Ruben Altamirano Martínez
Expediente 301/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ruben Altamirano Martínez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 301/2022-I Puebla, Puebla, siete de abril de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 301/2022. Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por , contra actos del Fiscal General .., la lectura integral de la demanda de amparo revela que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora, vengo a reclamar la orden de búsqueda, aprehensión y detención que han girado en mi contra y de la señalada como ejecutora reclamo el cumplimiento de la misma que pretende llevar a cabo a través de sus subordinados teniendo como consecuencia inmediata la privación de mi libertad personal.". Dicho acto, se lo atribuye a las autoridades siguientes: ".fiscal general del estado, al ciudadano agente investigador del ministerio público mesa primera y segunda par y non del distrito judicial de Tepeaca, Puebla, al ciudadano agente del ministerio público del municipio de Acajete, Puebla, al ciudadano agente del ministerio público del municipio de Tepatlaxco, Puebla.". La transcripción anterior evidencia que el quejoso señaló como acto reclamado una orden de aprehensión. Sin embargo, el libramiento de una orden de aprehensión o cualquier otra determinación similar reclamadas a las fiscalías señaladas como responsables, actualiza dos causas de improcedencia con las características de indudables y manifiestas, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con los artículos 16, párrafo tercero y 21 constitucionales y 107, fracción IV de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Respecto de la primera causa de improcedencia se tiene que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada de manera exclusiva a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional, párrafo tercero y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención salvo que se trate de un causo urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16, párrafo sexto, Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, constituye una restricción extraordinaria al derecho a la libertad personal, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión. En específico, el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como requisitos: que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que se presentaron en su domicilio individuos que dijeron ser agentes de la Policía Ministerial adscritos al Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, quienes le manifestaron a sus familiares que tenían la intención detenerlo, lo que diluye cualquier posibilidad de que existan las condiciones extraordinarias antes mencionadas. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone el quejoso, se desarrolla una investigación en su contra, pero no que el Fiscal General del Estado o alguno de los Agentes del Ministerio Público ordenara detenerlo; ya que una orden de detención o aprehensión sólo puede ser emitida por una autoridad jurisdiccional. Por otra parte, en cuanto a la segunda causa de improcedencia, se tiene que el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos, y ese proceso de investigación no debe ser obstaculizado por cada acto que pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Sin pasar por alto que, durante la investigación inicial, de forma excepcional, la representación social puede ejecutar actos de investigación que pudieran quebrantar los derechos fundamentales, como la extracción de fluidos, la intervención de comunicaciones, las órdenes de cateos, entre otras. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama la emisión y ejecución de una orden que el Fiscal General del Estado o algunos de los agentes del Ministerio Público señalados como responsables han dado para realizar algún acto de investigación para recabarle su entrevista, con independencia de la calidad que tenga en la investigación (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra una orden de búsqueda, aprehensión y detención o cualquier otra determinación similar, reclamadas a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Domicilio procesal. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este juzgado. Autorización para la toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo , el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", Notifíquese por lista al quejoso.
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