Rubén Adame Navarrete
Expediente 1803/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1803/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rubén Adame Navarrete
- Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero
- Rubén Adame Navarrete y Otros.
- Francisco Adame Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 1106/2021, el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, derivado de la causa penal 4/2014 de su propio índice. Luego, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que, en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y por lista al tercero interesado; habiendo formulado manifestaciones Óscar Ramírez Contreras, Defensor Público Federal y con ese carácter de los aquí quejosos Rubén Adame Navarrete, Francisco Adame Navarrete, Gerardo Angulo Adame y Blanca Estefany Álvarez Rubí, mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia I. Alcances de la sentencia de amparo. En sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que, la autoridad responsable Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución incidental de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 4/2014. En consecuencia, emitiera una nueva determinación en la que analizara de manera fundada y motivada la Litis del incidente de desvanecimiento de datos promovido por la defensa de los quejosos. Con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que corresponda. También, a fin de entender el sentido de los puntos resolutivos, es oportuno invocar la parte considerativa toral de la sentencia de amparo, la cual dice: "En el caso, de las constancias que obran en la causa penal 4/2014, se aprecia que el defensor público federal de los quejosos promovió incidente de desvanecimiento de datos, principalmente para demostrar que los inculpados a la data de trece de abril de dos mil trece ya se encontraban recluidos en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por lo que dice no pudieron cometer los delitos que narra la víctima Josafat Nava Taquillo en contra de los quejosos, pues de acuerdo a su dicho, estos se cometieron el trece de octubre del mismo año. Para demostrar sus argumentos ofreció tres pruebas: copia certificada del auto de plazo constitucional de tres de mayo de dos mil trece, emitido en la causa penal 70/2013-I, copia certificada del auto de plazo constitucional de diecisiete de mayo del mismo año, dictado en la causa penal 78/2013-II y oficio CRSCH-2691/2019 de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Director del Centro de Reinserción Social en Chilpancingo, Guerrero. No obstante, el juez de la causa fue omiso en analizar la pretensión de los quejosos [.]. Entonces, no es verdad que el defensor haya señalado el delito de secuestro, sino el de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, como quedó firme en sentencia de veintitrés de mayo de dos mil catorce, emitida por el Primer Tribunal Unitario del vigésimo Primer Circuito al determinar que el delito que se les imputa a los inculpados es el de delincuencia organizada, previsto por el artículo 2º, fracción VII (secuestro previsto en los artículos 9 y 10, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, no analizó lo dicho por el defensor público para acreditar su pretensión, en tanto que de manera categórica el juez responsable sólo dijo que las causas penales 70/2013-I y 78/2013-II, fueron tomadas en cuenta al momento de emitir el auto de formal prisión; empero, no estudió la relación por la cual, los inculpados lo presentaban como prueba para acreditar su dicho. Además, nada dijo en relación al oficio CRSCH2691/2019 de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Director del Centro de Reinserción Social en Chilpancingo, Guerrero que los quejosos ofrecieron como prueba en el incidente materia de Litis, porque sólo manifestó que no los informes no le benefician por "las razones expuestas", sin realizar un estudio exhaustivo al respecto, conforme a la pretensión de los promoventes. Tampoco realizó una confrontación entre las pruebas aportadas por los promoventes en el procedimiento incidental con las que se tuvo por acreditado el cuerpo del delito de delincuencia organizada, previsto por el artículo 2º, fracción VII (secuestro previsto en los artículos 9 y 10, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11), en el auto de formal prisión, cuando el objetivo del incidente de desvanecimiento de datos es precisamente analizar si los medios de prueba en tal auto son eliminados de manera plena con las probanzas presentadas por los inculpados. Por tanto, el juez de la causa no elaboró el estudio pormenorizado del incidente de desvanecimiento de datos planteado por los quejosos al no haber atendido de manera directa la pretensión de acreditar que se encontraban en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad al momento de que ocurrieron los hechos que se les imputa, la cual, precisamente es la materia de la Litis en dicho incidente; al no hacerlo así, transgredió en perjuicio del peticionario de amparo el derecho humano a la debida fundamentación y motivación establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales." Por tanto, la ejecutoria de amparo tuvo los alcances de obligar al juez responsable a que dejara insubsistente la resolución incidental de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de desvanecimiento de datos relativo a la causa penal 4/2014, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, emitir una nueva en la que: Analizara la pretensión del Defensor Público de los ahora quejosos, en el sentido que, el trece de abril de dos mil trece, los inculpados ya se encontraban recluidos en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por tanto, no pudieron cometer los delitos que narró la víctima Josafat Nava Taquillo, pues de acuerdo a su dicho, estos se cometieron el trece de octubre del mismo año. Estudiara las constancias relativas a las causas penales 70/2013-I y 78/2013-II, que fueron presentadas como pruebas en el incidente de desvanecimiento de datos, para acreditar sus pretensiones, pues respecto de las mismas solo dijo que habían sido tomadas en cuenta, pero no expuso si reportaban o no utilidad a los inculpados. Emitiera pronunciamiento respecto al oficio CRSCH2691/2019 de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Director del Centro de Reinserción Social en Chilpancingo, Guerrero, que los quejosos ofrecieron como prueba en el incidente materia de litis, puesto que, sólo dijo que los mismos no le beneficiaban. Realizara una confrontación entre las pruebas aportadas por los promoventes en el procedimiento incidental, con las que se tuvo por acreditado el cuerpo del delito de delincuencia organizada, previsto por el artículo 2º, fracción VII (secuestro previsto en los artículos 9 y 10, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11), en el auto de formal prisión, pues el objetivo del incidente de desvanecimiento de datos era precisamente analizar si los medios de prueba en tal auto eran eliminados de manera plena con las probanzas presentadas por los inculpados. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia amparadora, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. II. Trámites de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la referida autoridad responsable mediante oficio 1106/2021, remitió la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, derivado de la causa penal 4/2014, mediante la cual dejó insubsistente la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió el incidente de desvanecimiento de datos promovido por la defensa, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la que declaró infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, solicitado a favor de los procesados aquí quejosos [1] Rubén Adame Navarrete, [2] Francisco Adame Navarrete, [3] Gerardo Angulo Adame y [4] Blanca Estefany Álvarez Rubí. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió el incidente de desvanecimiento de datos promovido por la defensa, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, determinó lo siguiente: Esto es, analizó la pretensión del Defensor Público de los ahora quejosos, en el sentido que, el trece de abril de dos mil trece, los inculpados ya se encontraban recluidos en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por tanto, no pudieron cometer los delitos que narró la víctima Josafat Nava Taquillo, pues de acuerdo a su dicho, estos se cometieron el trece de octubre del mismo año; sin embargo, declaró infundados los agravios expresados. Como se ve, la potestad responsable valoró las constancias relativas a la causa penal 70/2013, argumentando que no le reportaban utilidad, pues los hechos materia de esa causa acontecieron cuarenta y nueve días antes de ser detenidos los incidentistas, fundamentando y motivando su determinación. Igualmente, la potestad responsable valoró las constancias relativas a la causa penal 78/2013, argumentando que no le reportaban utilidad, pues los hechos materia de esa causa acontecieron eintinueve y nueve días antes de ser privados de la libertad los incidentistas, fundamentando y motivando su determinación. También, analizó de manera pormenorizada el oficio CRSH-2691-2019. Demeritándole valor probatorio, al demostrar que la fecha de ingreso a prisión fue anterior al secuestro de Josafat Nava Trujillo, que se les atribuyó, pues los eventos delictivos acontecieron el diez y veinte de marzo de dos mil trece, datas anteriores a las alegadas de su detención y cuando gozaban de libertad. Hizo una relación de las pruebas con las que se tuvo por el cuerpo del delito de delincuencia organizada, previsto por el artículo 2º, fracción VII (secuestro previsto en los artículos 9 y 10, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11), en el auto de formal prisión. Como también de las pruebas aportadas en el procedimiento incidental, las cuales confrontó y llegó a la conclusión que, no desvirtuaban las pruebas valoradas en el auto de formal prisión de treinta de marzo de dos mil catorce. Para así, declarar infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, solicitado a favor delos procesados aquí quejosos [1] Rubén Adame Navarrete, [2] Francisco Adame Navarrete, [3] Gerardo Angulo Adame y [4] Blanca Estefany Álvarez Rubí; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Manifestaciones de la parte quejosa. El Defensor Público Federal que lo es de los procesados aquí quejosos Rubén Adame Navarrete, Francisco Adame Navarrete, Gerardo Angulo Adame y Blanca Estefany Álvarez Rubí, mediante escrito de cuenta presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, señaló que: Es infundada la línea argumentativa sostenida por el juzgador de la causa, pues desde el ejercicio de la acción penal, los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, y que la autoridad consideró que los inculpados participaron en eventos delictivos de secuestro de diez y veinte de marzo de dos mil trece, ya habían sido estimados como de naturaleza local, sólo que el Fiscal Federal al conocerlos y atraerlos el treinta de marzo de dos mil catorce, los tipificó conforme al Código Penal Federal, y en esos mismo términos fue dictado el auto de formal prisión. Sin embargo, en términos de la jurisprudencia de rubro "CONEXIDAD DE DELITOS. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON ILÍCITOS FEDERALES, NO IMPLICA QUE LAS CONDUCTAS DEBAN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL", debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento sustantivo local, de acuerdo al diverso criterio que citó de rubro "CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J.45/2010)." Por tanto, no se debe tener por actualizada la naturaleza federal del delito de delincuencia organizada; como tampoco el cuerpo del delito, de acuerdo a los criterios de rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA" y "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS." Manifestaciones que resultan infundadas e inatendibles, porque los efectos de la concesión del amparo, fueron para que la potestad, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación respecto al incidente de desvanecimiento de datos, con relación a las pruebas que sustentaron el auto de formal prisión, obligando a la autoridad a que ponderara las pruebas que dejó de valorar, como así lo hizo. Empero, la concesión del amparo no tenía los alcances de obligar a la responsable a reexaminar la calificación de la naturaleza federal del delito, ni la acreditación de los elementos del cuerpo del delito. Sólo debía confrontar las pruebas allegadas en el incidente (como así lo hizo), para determinar si influían a fin de demeritar valor probatorio a los consideradas para sustentar el auto de formal prisión en la causa de origen, más no valorar nuevamente las mismas, con un enfoque diverso al que ya les había dado, pues a la potestad le fue otorgada plenitud de jurisdicción para resolver lo que al efecto procediera, observando únicamente el requisito constitucional de fundamentación y motivación. Por tales motivos, resultan inaplicables al caso los criterios invocados por la parte impetrante. V. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. VI. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio número 26221/2021, por el que se remitió el duplicado de la causa penal 04/2014, compuesto de siete legajos de pruebas enviados como complemento de informe justificado. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante de cuenta, por remitiendo la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, derivado de la causa penal 4/2014 de su propio índice. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual informa que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, causó estado el auto que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en contra de la sentencia emitida en autos; asimismo, remite siete tomos de pruebas. En consecuencia, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Acúsese el recibo de estilo solicitado a través del Sistema Integral de Registro de Expedientes (SISE). Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son los siguientes: Deje insubsistente la resolución incidental de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 4/2014. En consecuencia, emita una nueva determinación en la que analice de manera fundada y motivada la Litis del incidente de desvanecimiento de datos promovido por la defensa de los quejosos, conforme a lo estipulado en el considerando anterior. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que corresponda. En el entendido que, una vez vencido el plazo, debe remitir las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria, sin necesidad de ulterior requerimiento. Apercíbase al titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Por último, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando el duplicado de la causa penal 04/2014, compuesto de siete legajos de pruebas que remitió la autoridad responsable Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo respectivo Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado por Oscar Ramírez Contreras, Defensor Público Federal y con ese carácter de los aquí quejosos Rubén Adame Navarrete, Francisco Adame Navarrete, Gerardo Angulo Adame y Blanca Estefany Álvarez Rubí, personalidad que tiene reconocida en autos, mediante el cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia amparadora emitida en autos y se requiera a las autoridades señaladas como responsables den cumplimiento al fallo protector, en razón que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, comunicó que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, solicítese respetuosamente al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, para que en la medida de lo posible y de no haber inconveniente alguno, informe si ya causó estado el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno, en donde se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, al que le fuera asignado el número de Amparo en Revisión Penal 58/2021; lo anterior, para que este Juzgado Federal esté en condiciones de acordar lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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