Roxana Trinidad Cervantes
Expediente 1052/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- C. S. T. A.
- Roxana Trinidad Cervantes
- Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que acusa recibo del diverso oficio 3667/2022 y las constancias remitidas a través del mismo; lo anterior para los efectos legales conducentes. Consecuentemente, archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, se previene a la parte tercera interesada. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
- Principal
...De lo hasta aquí expuesto, se llega a la conclusión, que, de acuerdo con el interés superior del menor, es obligación de los jueces y tribunales, escuchar a los menores cuando una determinación pueda afectarlos. También constituye una obligación para el Estado velar por que los menores disfruten del derecho a convivir con sus padres, aun cuando éstos se encuentren separados, a efecto de lograr su óptimo desarrollo personal. Además, el Máximo Tribunal del país ha establecido, con base en el interés superior del menor, que el Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho del menor a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano, incluso respecto de los temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación. Lo anterior, en virtud de que debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. Lo considerado encuentra su fundamento, en la tesis 1a. CVIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia Constitucional, página 1099, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AÚN NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE. De los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva la obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, garantizando de forma plena su derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano. En ese sentido, incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior". No obstante, la propia Corte ha limitado el citado derecho del menor en los casos en los que su participación en el proceso sea en detrimento de su interés superior, por lo cual debe analizarse de oficio la participación de los menores de edad al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio, lo anterior con el objeto de evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría suceder cuando sus derechos no formen parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica; debiendo en todo caso el juzgador tener como premisa procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso, por lo que la excepción debe estar debidamente fundada y motivada. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia Constitucional Civil página 383, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo". De igual modo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 13/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18. Mayo de 2015. Tomo I. Materia Constitucional Civil, página 382, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación". Asimismo, se cita la tesis I.9o.C.158 C del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil el Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009. Materia Civil, página 1927, de rubro y texto siguiente: "MENORES. CONOCER SU SENTIR RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE VEAN INVOLUCRADOS, COMO LO ESTABLECE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, ES UNA FORMALIDAD ACORDE CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de conceder al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión respecto del asunto que le afecte, establece un lineamiento general para que los Estados partes consideren que en cualquier procedimiento en que se pueda ver afectado un menor, éste tenga la oportunidad de ser escuchado para conocer su sentir respecto del mismo; esto es, instituye una formalidad que se debe cumplir en todo aquel procedimiento en el que se ventilen cuestiones inherentes a los menores. Por ende, lo dispuesto por el artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, en el sentido de que debe oírse a los menores independientemente de su edad, no contraviene lo previsto por la citada convención, porque como ya quedó asentado, ese instrumento internacional establece lineamientos generales a seguir por los Estados firmantes del mismo, para garantizar el sano desarrollo y bienestar de los menores, pero es en la norma de procedimiento de la ley nacional respectiva, en la que se establece la forma y términos en que van a otorgarse o garantizarse los derechos reconocidos a los menores, que precisamente es el artículo 417 en comento". Por último, se cita la tesis I.5o.C.129 C del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, Materia Civil, página 2338, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. DEBE ESCUCHARSE AL MENOR ANTES DE SU FIJACIÓN, AUN TRATÁNDOSE DEL DIVORCIO SIN CAUSA. El Juez debe escuchar al menor antes de fijar el régimen de visitas y convivencias, aun cuando se trate de divorcio sin causa que regula el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal, porque constituye un derecho humano que debe ser respetado, en términos de los artículos 1o. de la Constitución Federal; 1 a 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, fracción III, y último párrafo, estos últimos del ordenamiento legal primeramente citado". En las relacionadas condiciones, el niño debe ser escuchado en todo procedimiento judicial que lo afecte y debe tomarse en cuenta su opinión atendiendo a su edad y madurez. Por lo tanto, la valoración de la opinión del menor debe atender a las diversas circunstancias que rodean al caso de que se trate, entre las cuales una de las más importantes se refiere a la edad y a la madurez intelectual y afectiva del menor. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la opinión del menor no puede ser el único elemento a tomar en consideración para dar sustento a la decisión que se adopte; pero adquiere particular importancia cuando por su edad y madurez puede ser considerada como personal y auténtica. Así, la opinión del menor es uno más entre los factores que deben sustentar la decisión judicial y esa opinión podrá invocarse válidamente para fundar la respectiva decisión cuando el menor haya alcanzado una edad y un desarrollo intelectual, afectivo y cognoscitivo que pueda habilitarlo para discernir no sólo una mera preferencia afectiva. Por consiguiente, al realizar la evaluación de la opinión del menor debe hacerse un análisis que demuestre que su opinión cumple con los requisitos mencionados. La evaluación de la opinión del menor deberá, entonces, tomar en consideración diversas circunstancias, con el propósito de establecer el grado de atendibilidad de la misma. Entre esas circunstancias se encuentra la edad del menor y aun cuando no puede establecerse una línea divisoria estricta, puede válidamente considerarse, que a mayor edad se adquiere mayor capacidad de objetividad y discernimiento, lo que permite estimar, que la opinión emitida se sustenta en un criterio objetivo. Por tanto, resulta ineludible constatar que le pertenezca al menor la opinión por él emitida, a efecto de descartar toda posible influencia de uno de los progenitores con el objeto de ganar su preferencia. Sin duda, ha de considerarse en forma muy especial, que la preferencia del menor no esté basada en un menor control sobre sus actividades, qué, por significar menores restricciones y exigencias, haga que le parezca una situación más deseable vivir con el progenitor más permisivo y menos controlador de sus actividades, puesto que no debe permitirse que la inmadurez de los menores los lleve a preferir cosas que muchas veces resultan contrarias a sus propios intereses y que su opinión fije la conducta a seguir a pesar de que no sea auténtica dada su edad y madurez. Así, la opinión del menor debe ser colocada en su verdadera dimensión atendiendo a su edad, por lo que no debe ser desmerecida ni sobrevalorada. Sin lugar a dudas, la opinión del menor no puede tener fuerza vinculante sobre la decisión judicial y al igual que toda otra prueba, debe ser valorada atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia y contribuirá en mayor o menor proporción a formar la convicción del juez respecto de la conveniencia de adoptar una u otra decisión. Por lo tanto, atendiendo a la edad y a la madurez del menor, el juez debe comprobar con el auxilio de especialistas, que su opinión es personal y auténtica, en tanto que, conforme a lo dispuesto por los artículos 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 22 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, las opiniones de los niños deben tenerse en cuenta en función de su edad y de su madurez, siendo los especialistas en psicología o en psiquiatría quienes pueden auxiliar al juzgador para comprobar que por su edad y madurez la opinión del niño es propia. De igual modo, es importante considerar, que la revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo, que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida, lo cual, en caso de menores de edad, implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos, que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Por tanto, para la debida protección de los intereses de los menores de edad y sus derechos, todas las autoridades deben emplear las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página: 261, registro: 2010608, de rubro y texto siguiente: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN. La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor y deriven de sus necesidades concretas". Sentado lo anterior y para una mejor comprensión del asunto, como antecedentes de la emisión del acto reclamado, se tienen, en lo que interesa, los siguientes: 1. En la controversia del orden familiar 838/2015, seguida por Alejandro Tinoco Gutiérrez en contra de Mónica Janeth Aguilar Vallejo, así como en el incidente de régimen de modificación de régimen de visitas y convivencias promovido por la demandada; el veinticuatro de enero de dos mil veinte, el Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva en la que determinó, entre otras cuestiones, que el incidente mencionado quedó sin materia; se otorgó la guarda y custodia definitiva de las menores hijas de las partes a Alejandro Tinoco Gutiérrez; y, se decretó un régimen de visitas y convivencias de aquéllas con su progenitora. 2. En contra de la anterior determinación, la demandada interpuso recurso de apelación y de éste tocó conocer a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo registró con el número toca 561/2020. 3. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la Magistrada ponente ordenó la presentación de la menor de iniciales C.S.T.A. - identidad reservada - y su hermana, para sostener una plática con los Magistrados integrantes de dicha sala el once de noviembre de dos mil veintiuno. Este es el acto reclamado en este juicio de amparo. En el acuerdo reclamado se expuso que la plática tenía por objeto, procurar el derecho de los menores de edad a ser escuchados el términos del artículo 4 de la Constitución y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como con apoyo en los artículos 416 Bis y 416 Ter del Código Civil para la Ciudad de México para la Ciudad de México, en relación con los numerales 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para la misma Ciudad; contar con mayores elementos de prueba, para estar en condiciones de resolver el recurso de que se trata, aunado a que no se tenía certeza de las circunstancias que rodeaban a la menor quejosa y su hermana; y, la importancia que tiene su participación en el procedimiento judicial. También conviene precisar que de acuerdo con las constancias relacionadas en la sentencia definitiva ya mencionada; se advierte que en la controversia de origen se llevaron a cabo dos pláticas con la menor quejosa y su hermana, los días seis de octubre de dos mil quince y cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de las cuales según se expuso en dicho fallo, se advertía que recibieron falta de atención y maltrato físico por parte de su progenitora. De igual modo, se trascribió la primera plática que se tuvo con la menor quejosa, quien entre otras cosas, expresó que sí era su deseo platicar con la juez, que tenía seis años; que iba en segundo de primaria; que no le gustaba esa escuela, que le gustaba más la otra en la que su papá las metió, porque salía a la una y en esta salía a las cuatro; que quien iba por ella era **; que su mamá no tenía trabajo y no las atendía, nada más estaba en el teléfono; y, que con su mamá jugaba a la hora del té y las llevó a "K***". Además, indicó que su mamá las trataba mal y no las dejaba ir con su papá; que cuando hacía travesuras se mamá les pegaba en todas las partes del cuerpo; que vivía con su mamá, su hermana y su abuelita; que quería estar con su papá y que no era tan feliz, que a su mamá le pondría tache; que no le gustaba nada de su mamá, solo cuando jugaba al té; y, que quería estar con su papá, porque le gustaba todo lo que hace, no le pegaba. Asimismo, en la determinación en comento, se indicó que en la segunda diligencia realizada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la cual se videograbó, las niñas nuevamente refirieron que su progenitora no les ponía atención cuando se encontraba con ellas, ya que se la pasaba en el teléfono y platicando con su abuela de las menores o viendo televisión. En ese sentido, se destacó que la menor quejosa indicó que su abuela le pegaba con una cuchara amarilla cuando hacía algo mal o solo porque quería y, también hizo del conocimiento que, cuando su mamá se enojaba, rompía cosas y le pegaba, por lo que de calificación le pondría un cuatro, porque les pegaba, las maltrataba y no les ponía atención; mientras que su hermana igualmente refirió desatención y maltrato por parte de su mamá, y como calificación le dio un cero. En la sentencia mencionada también se hizo referencia al estudio en psicología practicado a las menores, de cuya transcripción se desprendía que idealizaban la figura paterna y proyectaban una mala relación y rivalidad con su madre, a quien percibían como mala, amenazante y hostil, percepciones que en ambos casos se encontraban reforzadas por el padre; que proyectaban poca aceptación consiente de la figura materna, probablemente debido a la falta de contacto positivo con ella, sin embargo, de forma inconsciente reflejaban una necesidad de ambas figuras parentales, para que les proporcionaran el afecto y atención necesario para su seguridad, estabilidad emocional y desarrollo adecuado de sus capacidades de aprendizaje. Asimismo, se expuso que no existían elementos contundentes para determinar la existencia de violencia como tal; sin embargo, ambos progenitores con sus rasgos de personalidad habían provocado en ellas angustia, tensión, ansiedad y pobre apoyo en el desarrollo de sus capacidades intelectuales y en general, inestabilidad emocional respecto de sus dos padres, lo cual redundaba en un trato emocional inadecuado para las dos niñas. De igual modo, de la referida sentencia se aprecia, que en la segunda plática verificada con las menores hijas de las partes, se decretó la guardia y custodia provisional a favor de su progenitor y en ese acto se le entregaron; sin embargo, con motivo del juicio de amparo promovido por la demandada, se dejó insubsistente dicha orden y todo lo acordado en la respectiva diligencia, por lo cual, la guardia y custodia se determinaría hasta la resolución de la controversia, pero las cosas debían permanecer en el estado en que se encontraban, esto es, las hijas de las partes continuarían al cuidado de su padre. Así, se indicó que desde el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, las menores se encontraban bajo los cuidados de su progenitor, sin que constara en autos elementos de prueba idóneos, con el que se acreditara que dicha circunstancia representaba algún riesgo para el bienestar físico, psicológico o sexual de las infantes, por lo que al haber transcurrido la fecha dos años ocho meses, se presumía que las menores se encontraban adaptadas al entorno familiar, social y escolar que les proporcionaba su padre. Sentado lo anterior, como ya se adelantó, se estiman infundados los motivos de inconformidad. Lo anterior es así, porque de acuerdo con las actuaciones de la controversia de origen, se advierte que las menores hijas de las partes han tenido participación activa en ese proceso, ya que fueron citadas en dos ocasiones para tener una plática con el juez y también se les practicó un estudio para conocer su situación emocional, con relación a la problemática entre sus progenitores. Asimismo, se desprende la existencia de manifestaciones vertidas por las menores, que reflejan una preferencia hacia su progenitor, derivado de la actitud, que en su momento expusieron, tenía su madre con ellas; lo cual, en el caso de la peticionaria del amparo, se contrapone con lo mencionado en la demanda que se analiza y ha quedado precisado en párrafos que anteceden, en el sentido de querer estar con su madre, derivado de la actitud que su padre, hermana y demás familiares paternos tienen hacia ella, lo cual derivó en que el diez de enero de dos mil veintiuno, ya no regresara con su padre quién tenía a su cargo su cuidado. En ese sentido, no puede negarse que existe la posibilidad de que el desahogo de una nueva plática con las hijas de las partes, pueda ocasionar molestia en ellas, pues como ya se indicó, han participado en el proceso; sin embargo, se considera que la no realización de ese acercamiento con quienes en definitiva juzgarán el asunto y cuentan con facultades para ello, de acuerdo con el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, podría afectar en mayor grado su interés superior, que la molestia que puede ocasionar la comparecencia ante el tribunal de alzada, para los efectos que se mencionan en el acuerdo reclamado, esto es, contar con mayores elementos para emitir una decisión respecto de la guarda y custodia en litigio. Lo anterior se considera de ese modo, porque en el caso de la quejosa, su postura era de preferencia hacia su progenitor y, en fechas recientes, ésta cambió en beneficio de su madre; aunado a que debe tenerse presente que en el caso ha trascurrido un tiempo considerable, desde que se llevaron a cabo las pláticas con ella y que ha cambiado la edad de la menor, pues han pasado casi siete años desde la primera plática que se sostuvo con ella. Así, se estima que la plática ordenada por el tribunal de alzada, podría aportar elementos importantes que permitan apreciar las circunstancias actuales en que se encuentran las menores y con ello emitir una decisión que se ajuste más a la realidad de su sentir, ante el evidente paso del tiempo. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la quejosa, en el sentido de que la convivencia con su padre y su hermana le generan estrés; ya que la plática ordenada, de acuerdo con la Ley, no tiene por objeto una confrontación con ellos y, en ese sentido, el tribunal responsable tiene la obligación de garantizar que ésta se lleve de forma armónica, para con ello permitir la libre y espontánea comunicación de las participantes, tan es así que la propia Ley establece el auxilio de personal calificado, con el fin de contribuir a una mejor comunicación de los menores con los juzgadores. Asimismo, tampoco puede considerarse excesiva la orden emitida por la autoridad responsable, sobre la base de que ya concluyó la fase probatoria; toda vez que en los procedimientos que afectan a la familia, los juzgadores pueden intervenir de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia I.3o.C. J/67 (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Materias(s): Civil, página 3700, registro digital: 160495, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. ES DE LITIS ABIERTA Y OPERA LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es dable para el órgano judicial en materia familiar, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Por ende, es posible para la autoridad judicial de segunda instancia modificar un régimen de visitas que fue inicialmente solicitado de una forma distinta a la que después se planteó en apelación, dado que en la materia familiar la litis no es cerrada, por lo que cuando el Juez suple la deficiencia, no hay una variación de la litis, porque es su obligación hacerlo en uso de las facultades antes precisadas. Así, se insiste que la afectación que puede provocar a la menor el comparecer ante el tribunal de origen, es considerablemente inferior a la afectación que podría tener en su interés superior, de no conocer de primera mano, su sentir con relación al conflicto sobre quién debe tener su guarda y custodia, al haberse manifestado violencia en su contra. En ese sentido, la afectación que la comparecencia podría ocasionar a la menor, no puede compararse con el efecto nocivo que tendría la emisión de una decisión respecto de su guarda y custodia, sin conocer su opinión respecto de la relación que lleva con sus padres, la cual, como ya se apuntó, ha cambiado con el paso del tiempo según lo expresado en la demanda de amparo. Por consiguiente, deben desestimarse los conceptos de violación. Ante el escenario expuesto, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo anteriormente, expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76 fracción I, y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la menor con iniciales C.S.T.A. -identidad reservada-, por conducto de su representante especial Roxana Trinidad Cervantes, Asesora Jurídico Federal. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito signado electrónicamente por ...., quien se ostenta representante de la meno..... C.S.T.A. -identidad reservada- quejosa en el presente juicio de amparo y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que exhibe y por hechas sus manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, respectivamente, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por apersonado al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado a ****. Téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, y en relación a las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a tenerlos por autorizados en esos términos, toda vez que no tienen registrado su número de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como a las demás personas que menciona. Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que refiere, así como la USB que exhibe, y por hechas sus manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, respectivamente, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por último, no ha lugar a ordenar la presentación de las menores hijas de las partes, con el fin de que sean escuchadas; toda vez que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Notifíquese.
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