Ruben Alfredo Porras Torrres
Expediente 658/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ruben Alfredo Porras Torrres
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 [prorrogado con el diverso 16/2022], publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Rubén Alfredo Porras Torres, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México. Regístrese el expediente 658/2022-VIII en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Del ocurso de demanda se advierte que la solicitante de amparo reclama: A. El acuerdo de ejecución que ordena entregar la posesión del cincuenta por ciento (50%) de la superficie de terreno que ampara el título de propiedad 0056813 de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, ante la omisión del Juez Décimo Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en la Ciudad de México de notificar la propuesta de partición del bien inmueble a liquidar y que debió presentar Rosa María Barrera Barrera, dentro del incidente de ejecución de sentencia sobre la liquidación de la sociedad conyugal tramitado contra el quejoso en los autos del Juicio Ordinario Civil 413/2008. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narra: - El quejoso contrajo matrimonio con Rosa María Barrera Barrera, señalada como tercera interesada, en el año de mil novecientos ochenta y uno, bajo el régimen de sociedad conyugal. Disuelto dentro del expediente 413/2008 mediante sentencia de uno de octubre de dos mil ocho. - En resolución del incidente de liquidación de la sociedad conyugal se determinó adjudicar a partes iguales el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad del bien ubicado en la sección La Palma, en el municipio de Catemaco, Veracruz. - El referido inmueble fue adquirido por el quejoso en el año mil novecientos ochenta y nueve, según instrumento inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. - Reconoce que la tercera interesada tiene derecho al cincuenta por ciento de la propiedad del inmueble mencionado, sin que se haya procedido al deslinde correspondiente para entregar la parte correspondiente del referido bien. - Al modificarse la sentencia interlocutoria se determinó: .en su oportunidad deberán remitirse los autos con carácter devolutivo al Notario Público que designen los interesados para el otorgamiento de escrituras. No obstante, refiere nunca fue requerido para firmar escritura respecto del lote 84 de la colonia Agrícola Sontecomapan, sección La Palma, en el municipio de Catemaco, Veracruz con superficie de veintiocho hectáreas. A pesar de ello, el martes doce de julio del año en curso, se presentó la tercera interesada, quien manifestó acudía a tomar posesión de las catorce hectáreas de terreno que le corresponden, sin que le haya notificado la autoridad cuál es la superficie, medidas y colindancias que debía entregar. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del primero de los artículos de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa. Por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Asimismo, que el amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es menester que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Pudiendo impugnarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Al respecto, el precepto 107, fracción IV, de la ley de la materia establece que por "última resolución" ha de entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De acuerdo con lo previsto por el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución. Asimismo, el párrafo segundo de dicha fracción regula que, en los actos de ejecución de sentencia, la última resolución dictada en el procedimiento respectivo es la entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo expuesto se obtiene que la causa de improcedencia invocada determina que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio, esto es, en el período de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo indirecto, en razón que se pretende evitar abusos en la promoción del juicio de amparo. Hipótesis que, de tolerarse, resultarían consecuentes con la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias. Las cuales, por razones de interés social no se pueden entorpecer o dilatar por mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo anterior implica, a contrario sensu, si se trata de actos de un tribunal judicial emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no sean la última resolución dictada en esa etapa. Por tanto, resulta evidente que el amparo indirecto es improcedente contra la resolución que ordena entregar la posesión del cincuenta por ciento (50%) del inmueble descrito, sin que existe partición del bien. Entonces, no se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Consecuentemente, deviene improcedente el juicio de amparo para combatir dicho acto reclamado. No constituye una última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. Al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado. Ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia. Y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. En todo caso, la parte quejosa estará en aptitud de combatirla una vez se dicte la última resolución en ejecución, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Sin dejar de mencionar al promovente debe acudir ante el juez responsable para proponer o precisar la forma para dividir el terreno que forma la sociedad conyugal o en su caso aceptar u oponerse a la propuesta de su contraparte. Y no será hasta que dicho juzgador declare cumplido su fallo o ponga en evidencia un impedimento para hacerlo, que podrá acudir al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por el concepto jurídico que encierra en cuanto acota la procedencia del amparo contra actos dentro de la fase ejecutiva de una sentencia, la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable, en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, materia: (Civil, Común), Décima época, Registro: 2022499, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo motivo del presente juicio. No se deja de mencionar el ocurso constitucional incumple con diversos requisitos formales como es la copia de traslado completa de los anexos para correr traslado a las partes. Tampoco narra completos los antecedentes procesales del juicio natural a efecto de indicar lo actuado dentro de la sección de ejecución entre el año dos mil nueve y la presente data. Si se ha emitido algún mandato y en qué sentido. Así como el medio para realizarlo, esto es, si por auxilio de alguna autoridad del Poder Judicial del Estado o comunicado por medio de lista. Cuestiones que quien esto resuelve estima innecesario requerir, pues los antecedentes expresados resultan suficientes para concluir en la forma que se ha puntualizado. Lo cual hace notoria e indudable la improcedencia del amparo en los términos planteados. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en el ocurso constitucional. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene a César Manuel Leal del Carmen como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley en comento, por estar en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Únicamente para oír y recibir notificaciones a Maximiliano Torres Molina y Jessele Yaqueline Valdés Hernández en términos del artículo 24 de dicho ordenamiento. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 9/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23, fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 9/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Rubén Alfredo Porras Torres, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México. Regístrese el expediente 658/2022-VIII en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Del ocurso de demanda se advierte que la solicitante de amparo reclama: A. El acuerdo de ejecución que ordena entregar la posesión del cincuenta por ciento (50%) de la superficie de terreno que ampara el título de propiedad 0056813 de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, ante la omisión del Juez Décimo Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en la Ciudad de México de notificar la propuesta de partición del bien inmueble a liquidar y que debió presentar Rosa María Barrera Barrera, dentro del incidente de ejecución de sentencia sobre la liquidación de la sociedad conyugal tramitado contra el quejoso en los autos del Juicio Ordinario Civil 413/2008. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narra: - El quejoso contrajo matrimonio con Rosa María Barrera Barrera, señalada como tercera interesada, en el año de mil novecientos ochenta y uno, bajo el régimen de sociedad conyugal. Disuelto dentro del expediente 413/2008 mediante sentencia de uno de octubre de dos mil ocho. - En resolución del incidente de liquidación de la sociedad conyugal se determinó adjudicar a partes iguales el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad del bien ubicado en la sección La Palma, en el municipio de Catemaco, Veracruz. El referido inmueble fue adquirido por el quejoso en el año mil novecientos ochenta y nueve, según instrumento inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Reconoce que la tercera interesada tiene derecho al cincuenta por ciento de la propiedad del inmueble mencionado, sin que se haya procedido al deslinde correspondiente para entregar la parte correspondiente del referido bien. - Al modificarse la sentencia interlocutoria se determinó: .en su oportunidad deberán remitirse los autos con carácter devolutivo al Notario Público que designen los interesados para el otorgamiento de escrituras. No obstante, refiere nunca fue requerido para firmar escritura respecto del lote 84 de la colonia Agrícola Sontecomapan, sección La Palma, en el municipio de Catemaco, Veracruz con superficie de veintiocho hectáreas. A pesar de ello, el martes doce de julio del año en curso, se presentó la tercera interesada, quien manifestó acudía a tomar posesión de las catorce hectáreas de terreno que le corresponden, sin que le haya notificado la autoridad cuál es la superficie, medidas y colindancias que debía entregar. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del primero de los artículos de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa. Por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Asimismo, que el amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es menester que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Pudiendo impugnarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Al respecto, el precepto 107, fracción IV, de la ley de la materia establece que por "última resolución" ha de entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De acuerdo con lo previsto por el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución. Asimismo, el párrafo segundo de dicha fracción regula que, en los actos de ejecución de sentencia, la última resolución dictada en el procedimiento respectivo es la entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo expuesto se obtiene que la causa de improcedencia invocada determina que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio, esto es, en el período de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo indirecto, en razón que se pretende evitar abusos en la promoción del juicio de amparo. Hipótesis que, de tolerarse, resultarían consecuentes con la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias. Las cuales, por razones de interés social no se pueden entorpecer o dilatar por mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo anterior implica, a contrario sensu, si se trata de actos de un tribunal judicial emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no sean la última resolución dictada en esa etapa. Por tanto, resulta evidente que el amparo indirecto es improcedente contra la resolución que ordena entregar la posesión del cincuenta por ciento (50%) del inmueble descrito, sin que existe partición del bien. Entonces, no se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Consecuentemente, deviene improcedente el juicio de amparo para combatir dicho acto reclamado. No constituye una última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. Al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado. Ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia. Y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. En todo caso, la parte quejosa estará en aptitud de combatirla una vez se dicte la última resolución en ejecución, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Sin dejar de mencionar al promovente debe acudir ante el juez responsable para proponer o precisar la forma para dividir el terreno que forma la sociedad conyugal o en su caso aceptar u oponerse a la propuesta de su contraparte. Y no será hasta que dicho juzgador declare cumplido su fallo o ponga en evidencia un impedimento para hacerlo, que podrá acudir al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por el concepto jurídico que encierra en cuanto acota la procedencia del amparo contra actos dentro de la fase ejecutiva de una sentencia, Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo motivo del presente juicio. No se deja de mencionar el ocurso constitucional incumple con diversos requisitos formales como es la copia de traslado completa de los anexos para correr traslado a las partes. Tampoco narra completos los antecedentes procesales del juicio natural a efecto de indicar lo actuado dentro de la sección de ejecución entre el año dos mil nueve y la presente data. Si se ha emitido algún mandato y en qué sentido. Así como el medio para realizarlo, esto es, si por auxilio de alguna autoridad del Poder Judicial del Estado o comunicado por medio de lista. Cuestiones que quien esto resuelve estima innecesario requerir, pues los antecedentes expresados resultan suficientes para concluir en la forma que se ha puntualizado. Lo cual hace notoria e indudable la improcedencia del amparo en los términos planteados. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en el ocurso constitucional. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene a César Manuel Leal del Carmen como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley en comento, por estar en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Únicamente para oír y recibir notificaciones a Maximiliano Torres Molina y Jessele Yaqueline Valdés Hernández en términos del artículo 24 de dicho ordenamiento.
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