Rubén Ávalos Chiquito

Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
839/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Rubén Ávalos Chiquito

Actuaciones

  1. Principal

    ..Oficio destacado..

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo aparentemente promovida por *****, en cuanto defensor particular de*********** contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: ".ACTO RECLAMADO.- EL PRETENDER EJECUTAR EN CONTRA DEL QUEJOSO OTRA U OTRAS ORDENES DE APREHENSIÓN, ENTRAR A LAS SALAS DE ORALIDAD, TERRENOS QUE ALVERGA EL CERESO DAVID FRANCO RODRÍGUEZ, PERSONAL SUBORDINADOS SIN ORDEN DE CATEO Y PRETENDER DETENERLE DE MANERA ILEGAL PARA INCOMUNICARLE, TORTURARLE Y MALTRATAR A RUBEN AVALOS CHIQUITO FISICA Y PSICOLÓGICAMENTE." Se ordena formar y registrar los expedientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 839/2022-IV. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Se afirma lo anterior, en virtud de que, si bien la demanda a estudio fue presentada en línea a través del Portal de Servicios Informáticos del Poder Judicial de la Federación; lo cierto es, que la firma que aparece en la misma carece de evidencia criptográfica por parte de Aurelio Alipio Ceja, en cuanto defensor particular de Rubén Avalos Chiquito, así como de este último, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que contemple el dispositivo 108 de la ley de la materia. Luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda Constitucional, es presentando la referida demanda firmada por la impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la parte quejosa de presentarla, por tal motivo no existe instancia de parte agraviada. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019715, del rubro y testo siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento.". Asimismo, tiene aplicación, en lo que en ella interesa, la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías.". Además de que, en el caso, los actos reclamados no se encuentran en los supuestos de excepción de firma electrónica a que refiere el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica.". Es decir, el citado numeral dispone que no se requiere de firma electrónica cuando se promueva demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de la materia que al respecto señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". - Lo que en la especie, no acontece, puesto que no se reclaman actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en razón a que el citado quejoso no se encuentra imposibilitado para hacer valer el juicio Constitucional el mismo, es decir, no se advierte que exista alguna imposibilidad del citado quejoso para promover el juicio Constitucional, por conducto de alguno de su defensor y/o autorizados; aunado a que el acto reclamado no se emitió fuera de procedimiento, como lo establece el citado numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que de conformidad con las autoridades que señaló como responsable, así como de los antecedentes, se advierte que los actos reclamados se emitieron o se pretenden ejecutar dentro de una carpeta de investigación y/o causa penal, al reclamarse la posible ejecución de órdenes de aprehensión derivadas de diversos procesos que el aquí quejoso enfrenta; sin que pase inadvertido que señale, que con ello se pretende detenerle de manera ilegal para incomunicarle, torturarle y maltratarlo física y psicológicamente; puesto que ello, exclusivamente lo hace derivar de la posible ejecución de los actos reclamados dentro de procedimiento y no de manera autónoma o fuera de procedimiento. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHAR la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: (IV Región)1o.3 K (11a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2978, Registro digital: 2024067, que dice: - "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CUANDO AQUÉLLA CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL QUEJOSO, POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto porque la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carecía de la firma electrónica del quejoso, por lo que estimó que no se cumplía con el requisito de instancia de parte agraviada, necesario para su procedencia. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto conforme a los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, cuando la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso, por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, a pesar de las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país generadas por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Justificación: Lo anterior, porque la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de estar firmada electrónicamente por el quejoso, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo. Además, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y 6/2020, que reforma y adiciona aquél, no se estableció ningún caso de excepción distinto a los previstos por el artículo 15, primer párrafo, de la ley citada que eximiera de cumplir con el requisito de firmar electrónicamente la demanda de amparo cuando se presentara por medio del portal señalado. Aunado a que los actos a que se refiere el artículo mencionado son de tal gravedad que el agraviado generalmente se encuentra imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, por lo que puede hacerlo en su nombre cualquier persona, aunque sea menor de edad; motivo por el cual el último párrafo del artículo 109 de la ley invocada establece que en esos supuestos la demanda podrá promoverse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos y que en este último caso no se requerirá de firma electrónica. Por consiguiente, si la parte quejosa no firmó electrónicamente la demanda que presentó a través del Portal de Servicios en Línea, entonces no demostró su voluntad inequívoca de instar la acción constitucional, requisito que debe cumplirse cuando los actos reclamados no sean de los previstos en el artículo 15 citado. Ahora bien, la circunstancia de que la demanda de amparo sea clasificada como urgente no implica que esté exenta de firmarse electrónicamente, pues los acuerdos indicados regularon qué tipo de asuntos tenían ese carácter, pero no que éstos están exentos de cumplir con el requisito de la firma electrónica." - Se tiene al quejoso señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle **** de esta ciudad; autorizando para oír y recibir notificaciones de carácter personal a Arturo Granaos Ávila, Salvador Patiño García y Julián Zetina del Valle, quienes gozarán de toda las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que adjuntaron copia cotejada de sus respectivas cedulas profesionales, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Asimismo, dígasele que no ha lugar a ordenar las notificaciones personales que a su parte correspondan, en el correo electrónico aurelioalipio@outlook.com y número telefónico***************************************** toda vez que en la Ley de Amparo no se contempla dicha forma de notificación; sin embargo, los mismos únicamente se tendrán como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. - En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y- texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a la parte promovente a efecto de que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo Notifíquese personalmente a la parte promovente y al quejoso en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez".

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo aparentemente promovida por *****, en cuanto defensor particular de*********** contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: ".ACTO RECLAMADO.- EL PRETENDER EJECUTAR EN CONTRA DEL QUEJOSO OTRA U OTRAS ORDENES DE APREHENSIÓN, ENTRAR A LAS SALAS DE ORALIDAD, TERRENOS QUE ALVERGA EL CERESO DAVID FRANCO RODRÍGUEZ, PERSONAL SUBORDINADOS SIN ORDEN DE CATEO Y PRETENDER DETENERLE DE MANERA ILEGAL PARA INCOMUNICARLE, TORTURARLE Y MALTRATAR A RUBEN AVALOS CHIQUITO FISICA Y PSICOLÓGICAMENTE." Se ordena formar y registrar los expedientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 839/2022-IV. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Se afirma lo anterior, en virtud de que, si bien la demanda a estudio fue presentada en línea a través del Portal de Servicios Informáticos del Poder Judicial de la Federación; lo cierto es, que la firma que aparece en la misma carece de evidencia criptográfica por parte de Aurelio Alipio Ceja, en cuanto defensor particular de Rubén Avalos Chiquito, así como de este último, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que contemple el dispositivo 108 de la ley de la materia. Luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda Constitucional, es presentando la referida demanda firmada por la impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la parte quejosa de presentarla, por tal motivo no existe instancia de parte agraviada. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019715, del rubro y testo siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento.". Asimismo, tiene aplicación, en lo que en ella interesa, la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías.". Además de que, en el caso, los actos reclamados no se encuentran en los supuestos de excepción de firma electrónica a que refiere el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica.". Es decir, el citado numeral dispone que no se requiere de firma electrónica cuando se promueva demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de la materia que al respecto señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". - Lo que en la especie, no acontece, puesto que no se reclaman actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en razón a que el citado quejoso no se encuentra imposibilitado para hacer valer el juicio Constitucional el mismo, es decir, no se advierte que exista alguna imposibilidad del citado quejoso para promover el juicio Constitucional, por conducto de alguno de su defensor y/o autorizados; aunado a que el acto reclamado no se emitió fuera de procedimiento, como lo establece el citado numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que de conformidad con las autoridades que señaló como responsable, así como de los antecedentes, se advierte que los actos reclamados se emitieron o se pretenden ejecutar dentro de una carpeta de investigación y/o causa penal, al reclamarse la posible ejecución de órdenes de aprehensión derivadas de diversos procesos que el aquí quejoso enfrenta; sin que pase inadvertido que señale, que con ello se pretende detenerle de manera ilegal para incomunicarle, torturarle y maltratarlo física y psicológicamente; puesto que ello, exclusivamente lo hace derivar de la posible ejecución de los actos reclamados dentro de procedimiento y no de manera autónoma o fuera de procedimiento. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHAR la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: (IV Región)1o.3 K (11a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2978, Registro digital: 2024067, que dice: - "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CUANDO AQUÉLLA CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL QUEJOSO, POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto porque la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carecía de la firma electrónica del quejoso, por lo que estimó que no se cumplía con el requisito de instancia de parte agraviada, necesario para su procedencia. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto conforme a los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, cuando la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso, por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, a pesar de las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país generadas por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Justificación: Lo anterior, porque la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de estar firmada electrónicamente por el quejoso, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo. Además, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y 6/2020, que reforma y adiciona aquél, no se estableció ningún caso de excepción distinto a los previstos por el artículo 15, primer párrafo, de la ley citada que eximiera de cumplir con el requisito de firmar electrónicamente la demanda de amparo cuando se presentara por medio del portal señalado. Aunado a que los actos a que se refiere el artículo mencionado son de tal gravedad que el agraviado generalmente se encuentra imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, por lo que puede hacerlo en su nombre cualquier persona, aunque sea menor de edad; motivo por el cual el último párrafo del artículo 109 de la ley invocada establece que en esos supuestos la demanda podrá promoverse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos y que en este último caso no se requerirá de firma electrónica. Por consiguiente, si la parte quejosa no firmó electrónicamente la demanda que presentó a través del Portal de Servicios en Línea, entonces no demostró su voluntad inequívoca de instar la acción constitucional, requisito que debe cumplirse cuando los actos reclamados no sean de los previstos en el artículo 15 citado. Ahora bien, la circunstancia de que la demanda de amparo sea clasificada como urgente no implica que esté exenta de firmarse electrónicamente, pues los acuerdos indicados regularon qué tipo de asuntos tenían ese carácter, pero no que éstos están exentos de cumplir con el requisito de la firma electrónica." - Se tiene al quejoso señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle **** de esta ciudad; autorizando para oír y recibir notificaciones de carácter personal a Arturo Granaos Ávila, Salvador Patiño García y Julián Zetina del Valle, quienes gozarán de toda las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que adjuntaron copia cotejada de sus respectivas cedulas profesionales, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Asimismo, dígasele que no ha lugar a ordenar las notificaciones personales que a su parte correspondan, en el correo electrónico aurelioalipio@outlook.com y número telefónico***************************************** toda vez que en la Ley de Amparo no se contempla dicha forma de notificación; sin embargo, los mismos únicamente se tendrán como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. - En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y- texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a la parte promovente a efecto de que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo Notifíquese personalmente a la parte promovente y al quejoso en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez".

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