural, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. En congruencia con lo anterior, si en el caso se reclama la resolución del recurso de revocación de ocho de noviembre del presente año, emitida en los autos del juicio ordinario civil 1295/2017, del índice del Juzgado de Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, a través de la cual se determinó desechar las pruebas confesional, testimonial y de ratificación de firma y contenido del contrato; sin que hasta esta data se haya emitido la sentencia correspondiente en el aludido juicio. Por tanto, es claro que dicho acto, atendiendo a su origen y características esenciales, no afecta de manera directa, cierta ni inmediata, alguno de los derechos sustantivos del quejoso, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso y una adecuada defensa; lo cierto, es que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen en el ofrecimiento y admisión de pruebas, de acuerdo a las reglas que al efecto dispone el Código de Procedimientos Civiles. Por lo que, la temática legal concerniente al ofrecimiento y admisión de pruebas, constituyen propiamente derechos de índole adjetiva o procesal, en tanto que tienden a salvaguardar el correcto desarrollo de procedimiento natural; de donde se obtiene que su posible conculcación con motivo del acto reclamado, no lesiona de manera cierta, directa ni inmediata, alguno de los derechos sustantivos del quejoso, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna; ello, si se pondera que la no admisión de las pruebas no necesariamente implica que vaya ser desfavorable a los intereses del ahora disconforme, pues pudiera ser que la autoridad responsable al decidir la contienda de origen, absuelva a la demandada; lo que, de ocurrir, haría desaparecer la transgresión procesal aquí alegada, sin dejar secuela alguna en la esfera jurídica del quejoso, porque de esa manera, las consecuencias del acto reclamado no habrían llegado a trascender a sus derechos sustantivos; de ahí, que el acto de autoridad que en el caso particular se combate, no es de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia 3a20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.- Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V, del numeral 107, este interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Como lo solicita el promovente, se tiene por señalada la cuenta digital con usuario "KarlaDedonis", fin de que esté en aptitud de acceder al expediente electrónico, comisionándose al Analista Jurídico SISE del Juzgado a fin de que proceda a realizar el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Tomando en consideración que el quejoso señala expresamente como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, indicando para tal efecto el usuario "KarlaDedonis," y posteriormente refiere como su domicilio para oír y recibir notificaciones personalísimas el ubicado en calle Ciprés número 12, colonia Bosques de las Lomas, de esta ciudad, lo que genera incertidumbre sobre la manifestación en torno al domicilio del quejoso; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y considerando que de forma expresa solicitó que se tuviera como domicilio para efecto de oir y recibir notificaciones la vía electrónica; por ende, este juzgado estima que debe tenerse como domicilio para oír y recibir notificaciones el primero de los mencionados, es decir la vía electrónica. Por otra parte, se tiene autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ya Karla Fabiola Álvarez Cortes, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con su registro 41281, y en términos restringidos a Braulio Josué Dolores Álvarez, toda vez que no se encuentra registrado en el aludido sistema. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica al quejoso.

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