Ruben Ariguznaga Martinez

Expediente 50/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
50/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Ruben Ariguznaga Martinez
  • Sucesión Instestamentaria a Bienes de Margarita de Hoyos Cota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Jaime Xicoténcatl Palafox Toscano, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio y la devolución de los documentos que exhibió en autos; en consecuencia, se acuerda: Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, expídanse copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Por otra parte, de conformidad con -el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase devolución de los documentos en comento, previo cotejo y certificación de las copias que se dejen en autos; autorizando para recibirlos a las personas que indica en su ocurso de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en un tomo.

  3. Principal

    Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la ***, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del aviso de tres de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la tercero interesada, por lo que se ordena la notificación del auto de dos de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA SOCORRO DE HOYOS ARREOLA, ALMA REYNA DE HOYOS ALMADA, BEATRIZ DE HOYOS MITRE, EN SU CARÁCTER DE ALBACEAS MANCOMUNADAS DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MARGARITA DE HOYOS COTA, publicada el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Se tiene por recibido y se ordena agregar en autos, el escrito presentado por el tercero interesado Jaime Xicoténcatl Palafox Toscano, a través del cual ofrece prueba testimonial. Ahora bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo, dispone que es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o al derecho, y señala que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Luego, dicho precepto debe interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta a la suscrita Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o extemporáneas. Del escrito de cuenta se aprecia que la parte quejosa ofrece como medio de prueba el siguiente: Testimonial. Por lo que respecta a la prueba antes enumerada de conformidad con lo establecido en el artículo 119, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, se desechan por inconducentes e innecesarias, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, de acuerdo a lo que disponen los artículos 119, 121, 122, y 124 de la Ley de Amparo, así como los numerales 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa del artículo 2º de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse toda clase de pruebas, a excepción de la confesional por posiciones. Ahora bien, se advierte que la prueba testimonial fue ofrecida a fin de acreditar la propiedad del inmueble identificado como lote 3, de la manzana 13, del fraccionamiento Acapulco en esta ciudad, y con ello desacreditar el interés jurídico de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sin embargo, la testimonial que ofrece el promovente no es el medio de prueba idóneo para lo cual fue ofrecida, ello es así, pues la propiedad de un inmueble, es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, por lo que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo Consecuentemente, si dicha prueba que ofrece no satisface el requisito de idoneidad por lo cual fue ofrecida, debe ser desechada porque su ofrecimiento resulta contrario a derecho y en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirlas en términos de lo previsto en los mencionados artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, por razones de economía procesal, su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final. Sirve de guía a lo anterior por su contenido, la Tesis XXI.20.48 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Febrero de 1995, Tomo XV, Materia Civil, página 176, que señala lo siguiente: "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo."

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