Roydé Zorine Herrera Grimán
Expediente 509/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2020
Partes del expediente
- Roydé Zorine Herrera Grimán
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, firmada por ****, contra actos del Fiscal de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro ****. Ahora con apoyo al artículo 113 de la Ley de Amparo , este órgano federal procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esa idea, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama sustancialmente lo siguiente: a) La omisión de brindar las medidas de protección, solicitadas por la quejosa en escrito inicial de denuncia; y b) La omisión de realizar las diligencias necesarias para garantizar la protección a la integridad de la promovente. Bajo esa tesitura, del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar esas omisiones será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Ahora, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o promover la acción de amparo pero previo deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público en que se omita realizar cualquier acto o diligencia solicitado por la víctima u ofendido o en su caso que tuviera que realizarse de oficio y que conlleve la paralización de su función. En este punto, cabe hacer hincapié en que si bien las omisiones que por esta vía se reclaman son atinentes a que el ministerio público no se ha pronunciado sobre la solicitud de medidas de protección; así como aquellas diligencias tendientes a garantizar la integridad de la denunciante en su calidad de víctima; también lo es que las mismas deben ser impugnadas ante un Juez de Control, ya que precisamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, refirió que el medio de impugnación innominado previsto en el numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede contra cualquier omisión del órgano técnico durante el periodo de investigación, sin hacer distinción entre alguna clase de omisión, pues la superioridad determinó que las mismas implican la paralización de la función ministerial. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y/o practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos y en general aquellas diligencias solicitadas por la víctima u ofendido o en su caso que deban realizarse de oficio. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando su labor en la etapa de investigación. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Motivo de lo anterior es que si en el presente asunto se reclama: a) La omisión de brindar las medidas de protección, solicitadas por la quejosa en escrito inicial de denuncia; y b) La omisión de realizar las diligencias necesarias para garantizar la protección a la integridad de la promovente. Entonces, se entiende que la parte quejosa se duele de que la autoridad ministerial no ha llevado a cabo las diligencias que le fueron solicitadas en el escrito de denuncia que presentó: de ahí que tales omisiones, encuadran en la hipótesis normativa del numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente porque el dispositivo refiere de manera enunciativa y no limitativa los casos en que necesariamente un Juez de Control debe dilucidar la controversia, ya que respecto a ese tópico, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el mismo procede contra cualquier acto u omisión ministerial que impliquen paralizar la labor ministerial. Por tanto, se sostiene que la parte promovente de amparo debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, so pena de incurrir en una causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20 Constitucional. En ese sentido, es que previo a instar el juicio de amparo la parte quejosa tuvo que recurrir al diverso que contempla el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el juez de control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por cuanto al domicilio para recibir notificaciones, debe decirse que la parte quejosa señala uno físico y un usuario para recibir notificaciones electrónicas; en consecuencia, a efecto de que dar certeza a la parte promovente, se le tiene señalando el usuario ****, para recibir notificaciones de carácter personal. Se exhorta a las partes (que no lo hayan hecho) a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberán designar un nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Se solicita a las partes que realicen las promociones que estimen pertinentes preferentemente a través de Firma Electrónica, lo deberán llevar a cabo en la Oficialía de Partes Común que se encuentre instalada en el edificio donde se encuentra este órgano. Asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que se efectuó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se observa que la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo ****, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por tanto, gírese atento oficio -vía interconexión-, con trascripción del presente proveído al órgano de control de la constitucionalidad en cita; y para el caso de no tener inconveniente, se sirva informar el estado procesal que guarda el juicio de amparo de referencia, y remita (por la misma vía) copia de la papeleta que expide la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Materia, escrito de demanda, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables (de ser posible con anexo donde se advierta el expediente del que deriva el acto reclamado), sentencia que se hubieren dictado y auto que las haya declarado ejecutoriada y/o en su caso, el cumplimiento respectivo, ya que dichas documentales son necesarias para estar en aptitud de resolver lo que corresponda en el presente controvertido constitucional. Se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan.
- Principal
PERSONAL. con fundamento en el artículo 30, fracción II y 31 fracción II, de la Ley de Amparo, se hace constar que: con esta fecha se tiene por hecha la notificación personal de manera electrónica a la parte quejosa de la determinación de siete de octubre de dos mil veinte; toda vez que de la consulta electrónica del juicio de amparo antes indicado, no se advierte que dicha parte haya ingresado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el plazo señalado en el citado artículo, determinación que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, firmada por ****, contra actos del Fiscal de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro ****. Ahora con apoyo al artículo 113 de la Ley de Amparo , este órgano federal procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esa idea, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama sustancialmente lo siguiente: a) La omisión de brindar las medidas de protección, solicitadas por la quejosa en escrito inicial de denuncia; y b) La omisión de realizar las diligencias necesarias para garantizar la protección a la integridad de la promovente. Bajo esa tesitura, del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar esas omisiones será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Ahora, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o promover la acción de amparo pero previo deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público en que se omita realizar cualquier acto o diligencia solicitado por la víctima u ofendido o en su caso que tuviera que realizarse de oficio y que conlleve la paralización de su función. En este punto, cabe hacer hincapié en que si bien las omisiones que por esta vía se reclaman son atinentes a que el ministerio público no se ha pronunciado sobre la solicitud de medidas de protección; así como aquellas diligencias tendientes a garantizar la integridad de la denunciante en su calidad de víctima; también lo es que las mismas deben ser impugnadas ante un Juez de Control, ya que precisamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, refirió que el medio de impugnación innominado previsto en el numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede contra cualquier omisión del órgano técnico durante el periodo de investigación, sin hacer distinción entre alguna clase de omisión, pues la superioridad determinó que las mismas implican la paralización de la función ministerial. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y/o practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos y en general aquellas diligencias solicitadas por la víctima u ofendido o en su caso que deban realizarse de oficio. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando su labor en la etapa de investigación. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Motivo de lo anterior es que si en el presente asunto se reclama: a) La omisión de brindar las medidas de protección, solicitadas por la quejosa en escrito inicial de denuncia; y b) La omisión de realizar las diligencias necesarias para garantizar la protección a la integridad de la promovente. Entonces, se entiende que la parte quejosa se duele de que la autoridad ministerial no ha llevado a cabo las diligencias que le fueron solicitadas en el escrito de denuncia que presentó: de ahí que tales omisiones, encuadran en la hipótesis normativa del numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente porque el dispositivo refiere de manera enunciativa y no limitativa los casos en que necesariamente un Juez de Control debe dilucidar la controversia, ya que respecto a ese tópico, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el mismo procede contra cualquier acto u omisión ministerial que impliquen paralizar la labor ministerial. Por tanto, se sostiene que la parte promovente de amparo debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, so pena de incurrir en una causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20 Constitucional. En ese sentido, es que previo a instar el juicio de amparo la parte quejosa tuvo que recurrir al diverso que contempla el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el juez de control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por cuanto al domicilio para recibir notificaciones, debe decirse que la parte quejosa señala uno físico y un usuario para recibir notificaciones electrónicas; en consecuencia, a efecto de que dar certeza a la parte promovente, se le tiene señalando el usuario ****, para recibir notificaciones de carácter personal. Se exhorta a las partes (que no lo hayan hecho) a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberán designar un nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Se solicita a las partes que realicen las promociones que estimen pertinentes preferentemente a través de Firma Electrónica, lo deberán llevar a cabo en la Oficialía de Partes Común que se encuentre instalada en el edificio donde se encuentra este órgano. Asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que se efectuó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se observa que la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo ****, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por tanto, gírese atento oficio -vía interconexión-, con trascripción del presente proveído al órgano de control de la constitucionalidad en cita; y para el caso de no tener inconveniente, se sirva informar el estado procesal que guarda el juicio de amparo de referencia, y remita (por la misma vía) copia de la papeleta que expide la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Materia, escrito de demanda, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables (de ser posible con anexo donde se advierta el expediente del que deriva el acto reclamado), sentencia que se hubieren dictado y auto que las haya declarado ejecutoriada y/o en su caso, el cumplimiento respectivo, ya que dichas documentales son necesarias para estar en aptitud de resolver lo que corresponda en el presente controvertido constitucional. Se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan.
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