Royes, Sociedad Civil
Expediente 1803/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1803/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2018
Partes del expediente
- Royes, Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por el cual solicita copias certificadas de todas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa; agréguese a los autos, y toda vez que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo remítase al Juzgado homólogo para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir constancia fehaciente de ello, sin que a la fecha lo haya realizado. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento puntual a la sentencia; esto es, emita una resolución en la que se desincorpore de la esfera jurídica del impetrante el artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017, para que dicha porción normativa no le sea aplicada en el presente y en lo futuro, y aplique la tarifa mínima prevista en el artículo 17, fracción I, inciso a), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, esto es, el monto de $436.00 (cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno de los dos registros que aparecen consignados en el recibo oficial A37562766, y devolver el excedente pagado como resultado de aplicar la tasa del .50% sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia. En el entendido de que subsiste el apercibimiento realizado en proveído de quince de mayo de la presente anualidad.
- Principal
Glósese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el que remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de trece de junio de la presente anualidad, en el toca de queja 114/2018 de su índice, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por el Presidente, Sindico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en contra del acuerdo de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 762/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese recibo. En acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR PARCIALMENTE, la demanda en relación a los actos que se reclaman al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Efectivamente, respecto al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, este órgano jurisdiccional, advierte que se actualiza una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. Conviene precisar que en este juicio se les reclama: El incumplimiento al laudo por parte de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en cita, derivado del expediente 1587/2010-C1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dado que en el caso el Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo en términos del numeral 5 de la citada ley, pues como funcionarios públicos colaboradores de la entidad demandada en el juicio laboral, se ubican en un plano de coordinación frente al particular, derivada de un nexo obrero-patronal, actualizándose así la improcedencia de la acción constitucional de amparo en su contra. En ese orden de ideas, no toda omisión o acto emitido por algún órgano de la administración pública, constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. En tal sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación Ahora, las relaciones de supra ordinación, son las que se establecen ente los órganos del Estado, en la que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En cambio las relaciones de coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Así, la nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan. Los magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente". Es decir, esas disposiciones legales desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin, conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como repetir la suspensión contra los responsables, ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan, la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. De igual manera, establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Es decir, la legislación burocrática del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales, lo cual significa, que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada, puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de os laudos que emite y por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Entonces, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna las partes, esto es, en esos casos el tribunal cuenta en plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurad para ese efecto en la legislación respectiva. Consecuentemente, el incumplimiento al laudo por los integrantes de un Ayuntamiento del Estado de Jalisco (Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal), derivado de un juicio laboral en el que la dependencia a la cual prestan servicios figuró como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 50., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr que estos acaten y en consecuencia cumplan con el laudo, contando con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a quienes forman parte del Ayuntamiento demandado, en un plano de coordinación derivada de la relación laboral que existió con la entidad demandada, por ende, en un estado de igualdad procesal que subyace y que se extiende no sólo al procedimiento, sino al ámbito de la ejecución de los laudos. Sin ser obstáculo para así concluirlo, que no se prevea la institución del embargo en contra de la entidad demandada, ni el auxilio de la fuerza pública, pues ello por sí, no es determinante para establecer que el incumplimiento al laudo por la entidad patronal demandada o, de sus servidores públicos, sea un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no ser el único medio que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón tiene a su alcance, para lograr la ejecución material de su fallo. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es DESECHAR PARCIALMENTE la demanda de amparo, en relación a los actos que se reclaman al Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad (foja 67), se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se resolviera el recurso de queja referido; por tanto, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO. En razón de la reanudación del presente procedimiento se provee el oficio registrado con el número 9109 el que se encontraba reservado: Téngase por rendido el informe justificado de la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para los efectos a que haya lugar, y dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con apoyo del ordinal 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas que acompañó, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Por tanto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
Vista la comparecencia de cuenta, mediante la cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo catorce de junio del año en cita; glósese a los autos para los efectos legales que haya lugar. Ahora, visto el escrito presentado por el promovente el trece de junio del año en curso, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en acuerdo veintiocho de mayo pasado. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida contra actos de autoridades; con apoyo en los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en los numerales 1, 2, 107, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la citada demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos de los numerales 115 y 116 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES, RINDAN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de QUINCE DÍAS. Se apercibe de las consecuencias que implica su falta, de conformidad con los diversos 117 y 260 de la Ley de Amparo. Tramítese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión por así haberse solicitado, como disponen los numerales 125, 128, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, compúlsense y certifíquense las documentales que se acompañaron a la demanda de amparo, para que obren como prueba en el incidente de suspensión; lo anterior, debido a que se exhibieron copias de las mismas. Asimismo, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. Con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a David Enrique de Jesús Ramírez Medrano; por tanto, córrasele traslado con copia de la demanda por conducto del actuario judicial. Por otro lado, no ha lugar a tener como tercero interesado al Director del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, esto en razón de dicha autoridad no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. Luego, ténganse por presentadas las documentales que acompaña, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Conforme a lo dispuesto por el ordinal 64 de la ley de la materia, hágase saber a las partes, el deber de informar de inmediato a este Juzgado, sobre el conocimiento que tengan de alguna causa de sobreseimiento, y de ser el caso, y estar en posibilidad, acompañar las constancias que la acrediten. Además se les hace saber lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte que tenga conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá la multa prevista en el citado precepto legal.
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