Roxana Ortega Fernández

Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Tania Marcela de la Barrera Ortega
  • Roxana Ortega Fernández
  • Nestor Rodríguez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al cual acompaña el testimonio de la resolución dictada en el queja 191/2022, de su índice, de la cual se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Tania Marcela de la Barrera Ortega, Roxana Ortega Fernández y Néstor Rodríguez Sandoval, por conducto de su autorizado Ariel Héctor Tobón Ramírez, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio. En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase a la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, comunicando que se admitió el recurso de queja interpuesto por Ariel Héctor Tobón Ramírez, autorizado de los promoventes del amparo Tania Marcela de la Barrera Ortega, Roxana Ortega Fernández y Néstor Rodríguez Sandoval, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio; radicándose el expediente 191/2022, de su estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito signado por Ariel Héctor Tobón Ramírez autorizado de la parte quejosa Atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el acuerdo dictado el veintidós de junio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales formulada por el citado promovente; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se desechó la demanda de amparo por los fundamentos y las razones ahí expuestas. Notifíquese.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo, signada de manera conjunta por Tania Marcela de la Barrera Ortega, Roxana Ortega Fernández y Néstor Rodríguez Sandoval, por su propio derecho, contra actos y autoridad precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número 569/2022-2, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que la promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado destacado la resolución de veintisiete de mayo del año en curso, dictada en el toca 923/2022, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la admisión del incidente de impugnación de falsedad de documento, promovido por la parte actora en el juicio 1220/2021, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. En el caso, el que suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 107, fracción V, y 172, fracciones VII y IX del propio ordenamiento, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;" [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Como se observa, el primero de los preceptos prevé que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiendo estos los que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos, como la vida, la salud, la libertad, etcétera. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo prevé que como violaciones al procedimiento que se configuran durante la tramitación de un juicio, entre otros, los casos en que se desechen recursos y que afecten partes sustanciales del procedimiento e, incluso, casos análogos a los previstos en las fracciones del citado artículo a juicio de los órganos jurisdiccionales. Cabe precisar que, en estos supuestos, lo que procede es el amparo directo y violaciones procesales como las descritas se pueden combatir en esa vía. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se obtiene que los promoventes reclaman la resolución de veintisiete de mayo del año en curso, dictada en el toca 923/2022 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la admisión del incidente de impugnación de falsedad de documento, promovido por la parte actora en el juicio 1220/2021, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. En ese sentido, a criterio de este Juzgador, dicho acto reclamado no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, por ende, no se ubica en los supuestos de la fracción III del artículo 107 Constitucional, así como tampoco en los de la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, entendiéndose para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en esencia, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho fundamental del gobernado que tutelan los derechos humanos que otorga nuestra Carta Magna. Lo anterior es así, porque la resolución reclamada sólo afecta derechos adjetivos o procesales que son susceptibles de repararse en caso de obtener una sentencia favorable en tal procedimiento; pues el acto reclamado solo versa sobre el desechamiento de un remedio procesal que se interpuso contra la admisión de un incidente, lo que, se insiste, no impacta en la afectación a un derecho sustantivo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo que el acto reclamado cause a los inconformes un agravio directo e inmediato que no pueda repararse en sentencia definitiva, se estima que en el caso no se da tal supuesto. En efecto, la circunstancia que le atribuye a la autoridad responsable, en tratándose de la resolución que declara improcedente el recurso de apelación en contra del auto que admite el incidente de falsedad de documento, produce únicamente efectos intraprocesales, como es el hecho de que se continúe el procedimiento en el expediente de origen, circunstancia que en este momento procesal no le irroga agravio alguno y, en su caso, las consecuencias legales de dicha resolución estriban en el aspecto que se continuará el procedimiento y por consecuente es inminente el dictado de la sentencia definitiva en dicho asunto por parte del juez responsable; además, será hasta el dictado mismo de la sentencia en autos del expediente 1220/2021, cuando los promoventes pudieran resentir alguna afectación a su esfera jurídica, ya que puede darse el caso que obtenga una sentencia favorable, o que llegara a declararse improcedente la acción intentada por la parte actora en dicho procedimiento. En esa tesitura, este juzgador considera que, en todo caso, el acto reclamado actualiza un supuesto de violaciones procesales previstas por el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen que en los juicios tramitados ante los tribunales civiles, como es el caso, se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de la quejosa, cuando se desechen recursos lo cual ocurrió en el particular, ya que los promoventes del amparo consideran que les causa un perjuicio que la Sala responsable haya declarado improcedente su recurso de apelación en contra de la admisión del incidente de impugnación de falsedad de documento, dentro de los autos del juicio 1220/2021, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; por lo tanto, esos actos procesales, son susceptibles de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable a los promoventes, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Razón por la cual se estima que el acto aquí reclamado, no es de ejecución irreparable, al no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. Además, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) y 1a./J. 94/2008 del Pleno y la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Esta jurisprudencia es aplicable al caso, porque la determinación que se le atribuye a la autoridad responsable, no implica que necesariamente dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses de la accionante del amparo. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, así como con el artículo 172, fracciones IX y XII, todos de la Ley de Amparo vigente, el penúltimo interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ariel Héctor Tobón Ramírez, José Miguel Elvira Córdoba, Ricardo Estrella Reyes y Ricardo Javier Carrillo Almeida, por haber acreditado los tres primeros estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y el último, se encuentra dado de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y la restante persona, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos al no encontrarse registrada en dichos sistemas. REPRESENTANTE COMÚN Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Tania Marcela de la Barrera Ortega, sin perjuicio de que la sustituyan por otro. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.

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