Rubén Antonio Pérez Sandi Hurtado

Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
334/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Rubén Antonio Pérez Sandi Hurtado
  • Rubén Antonio Pérez Sandi Hurtado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3268/2023, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, contra la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; quedando registrado dicho recurso con el consecutivo 156/2023, de su índice; quedando a la espera de lo resuelto por la superioridad.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta téngase por recibido el oficio 13052/2023, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero; por medio del cual devuelve el exhorto 134/2023, orden 167/2023-VIII, de su índice estadístico, formado con motivo de nuestro diverso 152/2023/IV-A, número de orden 184/2023/IV-A, derivado del presente juicio de amparo 334/2022-IV, debidamente diligenciado, por tanto agréguese a los autos el oficio y exhorto de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a expedir el acuse respectivo, dado que el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) lo genera de manera automática. Hágase la anotación en el Libro Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro contexto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión, hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia constitucional terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Ahora, toda vez que se encuentra debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, remítase el escrito original de agravios, juntamente con el original de los presentes autos, así como los cinco tomos de pruebas, al Presidente del Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el accionante Rubén Antonio Pérez Sandi Hurtado, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó y se negó el amparo y protección en el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en comento; por tanto, distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, mediante oficio con transcripción de este auto. Ahora bien, una vez que el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, en cuanto obre en autos constancia de notificación de la totalidad de las partes del presente proveído, como de la sentencia dictada; fórmese cuaderno de antecedentes, remítase el original del escrito de agravios junto con los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Por lo que se comisiona a los Actuarios Judiciales de la adscripción para que notifiquen mediante el oficio respectivo, a la autoridad responsable local, y le corran traslado con una copia simple del escrito de agravios e interposición del recurso de revisión hecho valer en autos. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, de autos se advierte que las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial, Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial y Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con residencia en Ciudad Madero; así como el Juez de Control de la Sexta Región del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; se encuentran domiciliadas fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal; por tanto, en obvio de dilaciones innecesarias, con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto en línea al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional: Comisione a quien corresponda, a efecto de que se constituya en los domicilios de dichas responsables, a fin de que les notifique el oficio derivado del presente proveído y les corra traslado con copia simple del escrito de agravios; así como, las misivas del fallo constitucional recurrido. En la inteligencia que deberá recabar el acuse de recibido de dichas notificaciones, solicitándole respetuosamente al similar jerárquico que le corresponda diligenciar la comunicación oficial que derive del presente proveído remita únicamente las constancias relativas a la encomienda solicitada (constancias de notificación), lo anterior con la finalidad de no duplicar constancias. Sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera al enviarse. Asimismo, se faculta al Juez exhortado para que, de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para que el fedatario que comisione, pueda efectuar la encomienda solicitada. Notifíquese personalmente, y mediante exhorto a las autoridades responsables foráneas. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Julio César Cruz García, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez de Control de la Sexta Región Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, Comandante de la Policía Judicial, y Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas; y, Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con asiento en esta ciudad; que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Actos los cuales no se transcriben por no ser necesario. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le compete; se tuvo con el carácter de tercero interesados a Reyes Cortés Medina y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, quienes fueron emplazados legalmente; por auto de diez de mayo de dos mil veintidós (foja 91), se tuvo como inexistente a la autoridad Comandante de la Policía Judicial de Ciudad Madero, Tamaulipas; posteriormente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la orden de reaprehensión reclamada puede tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten, en: La orden de reaprehensión librada en contra del quejoso RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, el quince de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 192/2012, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, en agravio de Reyes Cortés Medina; y, La ejecución o cumplimiento de la orden de reaprehensión. TERCERO. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas y Juez de Control de la Sexta Región en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Altamira, Tamaulipas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (foja 23 a 26); lo anterior, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con medio de prueba alguna. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en relación con las citadas autoridades responsables. CUARTO. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, al rendir su informe justificado (fojas 28 y 29) aceptó la existencia de una orden de reaprehensión en contra del quejoso, por lo que tal acto se tiene como legalmente cierto. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo de dicho informe, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya señalado como acto reclamado en su demanda de amparo la orden de aprehensión, y del informe justificado de la citada autoridad responsable se desprenda que existe en su contra una orden de reaprehensión, pues evidentemente existió error en la denominación del acto reclamado; de ahí que este juzgador proceda a examinar la constitucionalidad del que aparece probado. Tal proceder no implica, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 79/99-PS; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 287, Materia Penal, registro digital 189287, cuyo rubro y teto rezan de la siguiente manera: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." Por su parte, la diversa autoridad responsable Comisario o Jefe de la Policía Investigadora, con asiento en Ciudad Madero, Tamaulipas, omitió rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada del auto por el cual se le requirió, como se aprecia del acuse de recibo que obra a foja 95; en tal virtud, de conformidad con el párrafo cuarto, del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto de ejecución que se le atribuye. A su vez, la autoridad responsable Encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa tomando en consideración que dada la naturaleza de sus funciones y por haber sido señalada por la parte quejosa como ejecutora, a ella corresponde ejecutar o auxiliar en la ejecución de la orden de reaprehensión aceptada por el juez segundo penal de Ciudad Madero, Tamaulipas, por lo que se acredita el acto atribuido a dicha autoridad ejecutora. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. Las causas de improcedencia son de orden público, por lo que deben ser analizadas previamente al estudio de fondo del asunto, a pesar de que las partes lo aleguen o no, en términos del último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no invocaron causal de improcedencia alguna, así como tampoco este juzgador advierte de oficio que se actualice. SEXTO. Procede el análisis referente al acto reclamado consistente en: La orden de reaprehensión librada en contra del quejoso RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, el quince de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 192/2012, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, en agravio de Reyes Cortés Medina. Para ello, debe realizarse el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sin que se advierta deficiencia de la queja que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, previo a exponer los motivos que sustentan dicha aseveración, es necesario efectuar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, lo que se llevará a cabo tomando consideración las constancias remitidas por el juez que aceptó el acto, que obran en tomos por separado, que ya fueron valoradas y, entre las que destaca que: I. En auto de veinticinco de julio de dos mil doce, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, radicó la causa penal 192/2012, instruida al hoy quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, en agravio de Reyes Cortés Medina (foja 137 del tomo uno de pruebas). II. El diecisiete de octubre de dos mil doce, el juzgado responsable libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo (foja 160 a 176 del tomo uno de pruebas). III. Cumplimentada la orden de aprehensión, el doce de noviembre de dos mil doce, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso por haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude específico, así como su probable responsabilidad en su comisión (foja 408 a 427 de tomo uno de pruebas). IV. Posteriormente, con motivo de un juicio de amparo promovido por el inculpado y aquí quejoso, se dictó auto de libertad a favor de éste el veintiocho de enero de dos mil catorce (foja 646 a 659 del tomo dos de pruebas). V. La parte ofendida y aquí tercero interesado promovió diverso juicio de amparo en contra de la resolución indicada en el punto anterior, el cual le fue concedido y con motivo del cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se dictó de nueva cuenta auto de formal prisión en contra del hoy quejoso el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude (foja 1628 a 1669 del tomo cuatro de pruebas). VI. Con motivo de lo anterior, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable requirió al inculpado para que en el término de tres días, a partir de la notificación correspondiente, se sometiera a su jurisdicción, solicitando la libertad bajo caución y exhibiéndola, o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se ordenaría su reaprehensión (foja 1670 del tomo cuatro de pruebas). VII. Al no cumplir con dicho requerimiento, el juzgado responsable dictó orden de reaprehensión en contra del inculpado y aquí quejoso el cuatro de abril de dos mil diecisiete (foja 1710 a 1712 del tomo cuatro de pruebas). VIII. En contra de tal determinación, el hoy quejoso promovió diversos juicios de amparo, siendo que en uno de ellos le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que se dejara sin efectos la reaprehensión de mérito y le fuera notificado personalmente el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; lo cual se ordenó en auto de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 1808 del tomo cuatro de pruebas). IX. Una vez realizada dicha notificación y sin que el inculpado diera cumplimiento al auto en comento, de nueva cuenta el juez responsable dictó un auto el seis de agosto de dos mil veinte, en el que le requirió de nueva cuenta que en tres días, a partir de su notificación, se sometiera a su jurisdicción, solicitando su libertad bajo caución y exhibiéndola o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no hacerlo se libraría orden de reaprehensión en su contra (foja 1891 del tomo cinco de pruebas). X. El referido auto de seis de agosto de dos mil veinte, le fue notificado al inculpado y su defensor, el diecisiete de septiembre del mismo año (foja 1970 a 1977 del tomo cinco de pruebas). XI. Al no dar cumplimiento el hoy quejoso al requerimiento realizado por el juzgado responsable, le hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que libró orden de reaprehensión en su contra el quince de febrero de dos mil veintidós (foja 2053 a 2057 del tomo cinco de pruebas), lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Como se adelantó, resultan infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa ya que no le asiste razón, pues la orden de reaprehensión reclamada cumple con las formalidades exigidas para su emisión, ya que el quejoso se encuentra en libertad bajo ningún concepto legal. En efecto, de los antecedentes citados conforme a las constancias de autos, se aprecia que la orden de reaprehensión reclamada fue emitida con motivo de que la parte ofendida y aquí tercero interesado promovió un juicio de amparo en contra de la resolución de veintiocho de enero de dos mil catorce, en la que se había dictado auto de libertad a favor del inculpado y aquí quejoso. Así es, el referido amparo le fue concedido a la parte ofendida en la causa penal de origen y con motivo del cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se dictó de nueva cuenta auto de formal prisión en contra del hoy quejoso el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude; por ello, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable requirió al inculpado para que en el término de tres días, a partir de la notificación correspondiente, se sometiera a su jurisdicción, solicitando la libertad bajo caución y exhibiéndola, o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se ordenaría su reaprehensión. Dicho auto del mes de noviembre indicado en el párrafo anterior, le fue notificado al inculpado, sin que diera cumplimiento a lo requerido; por ende, de nueva cuenta el juez responsable dictó un auto del seis de agosto de dos mil veinte, en el que le requirió que en tres días, a partir de su notificación, se sometiera a su jurisdicción, solicitando su libertad bajo caución y exhibiéndola o internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; con el apercibimiento que de no hacerlo se libraría orden de reaprehensión en su contra; siendo que el mencionado auto de seis de agosto de dos mil veinte, le fue notificado al inculpado y su defensor, el diecisiete de septiembre del mismo año (foja 1970 a 1977 del tomo cinco de pruebas). Y, al no dar cumplimiento el hoy quejoso al requerimiento realizado por el juzgado responsable, le hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que libró orden de reaprehensión en su contra el quince de febrero de dos mil veintidós (foja 2053 a 2057 del tomo cinco de pruebas), lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Lo anterior, máxime que, como se dijo, se dictó un auto de formal prisión en contra del hoy quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude; de ahí que, se reitera, el impetrante del amparo se encuentra en libertad bajo ningún concepto legal. Sin que pase inadvertido que el juzgado responsable hizo del conocimiento del encausado y su defensor que debía someterse a su jurisdicción, habida cuenta que se dictó en su contra el referido auto de formal prisión; por lo que ante su desacato a una orden legitima fue que se libró su reaprehensión. Así es, el juez responsable correctamente dejó establecido en la determinación que se le reclamada, que la conducta del inculpado y aquí quejoso evidencia su nulo interés de someterse a su jurisdicción, advirtiendo un claro desacato del procesado a una orden suya; aunado a que por la naturaleza del delito, el cual se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad, y se le dictó auto de formal prisión; que al no haber caución alguna que garantice su libertad, es que ordenó girar orden de reaprehensión en su contra a fin de que se instruya el proceso respectivo. Por lo tanto, a consideración de este juzgador se estima legal el proceder del juez responsable. En efecto, la determinación de la juez penal resulta ajustada a derecho, pues el impetrante conoce de la existencia del proceso penal que se sigue en su contra y de su estado procesal, esto es, que se encuentra bajo los efectos del auto de formal prisión decretado en su contra por el delito de fraude; ilícito que contempla una pena privativa de la libertad. En ese contexto, el quejoso alega que el acto reclamado vulnera los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, pues refiere que no ha cometido delito alguno que amerite privación de su libertad, que no se siguió el debido proceso y, además, que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, conceptos que, como se dijo resultan infundados. Ello es así, dado que como se advierte de autos, en la especie no se aplicó alguna ley retroactivamente en perjuicio del ahora quejoso, sino las vigentes al momento de emitir el acto reclamado; tampoco se conculcó la garantía de legalidad del proceso, pues, según se aprecia, se siguieron las formalidades del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se afirma lo anterior, al ser el acto reclamado una orden de reaprehensión, en la que previo a su emisión, se le hizo saber al quejoso y su defensor que con motivo del dictado del auto de formal prisión, debía someterse a la jurisdicción del juzgador de origen, y al no haberlo hecho en el plazo que se le otorgó para tal efecto, es que se libró la misma. Aquí es oportuno mencionar que la orden de reaprehensión constituye un acto de molestia, respecto del cual, no rige la garantía de previa audiencia a la emisión de tal acto, como lo sostuvo en la tesis P.XXI/98, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro electrónico 196553, que dice: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y VII, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA. En síntesis, la norma citada establece que cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se le revocará cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto o no cumpla con alguna de las obligaciones que contrajo al obtener el beneficio. Ahora bien, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las garantías de libertad, de audiencia previa, y al principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular; luego, la revocación de la libertad provisional bajo caución, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución de la pena, también es una excepción a las citadas garantías porque, no obstante que priva de la libertad al procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, de ahí que en este caso no requiere darse audiencia previa al inculpado sino posterior, máxime que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad provisional bajo caución, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la práctica jurisdiccional." Por lo expuesto, se considera que no existe violación del artículo 14 constitucional, en perjuicio del quejoso. Tampoco se advierte transgresión al diverso 16 constitucional, porque el acto reclamado fue emitido por un juez competente; de lo anterior, válidamente se puede colegir que la actuación del juez responsable se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones, pues aunado a que es autoridad legalmente competente para conocer de la instrucción de procesos en materia penal, tiene facultades para imponer las medidas que estime necesarias para la prosecución del juicio penal, hasta la conclusión del mismo, entre ellas, el dictado de la orden combatida. En relación a lo antes dicho, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la autoridad responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuraron las hipótesis jurídicas, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, es decir, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, al encontrarse comprobado que se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso y que dicho mandamiento no se había ejecutado, fue legal que se previniera al mismo para que se sometiera a la jurisdicción del juez natural, y al no haberlo hecho en los precisos términos que se le notificaron y a su defensor, fue correcto que se librara orden de reaprehensión en su contra. Siendo consecuencia del auto de formal prisión decretado por un delito que amerita pena privativa y que el procesado se encuentre bajo prisión preventiva hasta que cause ejecutoria la sentencia que se emita en el proceso penal. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Octubre de 1992, página 419, Materia Penal, registro digital 218317, que dice: "REAPREHENSIÓN, ORDEN DE. POR SÍ SOLA NO VIOLA GARANTÍAS CUANDO EMANA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. No es violatoria de las garantías individuales que tutelan los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, por sí sola la determinación del juez de la causa en el sentido de que una vez quedado el auto de formal prisión firme, procedió al dictado de la orden de reaprehensión reclamada, la cual en ninguna manera puede estimarse como inconstitucional por ser consecuencia directa de lo anterior, si de todos modos la quejosa ya está sujeta al auto de bien presa y lo único que se persigue es que el reo continúe en la situación jurídica ya existente." Asimismo, por las consideraciones que la sustentan, la tesis visible en la página 430, Tomo XV-2, del mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra dice: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN, ES INMINENTE SI SE HA DICTADO PRISION PREVENTIVA CONTRA EL QUEJOSO. No obstante que las autoridades responsables hayan negado la existencia de la orden de reaprehensión, su pronunciamiento es inminente si el quejoso compareció a rendir su declaración preparatoria bajo los efectos de la suspensión concedida en diverso juicio de garantías, pues al dictarse auto de formal prisión en su contra, implica que deba ordenarse su reaprehensión para quedar a disposición del juez de su causa y pueda instruírsele el proceso respectivo, teniendo en cuenta que el ilícito cometido se sanciona con pena privativa de libertad." Al margen de todo lo anterior, queda claro para el suscrito juzgador que el ahora amparista tiene pleno conocimiento de la situación que guarda en relación con el proceso penal que se le instruye, ya que ello quedó evidenciado con la multitud de juicios de amparo que previamente ha promovido, es decir, en diversos autos se le ha reiterado que debe someterse a la jurisdicción del juez natural con motivo de que se dictó en su contra un auto de formal prisión, y por cuestiones de técnica procedimental han tenido que reiterarse, pero eso no elude que el quejoso conozca su contenido y esté en condiciones y obligación de acatarlos. Lo anterior, da pauta a establecer que efectivamente el quejoso sabía la forma en que debía proceder, y al no hacerlo así, el juez responsable libró correctamente en su contra orden de reaprehensión. En consecuencia, al no advertirse queja deficiente que suplir que pueda beneficiar al quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo se hace extensiva a las autoridades ejecutoras indicadas en el considerando cuarto, dado que el acto que se les reclamó no fue por vicios propios, sino como consecuencia del de la ordenadora. Sustenta lo dicho, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 357, Materia Común, registro digital 207616, que dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 334/2022-VI, promovido por RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí precisados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando cuarto, por los motivos legales expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, hoy dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con el secretario de juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.

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