Rubén Aguilar Barocio
Expediente 169/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubén Aguilar Barocio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, que tuvo por NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, asiéntese en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en proveído de dos de marzo del año en curso, pese a encontrarse debidamente notificada para ello y ha trascurrido el plazo otorgado para tal efecto; consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Recepción del oficio de incompetencia. Visto el oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo promovida por Rubén Aguilar Barocio, contra actos que atribuye al Director de Patrimonio del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: Demanda de amparo; y, Siete copias de traslado. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Rubén Aguilar Barocio solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Director de Patrimonio del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-169/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. La parte promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- LA OMICION DE EXHIBIR ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS DE MICHOACAN, EL VALOR DEL PERITAJE DEL INMUEBLE EMBARGADO EN EL JUICIO LABORAL 371/2005 SEGUIDO EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS DE MICHOACAN. DESDE EL DIA 6 DE JULIO DEL AÑO 2017 motivo por el cual me quejo enérgicamente contra sus actos, con lo se deja al quejoso en total estado de indefensión, ocasionándole un daño irreparable en el patrimonio de mi familia, desconociendo el ahora quejoso los motivos por los cuales omite acordar una promoción que debería estar acordada a la brevedad posible y así poder yo como trabajador continuar con el trámite de remate de la propiedad embargada al ayuntamiento de Zacapu pero debido al entorpecimiento de la autoridad señalada es la razón por lo cual al no tener a quien más acudir pido auxilio a esta autoridad imparcial que es su señoría." (sic). De lo que se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La omisión de exhibir el peritaje del valor del inmueble embargado ordenado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 371/2005. Sin embargo, existen diversas irregularidades. De los antecedentes de la demanda de amparo se puede obtener que Rubén Aguilar Barocio es parte actora dentro del juicio laboral 371/2005, en el que se dictó laudo en el que se condenó al pago de las prestaciones al Ayuntamiento de Zacapu. Así, en la etapa de ejecución, se determinó un embargo en una propiedad del ayuntamiento demandado, del cual se solicitó un avalúo para determinar si cubre la cantidad a la que asciende el laudo; peritaje que se encomendó a la Dirección de Patrimonio del Estado de Michoacán. Empero, a la fecha, la referida dirección ha sido omisa en presentar el dictamen requerido. De ahí que existe una cuestión que es necesaria dilucidar a fin de determinar la procedencia de la demanda de cuenta, la cual consiste en que no se advierte si la parte quejosa hizo del conocimiento la omisión ahora reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. De ahí que, aun cuando este órgano jurisdiccional pudiera interpretar diversas cuestiones relativas a los antecedentes de los actos que se puedan combatir en esta instancia constitucional, la realidad es que corresponde a la parte quejosa indicar con precisión los antecedentes de los hechos que constituyen los fundamentos de los actos reclamados que pretende reclamar en esta vía constitucional, los cuales son requisitos de la misma; todo lo cual lo imponen los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Por tanto, al advertirse tales irregularidades, resulta procedente imponer la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción V, así como 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Único. Indique, de manera clara y precisa, los antecedentes de los actos reclamados que son necesarios para determinar la procedencia de la demanda de amparo, los cuales quedaron asentados en líneas superiores. Es decir, manifieste: Si hizo del conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, la omisión de la autoridad responsable de emitir el peritaje solicitado dentro del juicio laboral 371/2005; dado que corresponde, precisamente, al tribunal del proceso velar por el cumplimiento de que sus órdenes y mandamientos se acaten por las autoridades. Cuestión que se debe dilucidar a fin de determinar la litis constitucional y el curso de la demanda. En atención a que se deben precisar diversas cuestiones relativas a los "antecedentes del acto reclamado", todo lo anterior deberá formularlo bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo X, noviembre de 1999, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Y la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención formulada, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Asimismo, la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su apoderado y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando los estrados de este órgano jurisdiccional para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal efecto a las personas que menciona. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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