Rubén Alberto Soto Trujillo
Expediente 62/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2016
Partes del expediente
- Rubén Alberto Soto Trujillo
Actuaciones
- Principal
VISTO LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMAPRO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA RECURRIERA LA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...DISPUESTO EBN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO SEGUN SU ARTÍCULO 2o., SE DECLARA QUE DICHA SENTENCA HA CAUSADO EJECUTORIA... SE DELCALA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION...
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Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61 fracciones XVII, 63 fracción V, y demás aplicables de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por RUBÉN ALBERTO SOTO TRUJILLO por su propio derecho, contra los actos y por las autoridades que precisadas quedaron en el contexto de este fallo. NOTIFÍQUESE, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, EN TÉRMINOS DE LEY.
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Ensenada, Baja California, a primero de abril de dos mil dieciséis. Visto el INFORME JUSTIFICADO de cuenta, rendido por el DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE, con sede en la Ciudad de México, y copias certificadas que anexa del expediente AMD 258/2012, para apoyar el acto reclamado; con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo vigente, agréguense con vista a las partes y hágase relación con ello en la audiencia constitucional correspondiente. Sirve de apoyo la tesis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo II, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, página quinientos noventa y cuatro, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Por otra parte, se tiene a la citada autoridad autorizando como delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a las personas que señala junto con su informe, así como domicilio para recibir notificaciones el que describe. Finalmente, visto el estado de autos de los que se advierte que no obra el informe justificado solicitado por proveído de diecisiete de febrero del año en curso, mediante oficio 1405, a la Secretaría de Transporte, con residencia en la Ciudad de México, ni acuse de recibo por el que se le hizo dicho requerimiento; por lo anterior, y para no dejar en estado de indefensión a la autoridad en cita, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose para su celebración las ONCE HORAS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE.
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Ensenada, Baja California, a diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, que presentan RUBÉN ALBERTO SOTO TRUJILLO, por derecho propio; atento a su contenido, se les tiene promoviendo demanda de amparo contra actos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE, con sede en la Ciudad de México, y otra, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1º, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se ADMITE dicha demanda. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 62/2016. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Entonces, se fijan las ONCE HORAS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Pídase a las responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la sentencia que resuelva el presente juicio, tal y como lo prevé el artículo 260 del ordenamiento legal invocado. Así también, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que junto con su informe justificado remitan copia certificada de las constancias que tomaron en cuenta para dictar los actos que se les reclama, en la inteligencia que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por los artículos 260 y 238 de la nueva Ley de Amparo. De igual manera, se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la nueva Ley de Amparo, informen a este Juzgado de Distrito, si en el presente juicio de garantías se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial, si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, del Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los Órganos, Criterios y Procedimientos Institucionales para la transparencia y acceso a la información Pública para éste Órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Distrito y los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil tres, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, voluntad ésta que deberá manifestarse antes de que se dicte el fallo correspondiente en el presente asunto, en la inteligencia de que se omitirán sus datos personales cuando manifiesten de manera expresa su oposición, asimismo la falta de ésta conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de dato alguno. Finalmente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciandos FERNANDO LÓPEZ ALARCÓN, GEOVANA ANAHÍ PAREDES BRITO, ARMANDO RAMÍREZ TERRÍQUEZ y EMANUETH ANTONIO SÁNCHEZ GUZMÁN, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a Bernardo Avilés Bustillos y Carlos Eduardo López Figueroa, así como domicilio procesal sito en calle Coral y Abasolo, número 318, colonia Aviación, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE.
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