Rubén Arriaga Ortiz
Expediente 299/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rubén Arriaga Ortiz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual informa a este juzgado federal, que acepta la competencia planteada por este juzgador en auto de veintidós de abril del año en curso, y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rubén Arriaga Ortíz, el cual la registró con el número 428/2021, de su índice, en consecuencia, este juzgado toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Archivo Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, y una vez que sea notificado este acuerdo y se cuente con el acuse de recibo, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del inciso c), fracción I del artículo 20, contenido en el capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos. Expedientes auxiliares; a) Cuadernos de antecedentes; ..." En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE...MESA 9
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual se advierte que recibió el juicio de amparo 299/2021 y sus anexos, con motivo de la incompetencia declinada por este juzgador en auto de veintidós de abril del año en curso; y toda vez que del mismo se advierte que fue turnado al Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por lo anterior, este juzgado federal toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE...MESA 9
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Rubén Arriaga Ortíz, por medio del cual hace diversas manifestaciones en el sentido que está de acuerdo con la incompetencia declinada por este juzgador en auto de veintidós de abril del año en curso. Señala domicilio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el ubicado en Avenida Bosque alto, número doscientos cuarenta y cinco, Edificio H, departamento seiscientos tres, colonia Lomas Verdes Primera Sección, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Señala usuario para acceso. Finalmente, con fundamento, el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente se encuentra registrada en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario Mecfederales, se le autoriza para tener acceso al expediente electrónico y promover por la misma vía, en términos de los artículos 14, 34, 35, 45 y 48 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. NOTIFÍQUESE...MESA 9
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Rubén Arriaga Ortiz, por propio derecho, contra actos que reclama del Comisario de la Guardia Nacional Armenta Guzmán José Fidel Titular de Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Ciudad de México y otra autoridad. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 299/2021, así como en el Sistema seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. En principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Lo anterior, en virtud que, la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora bien, del estudio integral de la demanda que se atiende se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Ahora, técnicamente la competencia para conocer de una demanda de amparo biinstancial se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, sobre la base de que sólo así la parte quejosa puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza de los actos reclamados por la quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia, se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV (Agosto de 2001), visible en la página 1299, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso, de la lectura integral de la demanda, se advierte que en esencia, la quejosa reclama: Los actos de autoridad consistente en la falta de notificación de los oficios, exhortos, requisitorias o cualquier otro a través de los cuales la autoridad responsable haya ordenado la suspensión de actividades, así como, el bloqueo, retención o suspensión de las percepciones del quejoso, con motivo del servicio que desempeña en la Subestación de la Guardia Nacional Pirámides, sito en kilómetro 27+800, carretera 820, entre Morelos, entre Carretera Pachuca-Tuxpan, Municipio de San Martin de las Pirámides, Estado de México. Cabe mencionar que la quejosa, en el apartado de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, indicó que tiene asignado el número de empleado 3852, asimismo, que cuenta con el grado Oficial, y que el día siete de abril del año en curso se presentó al lugar donde desempeña su servicio siendo éste en la Subestación de la Guardia Nacional Pirámides, sito en kilómetro 27+800, carretera 820, entre Morelos, entre Carretera Pachuca-Tuxpan, Municipio de San Martin de las Pirámides, Estado de México. Así, de lo anterior se advierte que los actos controvertidos conllevan una ejecución material en el lugar donde presta sus servicios, en virtud de que la quejosa reclama la suspensión de actividades, así como, el bloqueo, retención o suspensión de las percepciones del quejoso, con motivo del servicio lo desempeña en la Subestación de la Guardia Nacional Pirámides, sito en kilómetro 27+800, carretera 820, entre Morelos, entre Carretera Pachuca-Tuxpan, Municipio de San Martin de las Pirámides, Estado de México; que se traducen en actos positivos con ejecución material para los fines del juicio de amparo; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la legislación de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; esto es, en el Municipio de San Martin de las Pirámides, Estado de México, en razón de que, como se desprende de párrafos anteriores, el lugar donde desempeña el servicio que presta se encuentra en esa localidad. En ese contexto, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, por ejercer jurisdicción en San Martin de las Pirámides, Estado de México. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dela Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 65, Segunda parte, visible en la página 15, que reza: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así como por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia 2a./J 13/95, de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I (Junio de 1995), consultable en la página 107, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, en la especie, los actos reclamados referidos en párrafos que anteceden, versarán respecto de la constitucionalidad de las actuaciones por parte de las autoridades señaladas como responsables, cuyos efectos y consecuencias son ejecutables en San Martin de las Pirámides, Estado de México, cuya circunscripción territorial es de la competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad Nezahualcóyotl. De lo anterior se advierte que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, pues se reitera, el lugar donde se ejecuta el acto reclamado es en la Subestación de la Guardia Nacional Pirámides, sito en kilómetro 27+800, carretera 820, entre Morelos, entre Carretera Pachuca-Tuxpan, Municipio de San Martin de las Pirámides, Estado de México; por tanto, es en esa circunscripción territorial, donde el impetrante ha resentido los efectos de los actos que se reclama, por ende, es evidente que se surte la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y es así que se surte la competencia a los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar donde se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en San Martin de las Pirámides, Estado de México. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 53/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de los juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo que se trata, estimando que debe remitirse junto con sus copias al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, ya que se considera que es el competente para su conocimiento, solicitando de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, informe a este juzgador si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de estilo correspondiente. Sin que en el caso resulte procedente proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, acorde a lo dispuesto por el artículo 48, con relación al diverso precepto 17, ambos de la ley de la materia, en razón de que no se reclama alguno de los actos previstos en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con copia de la demanda de garantías y con el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio no ha lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, en esa tesitura, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la misma, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. En relación al correo electrónico que proporciona el quejoso en su escrito de demanda asesorialegal.avila@gmail.com, a fin de que por esa vía se realicen las notificaciones, debe señalarse que si bien, el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícese por única ocasión la notificación del contenido del presente acuerdo a través del correo electrónico señalado por el promovente, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes; sin que con lo anterior se contravenga lo acordado en párrafos que preceden, respecto a la notificación por lista. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda así como las demás personas a las que menciona, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.mesa 9
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