Royer Hernández Medina
Expediente 237/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Royer Hernández Medina
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, al que anexa testimonio autorizado de la resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del recurso de queja 154/2019, relativo al medio de impugnación interpuesto por el quejoso ***, en contra el proveído que desechó la demanda de amparo, en el que determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja de que se trata." En tales condiciones, acúsese el recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió copia certificada del juicio de amparo 237/2019-II, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, se toma nota de que dicho medio de impugnación se admitió y el mismo quedó registrado con el número de toca 154/2019. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, atento a su contenido, se tiene al quejoso Royer Hernández Medina, interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 101 de Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja, manifestando la certeza del acto reclamado y sosteniendo la legalidad del mismo; remitiendo en apoyo al citado informe copia certificada del presente sumario constitucional, así como del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; a afecto de que, de ser procedente, substancie el recurso que se hace valer. Ahora bien, cabe apuntar que conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, en el caso resulta innecesario notificar a las demás partes para que señalen las constancias que consideren deban ser remitidas al tribunal ad quem, puesto que éstas no podrían ser diversas a la demanda promovida por el quejoso el veinte de junio del año en curso y al acuerdo que desechó la misma el veinticuatro siguiente. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número XXVII.3o. J/8 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1646, Libro 14 enero de 2015 Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008228, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. De los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se colige que cuando el recurso de queja se promueva mediante escrito impreso (no por vía electrónica) su tramitación exige, entre otros aspectos que: a) el recurrente exhiba sendas copias del recurso para su traslado a las demás partes; y, b) el a quo notifique a las demás partes la interposición del recurso con las copias (incluyendo al Ministerio Público de la Federación), para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para integrar el testimonio de la queja; por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito en turno advierte que el Juez de Distrito no realizó alguna de las anteriores obligaciones, deberá ordenar la regularización del procedimiento a fin de que aquél integre correctamente el expediente para estar en aptitud de resolver. Sin embargo, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivados del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la queja se interpone contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, no amerita dicha regularización, porque aún no se ha dado intervención a parte diversa a la promovente de la demanda y porque sólo a ésta afecta la determinación recurrida; por ello, es innecesario requerir las copias de la queja, pues éstas son para notificar a las demás partes y tal notificación es irrelevante porque el fin de tal conocimiento es que aquéllas señalen las constancias que consideren deben ser remitidas al ad quem, las cuales no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido y su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser remitidas por el Juez Federal, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para ese momento, no hay actuaciones diversas para resolver." Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Royer Hernández Medina, contra actos que reclama de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 237/2019-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el juez de distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Atento a lo anterior, se procede a estudiar la demanda en cuestión, razón por la cual se advierte que el acto reclamado se hace consistir de manera esencial, en: El acuerdo dictado en la audiencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del expediente laboral número 01526/2018/JE1-3, del índice de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que se determinó no llamar a juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. La omisión de la responsable de requerir al aquí quejoso para que aclarara su escrito inicial de demanda y señalara como demandados a los antes citados, así como de regularizar el procedimiento laboral de origen para llamarlos a juicio. Ahora, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia P./J.40/2000, página 32), se observa que el quejoso reclama en primer término la determinación adoptada en la audiencia celebrada el treinta de mayo de dos mil diecinueve de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 01526/2018JEI-3, del índice de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en la que dicha autoridad no acordó de conformidad su solicitud de llamar a juicio como terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bajo el argumento de que su petición no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, así como la omisión de regularizar el procedimiento a fin de realizar dicho llamamiento. En ese sentido, en el presente asunto se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, si se considera que el promovente solicitó el llamamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, exclusivamente como terceros interesados y que la autoridad responsable negó dicho llamamiento, es claro que dicho un acto sólo produce efectos intraprocesales, toda vez que el hecho de no llamar a un tercero a juicio no constituye una violación de tal trascendencia que justifique la interposición del juicio de amparo indirecto, pues la intervención del tercero no puede considerarse forzosa o coactiva en el juicio original, es decir, no tiene obligación de hacerlo, al tener su actuación un carácter meramente voluntario; sin embargo, es un derecho fundamental para dicha parte, y sólo mediante su intervención en el procedimiento quedará vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral. En ese sentido, el no llamamiento a juicio de un tercero constituye una violación procesal, la cual únicamente hasta el dictado del laudo, se podrá apreciar si trascendió y afectó al quejoso. En el mismo sentido, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso relativa que la autoridad responsable no le previno para que aclare su escrito inicial de demanda, y señale como demandados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra del laudo que en su oportunidad se dicte, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, y el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Abasolo, número 523-4 altos, zona Centro, de esta ciudad. Del mismo modo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Lorenzo Gerardo González Cisneros, Oscar Adrián Cruz Lárraga, José Ignacio de la Rosa Martínez, Nancy Stevens Reynaga, Amalec López Salinas y Eric Rangel Hernández, toda vez que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Ahora, por lo que hace a Hiram Amisaddai Briones Rosales y Karla Ávalos Figueroa, se autorizan en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del ordenamiento legal citado, toda vez que no cuentan con el requisito descrito en el párrafo que antecede Asimismo, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene a Daniel Esparza Ramírez, Gustavo Adolfo García Martínez y Eduardo Zarate Sánchez, autorizados únicamente para imponerse de autos y oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el quejoso. En otro contexto, se autoriza a la parte quejosa para hacer uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Por otro lado, hágase saber al quejoso que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
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