Rubén Alcántara Mendoza

Expediente 335/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
335/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Rubén Alcántara Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio (artículo 20, fracción I, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será destruido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. RESERVA DE OFICIO POR PERIODO VACACIONAL. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios que se generen por la presente determinación, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al primer semestre del año dos mil veintitrés, y por tal motivo, hayan suspendido sus labores; se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que precisamente en el día en que reanuden labores, entregue los oficios relativos, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el escrito de cuenta signado por Fortino Moisés Sánchez Cruz en su calidad de defensor del directo quejoso Rubén Alcántara Mendoza, a través del cual solicita se decrete el sobreseimiento en el presente asunto, en virtud de que el ocho de junio del año en curso, se decretó fallo absolutorio a favor del impetrante, y se ordenó su inmediata libertad, lo que se materializo por parte del centro carcelario donde se encontraba privado de su libertad. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Atento a lo anterior, resulta pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causal de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta necesario precisar que el acto reclamado en este juicio es el auto de veinticuatro febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez en la causa penal 384/2020, en el que se negó el cese de la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, de las constancias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en particular de las que obran en la causa penal 384/2020 del índice del Juzgado responsable, la cual se encuentra vinculada al expediente electrónico, se estima que al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora bien, la cesación de efectos del acto reclamado se concretiza en dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de acto motivo de reclamo. En relación con el segundo supuesto (sustitución) se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues si bien el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en el auto de veinticuatro febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez en la causa penal 384/2020, en el que se negó el cese de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, de las constancias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en particular de las que obran en la causa penal 384/2020 del índice del Juzgado responsable, se aprecia que el ocho de junio de dos mil veintitrés, se dictó una determinación en el cual entre otras cosas se decretó: ".en audiencia de hoy, relativa a la causa penal citada al rubro, del índice de este centro de justicia, iniciada entre otros, contra los acusados Luis Roberto González Sáinz, Felicitos Ramírez Sánchez, Adolfo Rivera Santos y Erika Sainz Torres en relación con los hechos que la ley señala como delito de: Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, previsto en el artículo 2 fracción IX y sancionados por el diverso 4, fracción I, inciso a) con funciones de dirección y supervisión, todos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; en relación con los numerales 8 fracción I (hipótesis de sustracción) y 9 fracciones I (hipótesis de comercialice) y II (hipótesis de transporte y posesión) de hidrocarburos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, y Ricardo Fletes Tovar, Rubén Alcántara Mendoza y Carlos Vera Blanquero en relación con el hecho de: Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, previsto en el artículo 2 fracción IX y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso b) sin funciones de administración, dirección o supervisión, todos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; en relación con los numerales 8 fracción I (hipótesis de sustracción) y 9 fracciones I (hipótesis de comercialice) y II (hipótesis de transporte y posesión) de hidrocarburos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos. En el caso del último acusado en mención, con la agravante prevista en la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Este juzgador, dictó sentencia absolutoria en favor de los acusados antes mencionados, respecto a los delitos materia de la acusación. Por ello, y en razón de la determinación decretada por este juzgador, se les solicita una vez que se realicen los reingresos a los centros carcelarios citados por parte de los elementos de la policía procesal designados y después de realizar los trámites administrativos correspondientes, se sirvan disponer su inmediata excarcelación, única y exclusivamente por lo que se refiere a la causa penal 384/2020, del índice de este centro de justicia." Asimismo, en auto de catorce de junio del año en curso, se dictó la siguiente determinación: "Agréguense los oficios registrados con los folios 13358 y 13359, signados por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos" y el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", respectivamente, mediante los cuales informan que los sentenciados Erika Sainz Torres, Luis Roberto González Sainz, Ricardo Fletes Tovar, Rubén Alcántara Mendoza y Carlos Vera Blanquero, fueron externados de dichos centros carcelarios con motivo de la sentencia absolutoria emitida a su favor, en esta causa penal." De lo que se concluye que como consecuencia de ello, no existe motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, al no haber derecho humano que reparar. De manera tal, que se ha constituido legalmente una situación diferente a aquella que existía antes de la solicitud del amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y de forma electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA V DIFERIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la constancia de emplazamiento al presente juicio del Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, que conoce de la causa penal ********************. Asimismo, de la página electrónica de Correos de México, se advierte que el oficio del auto en el que se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada se encuentra en tránsito a su destino. A fin de dar oportunidad para cumplimentar lo anterior, la audiencia constitucional fijada para esta fecha se difiere y para su verificativo se señalan las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS REMITIR OFICIO. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, de donde se advierte que a la fecha no se cuenta con el emplazamiento del Agente del Ministerio Público tercero interesado, y de los registros de correspondencia de este Juzgado de Distrito no se advierte que se haya remitido a través de correo certificado el oficio por el cual que se llamó a juicio a la referida parte. Atento a lo anterior, se comisiona de nueva cuenta al personal de actuaria para que de forma inmediata se dé cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de mayo del año en curso y remitan el comunicado 7859/2023 a través de correo certificado. DIFERIMIENTO. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, en párrafos que anteceden se ordenó remitir el oficio por el cual se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, que conoce de la causa penal 384/2020, del índice Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. A fin de dar oportunidad para cumplimentar lo anterior, la audiencia constitucional fijada para esta fecha, se difiere y para su verificativo se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés. PEDIMENTO. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el oficio firmado por el representante social adscrito a este Juzgado, por el cual fija su postura ministerial y solicita copia de la sentencia que recaiga al presente asunto. En términos del numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a modo de alegatos, mismos que serán considerados de nueva cuenta, en la audiencia constitucional. Respecto a su diversa solicitud de copias, no es procedente acordar favorable, pues aún no se emite sentencia en el presente asunto; por tanto, dicha solicitud deberá formularse una vez acontezca lo anterior. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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