Ruben Avalos Chiquito

Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
723/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Ruben Avalos Chiquito

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se realice la integración completa del expediente electrónico tal y como se encuentra integrado el expediente impreso, así como que se autoricen las notificaciones electrónicas; dígasele que debido a la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del presente año por la contingencia del virus Covid-19, y dado que la reanudación de plazos y el regreso a las labores de este órgano jurisdiccional ha sido escalonado, la carga de trabajo es excesiva y además el Consejo de la Judicatura Federal no autorizó que entre todo el personal a laborar, en tales condiciones, el expediente electrónico se integrará paulatinamente. Finalmente, por lo que ve a la diversa solicitud de que le sean autorizadas las notificaciones de manera electrónica, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no señala nombre de usuario para dicho efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veinte... RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social Cereso Mil Cumbres "David Franco Rodríguez", y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-723/2020. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. Mi hermano fue detenido y se encuentra recluido en el cereso Mil Cumbres David Franco Rodríguez, de Charo, Michoacán, y se reclama el haber sido incomunicado y/o llevado a una celda de castigo penal y/o cualquier celda donde está en incomunicación y se encuentran ejecutando en la humanidad de mi hermano actos de tortura vejaciones y malos tratos probablemente ejecutando presión para que declare sobre de alguna cuestión que le perjudique, lesionando con tal actuar las garantías constitucionales que a su favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución General de la República, y el cumplimiento ejecutado por parte de las autoridades que he señalada como responsables en líneas atrás". Este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En el caso, este órgano constitucional advierte que en contra de los actos que se reclaman se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. Mi hermano fue detenido y se encuentra recluido en el cereso Mil Cumbres David Franco Rodríguez, de Charo, Michoacán, y se reclama el haber sido en una celda de castigo ejecutando al quejoso actos de tortura vejaciones y malos tratos probablemente ejecutando presión para que declare sobre de alguna cuestión que le perjudique, lesionando con tal actuar las garantías constitucionales que a su favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución General de la República". Luego, del índice de este juzgado, se advierte el diverso juicio de amparo número V-722/2020, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", mismo que se ordena poner a la vista al momento de emitir la presente determinación, y del cual se desprende que fue promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables a las cuales reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Mi hermano fue detenido y se encuentra recluido en el cereso Mil Cumbres David Franco Rodríguez, de Charo, Michoacán, y se reclama el haber sido incomunicado y/o llevado a una celda de castigo penal y/o cualquier celda donde está en incomunicación y se encuentran ejecutando en la humanidad de mi hermano actos de tortura vejaciones y malos tratos probablemente ejecutando presión para que declare sobre de alguna cuestión que le perjudique, lesionando con tal actuar las garantías constitucionales que a su favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución General de la República, y el cumplimiento ejecutado por parte de las autoridades que he señalada como responsables en líneas atrás". De la transcripción anterior se pone de manifiesto que ambas demandas - presentadas por la misma parte quejosa, coinciden en su texto tanto autoridades responsables como actos reclamados y en general su contenido, lo cual permite establecer que se trata de la misma demanda, presentada en la misma fecha. Motivo por el cual, resulta claro que existe un litigio pendiente promovido por la misma promovente, actos reclamados y autoridades responsables, por lo que es evidente que se actualiza la causal de improcedencia de litispendencia invocada. Sin que ello implique vulneración a los derechos fundamentales del justiciable, particularmente en el tópico de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, toda vez que tal principio establece que la autoridad que conozca de un asunto, debe pronunciarse respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, lo cual se considera garantizado con la determinación emitida en el expediente -. En ese sumario invocado como hecho notorio, se atendió la demanda desde su presentación en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia, tan es así que se emitió el acuerdo correspondiente, circunstancias que no pueden desconocerse en el presente y patentizan la actualización de la causal de improcedencia invocada en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 24/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Página: 265 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Por lo antes expuesto, se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan en su libelo constitucional y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado -, en virtud a que el mismo tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, más no así a los diversos que refiere toda vez que se no se encuentran dentro del aludido registro en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De igual forma, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que se realice la compensación respectiva del presente juicio de garantías. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, fracciones I, VII y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, este auto se firma de manera electrónica, por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veinte. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social Cereso Mil Cumbres "David Franco Rodríguez", y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-723/2020. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. Mi hermano fue detenido y se encuentra recluido en el cereso Mil Cumbres David Franco Rodríguez, de Charo, Michoacán, y se reclama el haber sido incomunicado y/o llevado a una celda de castigo penal y/o cualquier celda donde está en incomunicación y se encuentran ejecutando en la humanidad de mi hermano actos de tortura vejaciones y malos tratos probablemente ejecutando presión para que declare sobre de alguna cuestión que le perjudique, lesionando con tal actuar las garantías constitucionales que a su favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución General de la República, y el cumplimiento ejecutado por parte de las autoridades que he señalada como responsables en líneas atrás". Este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En el caso, este órgano constitucional advierte que en contra de los actos que se reclaman se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. Mi hermano fue detenido y se encuentra recluido en el cereso Mil Cumbres David Franco Rodríguez, de Charo, Michoacán, y se reclama el haber sido en una celda de castigo ejecutando al quejoso actos de tortura vejaciones y malos tratos probablemente ejecutando presión para que declare sobre de alguna cuestión que le perjudique, lesionando con tal actuar las garantías constitucionales que a su favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución General de la República". Luego, del índice de este juzgado, se advierte el diverso juicio de amparo número V-722/2020, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", mismo que se ordena poner a la vista al momento de emitir la presente determinación, y del cual se desprende que fue promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables a las cuales reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Mi hermano fue detenido y se encuentra recluido en el cereso Mil Cumbres David Franco Rodríguez, de Charo, Michoacán, y se reclama el haber sido incomunicado y/o llevado a una celda de castigo penal y/o cualquier celda donde está en incomunicación y se encuentran ejecutando en la humanidad de mi hermano actos de tortura vejaciones y malos tratos probablemente ejecutando presión para que declare sobre de alguna cuestión que le perjudique, lesionando con tal actuar las garantías constitucionales que a su favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución General de la República, y el cumplimiento ejecutado por parte de las autoridades que he señalada como responsables en líneas atrás". De la transcripción anterior se pone de manifiesto que ambas demandas - presentadas por la misma parte quejosa, coinciden en su texto tanto autoridades responsables como actos reclamados y en general su contenido, lo cual permite establecer que se trata de la misma demanda, presentada en la misma fecha. Motivo por el cual, resulta claro que existe un litigio pendiente promovido por la misma promovente, actos reclamados y autoridades responsables, por lo que es evidente que se actualiza la causal de improcedencia de litispendencia invocada. Sin que ello implique vulneración a los derechos fundamentales del justiciable, particularmente en el tópico de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, toda vez que tal principio establece que la autoridad que conozca de un asunto, debe pronunciarse respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, lo cual se considera garantizado con la determinación emitida en el expediente -. En ese sumario invocado como hecho notorio, se atendió la demanda desde su presentación en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia, tan es así que se emitió el acuerdo correspondiente, circunstancias que no pueden desconocerse en el presente y patentizan la actualización de la causal de improcedencia invocada en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 24/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Página: 265 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Por lo antes expuesto, se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan en su libelo constitucional y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado -, en virtud a que el mismo tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, más no así a los diversos que refiere toda vez que se no se encuentran dentro del aludido registro en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De igual forma, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que se realice la compensación respectiva del presente juicio de garantías. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, fracciones I, VII y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, este auto se firma de manera electrónica, por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa.

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