Rubén Armando Escobar Frutis

Expediente 421/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
421/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Rubén Armando Escobar Frutis

Actuaciones

  1. Principal

    ...Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta hecha por el Secretario de este Juzgado, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de mayo del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho; por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Rubén Armando Escobar Frutis, por propio derecho, contra actos del Fiscal Decimosexto adscrito a la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 421/2019/V-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como actos reclamados: La negativa para recibir su comparecencia a fin de rendir su declaración y aportar datos de pruebas en la carpeta de investigación 2519/2019. La solicitud ilegal de informes relacionados con la salud y vida privada. En ese sentido, si la integración de una carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Fiscal o Agente del Ministerio Público, en el ámbito de sus atribuciones reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, 61, fracción XII y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que la suscrita estima que la demanda que se intenta deviene improcedente y debe desecharse atendiendo a los siguientes argumentos. La interpretación de los referidos numerales permite establecer que la legitimación para promover el amparo se limita a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Por ende, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional -sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo-; esto es, no solo deben ser titulares del derecho, sino además debe existir una afectación o perjuicio por el acto de autoridad. Al respecto, conviene destacar que si bien el Fiscal o Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación en su fase inicial actúa como autoridad, pues el artículo 21 Constitucional dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes; a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, sus posesiones o derechos, lo cual no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. En ese sentido, si el quejoso se duele de la negativa por parte de la Fiscalía, que señala como responsable, a recibirle su declaración, así como los informes que solicitó a diversas dependencias en la carpeta de investigación 2519/2019, que aduce se sigue en su contra, ello en modo alguno le repara perjuicio en sus derechos humanos, pues no constituyen un acto que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho humano contenido en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trata, incluso refiere que se pretende obtener información personal y privada no de él, sino de su tía Dina María Escobar Herrera. En ese orden de ideas, es evidente que las actuaciones reclamadas por el promovente, en caso de existir, no son actos de imposible reparación que afecten sus derechos humanos, como podría ser una orden de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestra de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, toda vez que no constituyen una determinación que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente originan un acto procesal para el esclarecimiento de los hechos delictivos que a consideración del ministerio público pudieran actualizar alguna conducta ilícita y en caso de que se configure proceder a su consignación y el juez competente determine si es procedente iniciar el procedimiento judicial en contra del indiciado. Ello se considera así, dado que la integración de la carpeta de investigación no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, pues considerar lo contrario, entorpecería la facultad del Fiscal de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, se reitera que, el fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan allegarse de datos para su esclarecimiento, lo que no implica necesariamente, la citación del inculpado, ya que inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el Ministerio Público podrá ordenar la comparecencia del quejoso cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, lo que no se traduce en una obligación. En tales condiciones, es claro que no existe obligación por parte del órgano técnico de investigación de dar intervención al quejoso en la investigación ministerial, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa, cuenta habida que, como se precisó, al no existir disposición constitucional o legal alguna que establezca que necesariamente deba solicitarse su comparecencia para la integración de una carpeta de investigación, en la que se le imputen hechos o que se le cite para que se imponga de su contenido, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado. Máxime que, en todo caso, el perjuicio que pudiera materializarse será cuando sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias; de ahí que, hasta ese momento no se produce afectación alguna en su situación jurídica. Tiene aplicación al caso, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 10 de noviembre de 2017 10:21 h, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.". De igual forma, se cita, por su sentido y alcance, el criterio sustentado en la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, agosto de dos mil dieciséis, Tomo IV, página dos mil quinientos noventa y dos, criterio que se comparte, de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Así como la jurisprudencia 1a./ J. 154/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, mayo de 2006, página 49, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en la que se estableció que la omisión de citar al inculpado no trasciende irreparablemente a la esfera del gobernado al no irrogarle perjuicio. En esas condiciones, se estima que el acto reclamado no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la citada causa de improcedencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Lo anterior, sin que se inadvierta la existencia de la jurisprudencia PC.I.P. J/50 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, página 1594, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA.", toda vez que fue emitida por el Pleno de un circuito diverso, por lo que no es vinculante para este órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda y como autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Gaudencio Hernández López, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal y, con las restricciones que impone tal precepto a Adriana Elvira Aguilar Maldonado, toda vez no cuenta con tal registro. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo vigente, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a Juan Gaudencio Hernández López, con clave de usuario "GaudencioHernandez" el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta en el juicio de amparo en que se actúa y estar en posibilidad de realizar promociones pertinentes vía electrónica; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Ismael Arroniz Palacios, que autoriza y da fe.

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