Ruben Alejandro Fabris del Toro
Expediente 981/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ruben Alejandro Fabris del Toro
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Juez y el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por el que en atención a la solicitud formulada en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por el que en atención a la solicitud de tres de agosto del año en curso, informa que el Juez de Distrito que correspondió conocer por razón de turno de la incompetencia planteada en el juicio de amparo en que se actúa fue el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco. En atención a lo informado por la autoridad oficiante, se solicita al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, de la manera más atenta, así como de no existir impedimento legal alguno y siempre que las ocupaciones lo permitan, se sirva informar si aceptó o no la competencia planteada por este Juzgado, seguro de reciprocidad en casos análogos cuando por Usted fuere requerido. Notifíquese.
- Principal
(...) se solicita al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco para que, dentro del término de tres días, informe a qué Juzgado fue turnado el juicio 981/2020, del índice de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Titula de la Delegación Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 981/2020-II, y fórmese expediente, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. COMPETENCIA Con el propósito de verificar si corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, conviene señalar que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, prevén: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que es un elemento que en principio debe calificarse a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos, con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. La ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas -no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen-; así como el lugar donde deba efectuarse dicha ejecución. Si el acto reclamado tiene ejecución, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute el acto, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto se obtiene que la intención del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho, ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada I.15°.A.41 K sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo del dos mil once, página dos mil doscientos ochenta y ocho, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". En ese orden, de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa reclama la aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) en el cálculo de su pensión, acto que atribuye a la Delegación Estatal en Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso aduce que la aplicación de dicha unidad resulta violatorio de sus derechos humanos, ya que al momento en que se le otorgó pensión, se hizo en salarios mínimos diarios; por lo que el actuar de la autoridad le causa perjuicio ya que el monto de su pensión se ve disminuido. La quejosa anexó a su demanda impresión de informe de pago de octubre de dos mil veinte, del que se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgó pensión por vejez, que la delegación y subdelegación de pago es Tlaxcala, y como domicilio "***". Al ser el acto reclamado la aplicación en perjuicio del quejoso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el monto de su pensión, se aprecia que el acto tiene ejecución material, por ser de naturaleza positiva, ya que implica la privación del ejercicio de un derecho, como es el de disfrutar de la pensión de manera completa y correctamente cuantificada, en tanto la autoridad actúa en forma positiva afectando la esfera jurídica de la quejosa, al pagarle -presuntamente y sin prejuzgar- de forma disminuida su pensión. Al respecto, resulta aplicable analógicamente, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de tenor siguiente. "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." La aplicación de las UMA, se ejecuta por la autoridad señalada como responsable al efectuar el pago de pensión a la quejosa, de manera que se entiende que tiene ejecución en un solo lugar, esto es, en aquel donde se realiza el pago; de manera que será competente el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecute el acto reclamado. Luego, en tanto de la demanda se desprende como dato objetivo que la pensión se paga por la delegación y subdelegación de Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social y que el domicilio señalado en el recibo de pago corresponde a la ciudad del mismo nombre; el acto reclamado tiene ejecución en dicha entidad federativa. Cabe señalar que el acto que se reclama tiene naturaleza laboral, ya que a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral, en términos de lo que establece la tesis aislada 2a. XVII/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por analogía, y es del tenor siguiente: "PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte". En razón de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, y declina su conocimiento a favor del Juez de Distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, en turno, que tiene competencia mixta, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, remítase el expediente en que se actúa, al juez de Distrito del lugar que se menciona, solicitándole atentamente que, en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo e informe la determinación que adopte respecto de la competencia que se declina. En virtud de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación a la promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.
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