Roxana Patricia Limon Peralta
Expediente 1700/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1700/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roxana Patricia Limon Peralta
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en el presente juicio, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se concedió la suspensión provisional y no se desahogó la definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En otro tenor, toda vez que en autos obran los originales de las actas de nacimiento del menor quejoso, las cuales anexó la parte quejosa junto su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no recogerla, será destruida junto con el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en el artículo 3 del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le deja en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea el quejoso o cualquier persona que autorice, para estar en aptitud de acudir al Juzgado y recoger los documentos que anexó a su demanda de amparo, previo acuse de recibo de los mismos. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito presentado vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Diana Abigail Pérez Medina, en su calidad de autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual informa que los menores quejosos D. R. L. e Y. R. L., ya han sido inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que el acto que la parte impetrante reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular a los menores quejosos, con las dos dosis de la vacuna antes referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables, de inocular a los menores quejosos, con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Ahora bien, de las propias manifestaciones vertidas por la autorizada en términos amplios de los menores quejosos, se desprende que éstos ya fueron inoculados con las dos dosis de la invocada vacuna; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberle sido aplicadas a los menores quejosos, las dos dosis de la vacuna en cuestión, han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y tres minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva, la cual está señalada para llevarse a cabo a las nueve horas con veinticinco minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la Consultora Jurídica General, en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con el cual devuelve el oficio 25243/2021, del veintidós de septiembre de esta anualidad, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se solicita el informe justificado respectivo, e informa que en esa dependencia no se cuenta con antecedentes del asunto y que de dicha comunicación no se aprecia el acto reclamado. En consecuencia, y toda vez que el cinco pasado, se difirió la audiencia constitucional y se señaló como nueva fecha para su celebración el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las diez horas con treinta y tres minutos; por tanto, reexpídase vía electrónica a la Consejería Adjunta de Control Constitucional del Ejecutivo Federal, el oficio 25243/2021, del veintidós de septiembre citado, junto con la copia simple de la demanda de amparo promovida por la quejosa Roxana Patricia Limón Peralta, en representación de sus menores hijos de iniciales D. R. L. e Y. R. L., dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que tenga conocimiento de la citada demanda de amparo, para que proceda en términos de los artículos segundo y cuarto del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende, como hecho notorio, que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente principal, por interlocutoria de catorce de octubre anterior, se otorgó la suspensión definitiva a los menores quejosos D. R. L. e Y. R. L., a efecto de que las responsables, previa valoración médica, señalaran hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a dichos menores, con sus dos dosis. En esa virtud, dado el tiempo transcurrido desde que dicha medida suspensional de carácter definitivo fue otorgada, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, indique si los menores impetrantes ya han sido inoculados con la vacuna de marras y, en caso afirmativo, precise el número de dosis que de la misma les han sido aplicadas. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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