Rubén Alberto Rosas Castellanos
Expediente 301/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rubén Alberto Rosas Castellanos
- RUBÉN ALBERTO ROSAS CASTELLANOS y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, del cual se advierte aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número ****. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, al haberse declinado competencia en el asunto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso **, del índice de este órgano jurisdiccional, y comunica que a fin de estar en aptitud de determinar si se acepta o no la competencia declinada y si se admite o no la demanda de amparo, requiere mayores elementos para ello y ordenó remitir la demanda de amparo a la autoridad señalada como responsable, Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y le requirió para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de ********************, por el que cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de marzo del presente año; en consecuencia se tiene a ********************, endosatario en procuración de la persona moral denominada ********************, personalidad que acredita con la copia certificada del auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, relativo al juicio ejecutivo mercantil. Análisis de la demanda Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de ".Contra la autoridad señalada ORDENADORA, JUEZA CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO: 1. EL ACUERDO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, DICTADA EN EL EXPEDIENTE ******************** RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE PROMUEVO COMO ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ********************, EN CONTRA DE LOS DEMANDADOS ***...EN LA QUE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: "..Visto el estado que guarda el presente expediente y atendiendo a la certificación secretarial que antecede, del que deviene que la parte actora, dejo de transcurrir más de ciento veinte días hábiles, desde el auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, sin que por escrito promoviera lo necesario para impulsar el procedimiento hasta su conclusión y siendo de explorado derecho que el artículo 1076 del Código de Comercio, señala que la caducidad de la instancia operara de pleno derecho cualquiera que sea el estado de juicio desde el primer auto hasta la citación para oír sentencia, cuando hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última determinación judicial dictada y que hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su continuación hasta su conclusión se declara que de oficio OPERÓ LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PRESENTE ASUNTO en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido; hágase del conocimiento la parte actora, que el documento base de la acción queda a su disposición en la Secretaria de este Juzgado tan luego quede firme la presente determinación, para que en días y horas de audiencia con que cuenta este Juzgado pase a recogerlo, previa identificación y toma de razón que quede asentada en auto. Se ordena a la Ejecutora llevadora del presente expediente levante el embargo trabado en la diligencia de fecha cinco de marzo de dos mil veinte..." Contra la autoridad señalada ORDENADORA, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO: 1. LA CERTIFICACION REALIZADA CON FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE ******************** RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR EL SUSCRITO COMO ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ********************, EN CONTRA DE LOS DEMANDADOS ***... Contra la autoridad señalada EJECUTORA: 1. SU EJECUCIÓN. LA NOTIFICACION REALIZADA EL SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, POR MEDIO DEL CUAL LA C. EJECUTORA O ACTUARIA LLEVADORA DEL EXPEDIENTE ******************** ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO ME NOTIFICA EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DEL CUAL SE TIENE OPERANDO LA CADUCIDAD DE INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE NUMERO ANTES CITADO. 2. LA EJECUCION DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, TRABADO EN LA DILIGENCIA DE FECHA CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, LLEVADA ACABO EN EL EXPEDIENTE DE NUMERO 267/2019, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR EL SUSCRITO COMO ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ********************, EN CONTRA DE LOS DEMANDADOS ****.". Declaración de incompetencia Ahora, es pertinente destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgado Federal, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.2o.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página treinta y seis, agosto de 1992, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Desde esa perspectiva, el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y". Por su parte, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)". De lo anterior, se concluye que corresponde conocer los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante el juicio de amparo directo, de las demandas que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución en sentido amplio, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad); por el contrario, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Luego, en el caso concreto, tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** relativo al juicio ejecutivo mercantil en la que declaró que de oficio operó la caducidad de la instancia en el presente asunto y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido; se advierte que, el acto reclamado por la parte quejosa es una resolución de las contempladas en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. En consecuencia este órgano judicial resulta legalmente incompetente para resolver este asunto, de ahí que su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado. Resulta aplicable por las razones que la sustentan, la tesis de jurisprudencia I. 1o. A. J/15 , Visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 220003.del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto". Se puntualiza que el amparo directo consiste en un medio extraordinario de defensa que tiene como finalidad el control de la constitucionalidad de los actos de los órganos -formal o materialmente-jurisdiccionales con el propósito de garantizar en favor de los gobernados, el goce de sus derechos públicos subjetivos. Así, también es necesario resaltar el imperio del principio de definitividad, pues la materia del juicio constitucional uniinstancial se encuentra constituida, categóricamente, por resoluciones definitivas emitidas por los órganos judiciales federales o del orden común, sean éstos penales, civiles, administrativos o laborales, a efecto de determinar la existencia o no de violaciones de derechos en perjuicio de los quejosos; y sobre este aspecto dependerá el pronunciamiento de concesión o negativa del amparo y protección constitucionales. Ahora bien, como se precisó, el juicio de amparo directo sólo será procedente contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. De lo anterior es dable establecer, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Contra sentencias definitivas, que son aquellas determinaciones que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y, b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En esa virtud, como se adelantó, los actos reclamados en este juicio de amparo lo constituyen de manera destacada, el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** relativo al juicio ejecutivo mercantil en la que declaró que de oficio operó la caducidad de la instancia en el presente asunto y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Así, de la lectura de los dispositivos legales citados y del acto reclamado en el presente juicio, se concluye que la vía idónea para analizar la constitucionalidad del acto reclamado es el amparo directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. En efecto, como ya fue precisado con antelación, el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal o lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una determinación de esa naturaleza, torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una resolución que pone fin al juicio; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Tomo I, correspondiente a abril 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, que a la letra señala: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Se arriba a tal conclusión, toda vez en el presente caso el acto reclamado constituye una resolución que sin analizar el fondo del asunto, pone fin al juicio mercantil, pues el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** relativo al juicio ejecutivo mercantil declara que de oficio operó la caducidad de la instancia en el presente asunto. En ese orden de ideas, los actos reclamados deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que corresponde el conocimiento de dicho juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno. Sirve de apoyo, por las razones jurídicas que la forman, la tesis XXIII.2o.1 C (11a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4385, del texto: CADUCIDAD DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. PREVIAMENTE A PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA EL AUTO, ACUERDO O PROVEÍDO QUE LA TIENE POR ACTUALIZADA, PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. Hechos: En el juicio de origen se demandó la acción de cesación en vida común y/o concubinato; a su vez, se reclamó la restitución inmediata de un bien inmueble, así como el pago de gastos y costas que generara la instancia judicial. El Juez emitió sentencia en la que tuvo a la parte actora por acreditada la acción ejercitada y, por tanto, condenó al demandado a la entrega del bien inmueble en controversia y al pago de la prestación accesoria solicitada por la demandante. Inconforme con esa decisión judicial, el demandado interpuso recurso de apelación; sin embargo, durante la sustanciación de éste, el tribunal de alzada por medio de un auto decretó la caducidad de la instancia. Finalmente, sin interponer ulterior recurso, el apelante promovió juicio de amparo en la vía directa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que previamente a promover la demanda de amparo directo contra el auto, acuerdo o proveído que tiene por actualizada la caducidad de la segunda instancia, procede el recurso de reposición previsto en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Justificación: Lo anterior, porque de una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 del código citado, procede el recurso de reposición contra los autos, acuerdos o proveídos dictados por el tribunal de alzada. En consecuencia, es incuestionable que en contra del auto, acuerdo o proveído que decretó la caducidad de la segunda instancia, procede el recurso de reposición señalado en el precepto 369 referido, conforme al cual pudo haber sido modificado, revocado o nulificado. Ahora bien, si el quejoso no agotó dicho medio de defensa ordinario que tenía a su alcance, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por no cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo directo. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ********************, endosatario en procuración de la persona moral denominada ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, el original del escrito de demanda de amparo y sus copias, para que, por su conducto, dada la naturaleza del presente asunto, se sirva turnarlos al Tribunal Colegiado que corresponda; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Cuaderno de antecedentes Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de ********************, Defensor del quejoso ********************, así como de sus menores hijos con iniciales******************** y ********************., por el cual, en atención al requerimiento de veintitrés de marzo del año en curso, hace del conocimiento que el veintinueve de marzo del actual, localizó personalmente y se entrevistó con el promovente de amparo, mismo quién le hizo varias observaciones en relación a la demanda de amparo que promovió, además agrega que se encuentra elaborando el escrito de aclaración, de conformidad a los diversos proveídos de veintidós y veintiocho de junio, ambos de dos mil veintidós. De lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese.
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