Roxana Paola Ibarra Ramos
Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roxana Paola Ibarra Ramos
Actuaciones
- Principal
VIII... Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.
- Principal
VIII... Vista la demanda de amparo promovida por Roxana... por propio derecho, contra actos del Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 280/2023-VIII. DESECHAMIENTO Previo a pronunciarse sobre la admisión del ocurso que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, con relación al 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, el cual prevé que cuando contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación, previo a instar el juicio de amparo, deben agotarse. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, la acción constitucional se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ahora, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La determinación del juez de enjuiciamiento de imponer una multa de trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona dentro de la causa penal 504/2022, así como su ejecución y, b) La notificación de dicha determinación. De lo anterior se concluye que respecto al acto reclamado en el inciso b), éste puede combatirse a través del incidente de nulidad respectivo, en caso de que se practique en forma contraria a la ley; y respecto al acto precisado en el inciso a), se puede recurrir por medio del recurso de revocación, los cuales, de declararse fundados, tienen por efecto dejar sin efectos la imposición de la multa combatida, así como, dejar insubsistente dicha notificación y ordenar se practique nuevamente. Lo anterior en razón que a la parte quejosa no le recae el carácter de tercero extraño al proceso, pues conforme al artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta tiene la calidad de sujeto del procedimiento por tanto queda obligada a promover los recursos ordinarios o medios de defensa legales contemplados en la ley que rige el acto reclamado, los que en el caso serían el recurso de revocación previsto en el numeral 465, y el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con el diverso 88, del citado código. Lo anterior, aun cuando la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos; pues lo cierto es que tal disposición refiere también los medios de defensa, con los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de que se trate, como es el caso del incidente de nulidad de notificación; toda vez que materialmente cumple con el último de los objetivos mencionados, y por ello encuadra como un medio de defensa a que la causal de improcedencia se refiere. Como se precisó en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, máxime que en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco niega la libertad bajo caución ni se trata sobre el incidente de desvanecimiento de datos; además no es una orden de arresto ni un acto que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata del auto de vinculación a proceso. Tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento, pues no alega irregularidades en su emplazamiento, pues ésta conocía plenamente de su intervención en la causa penal 504/2022 Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, con relación al 107, fracción VI, ambos de la ley de la materia, aplicada en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación legal. AUTORIZADOS. Se autoriza a ..., únicamente para oír notificaciones, aun las de carácter personal e imponerse de autos, conforme al párrafo segundo, última parte, del artículo 12, con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que una vez que realice lo anterior y reiterada que sea su petición se acordará lo conducente. DOMICILIO DEL QUEJOSO. Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente....
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