Roxana Martínez Díaz
Expediente 1372/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Roxana Martínez Díaz
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE ROXANA MARTÍNEZ DÍAZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:-------- Vista la demanda de amparo promovida por Roxana Martínez Díaz, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas; regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 1372/2019-IV-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: - El auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de origen 1563/2016 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en el cual se hacen efectivas dos multas la primera por treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización judicial, conforme al artículo 16 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y la segunda consistente en sesenta veces el valor diario de la unidad de medida antes señalada, por desacato a un mandato judicial, en específico, por no presentar al menor de iniciales R.Z.O.M. a la convivencia con su progenitor. Ahora, a juicio de la suscrita se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Ahora, en el caso, esta causa de improcedencia opera en caso de que el acto reclamado en el juicio de amparo, pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por la quejosa, que se esté tramitando en la jurisdicción ordinaria, lo que provoca que el juicio de garantías resulte improcedente. Entonces, para actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se le haya dado trámite a la fecha en que se resuelva el juicio de garantías. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Diciembre de 2000, página 15, que señala lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En este contexto normativo, y si de conformidad con la demanda de garantías se advierte que la aquí quejosa reclama el proveído dictado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de origen 1563/2016 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en el cual se hacen efectivas dos multas la primera por treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización judicial, conforme al artículo 16 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y la segunda consistente en sesenta veces el valor diario de la unidad de medida antes señalada, por desacato a un mandato judicial, en específico, por no presentar al menor de iniciales R.Z.O.M. a la convivencia con su progenitor, contra el cual la misma promovente bajo protesta de decir verdad, señala que interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto, mismo que fue admitido a trámite mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, lo que en el caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, constituye a una confesión expresa. En esa tesitura, se concluye que en el caso concreto opera la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; pues en efecto, en relación con el acto que se analiza en este apartado se cumple con el requisito de la causa de improcedencia de que se trata, pues en su demanda de amparo, la promovente bajo protesta de decir verdad señaló que contra el propio acto reclamado interpuso recurso de revocación mismo que el tres de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite. Entonces, queda demostrada la existencia de un medio ordinario de impugnación promovido por la peticionario de amparo que está en trámite, -en el caso, el recurso de revocación en contra del auto reclamado. Por lo que al haber optado la promovente por interponer recurso de revocación contra el auto que por esta vía pretende combatir y al ser dicho medio ordinario el idóneo para obtener la revocación o modificación de los actos reclamados y ser este, admitido, quiere decir entonces que el acto reclamado ya no es definitivo, sino que se encuentra pendiente y sólo podría ser definitivo para efectos de su impugnación constitucional, hasta que se emita la última resolución recaída al medio ordinario interpuesto. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Roxana Martínez Díaz, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Ramos del Ángel, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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