Rubén Alejandro Lira Valle

Expediente 1078/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1078/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Rubén Alejandro Lira Valle y Otros.
  • Rubén Alejandro Lira Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa. Toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a ésta, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la responsable en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 1078/2020-VI-A, promovido por RUBÉN ALEJANDRO LIRA VALLE y JULIO HERNÁN VALLE MARTÍN, contra actos que reclaman del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el diez siguiente, comparecieron a este Juzgado Segundo de Distrito, RUBÉN ALEJANDRO LIRA VALLE y JULIO HERNÁN VALLE MARTÍN, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron de: ORDENADORAS 1.- JUEZ PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 2.- JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 3.- JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN PROGRESO; EJECUTORAS 4.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 5.- SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 6.- POLICÍA ESTATAL DE PROGRESO, YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN DICHA LOCALIDAD; 7.- POLICÍA MINISTERIAL DE PROGRESO, YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN DICHA LOCALIDAD; y, 8.- POLICÍA ESTATAL PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBICA DEL ESTADO DE CHELEM, YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN DICHA LOCALIDAD. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 1078/2020-VI-A, y se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, todo lo cual se hizo en sus términos; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha día veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia vigente, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia, dictada en su contra, con su correspondiente ejecución. TERCERA. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado; Fiscal General del Estado; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; todas con sede en esta ciudad; así como al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, y Director de la Policía Estatal de Investigación, con sede en Progreso, Yucatán (este último rendido por conducto del Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, residente en esta ciudad); pues así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Similar pronunciamiento cabe hacer en cuanto a los actos de ejecución que se les atribuye a las autoridades responsables Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Chelem, Puerto, así como la Policía Ministerial residente en Progreso, Yucatán, en virtud de que aun cuando no obren en autos el informe respectivo solicitado a las nombradas autoridades, no es el caso presumir ciertos los actos reclamados, pues las autoridades ordenadoras negaron la emisión de los actos reclamados. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RUBÉN ALEJANDRO LIRA VALLE y JULIO HERNÁN VALLE MARTÍN, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la cuarta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1078/2020-VI-A, promovido por RUBÉN ALEJANDRO LIRA VALLE y JULIO HERNÁN VALLE MARTÍN, contra los actos que reclaman del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, RUBÉN ALEJANDRO LIRA VALLE y JULIO HERNÁN VALLE MARTÍN, solicitaron la suspensión definitiva contra los actos que reclama de: ORDENADORAS 1.- JUEZ PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 2.- JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 3.- JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN PROGRESO; EJECUTORAS 4.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 5.- SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA; 6.- POLICÍA ESTATAL DE PROGRESO, YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN DICHA LOCALIDAD; 7.- POLICÍA MINISTERIAL DE PROGRESO, YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN DICHA LOCALIDAD; y, 8.- POLICÍA ESTATAL PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBICA DEL ESTADO DE CHELEM, YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN DICHA LOCALIDAD. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró por lo que respecta a las autoridades locales el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, se celebró la audiencia incidental por lo que concierne a las autoridades foráneas, el día de hoy, previo diferimiento, en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: La orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia, dictada en su contra, con su correspondiente ejecución. SEGUNDA. No son ciertos los actos reclamados a autoridades responsables foráneas Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y Comandante de la Policía Estatal de Investigación, ambas con sede en Progreso, Yucatán; pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Similar pronunciamiento cabe hacer en cuanto a los actos de ejecución que se le atribuyen a la Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Chelem, Puerto, así como la Policía Ministerial residente en Progreso, Yucatán, en virtud de que aun cuando no obren en autos los informes solicitados a las nombradas autoridades, no es el caso presumir ciertos los actos reclamados, pues la autoridad ordenadora negó la emisión de los actos reclamados, por lo que debe negarse también la suspensión definitiva respecto a las autoridades en cita. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada respecto a dichas autoridades, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA a RUBÉN ALEJANDRO LIRA VALLE y JULIO HERNÁN VALLE MARTÍN, la suspensión definitiva que solicitaron en contra de las autoridades responsables foráneas, por los motivos expuestos en la segunda de las consideraciones de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, agréguese a los mismos, para los efectos legales correspondientes, el informe previo rendido por el Comandante de la Policía Estatal de Investigación, con sede en Progreso, Yucatán. En consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.

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