Roxana Marisol Jiménez Mendoza

Expediente 215/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
215/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Roxana Marisol Jiménez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de once de febrero del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, además, existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; en tales condiciones, toda vez que no existe justificación para que este juzgado conserve bajo su resguardo los documentos que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, con fundamento en el primer párrafo del artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en los términos ordenados a recibir dichos documentos; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, serán destruidos con las actuaciones de éste cuando se trate de la desincorporación de las respectivas constancias. Sin embargo, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace del conocimiento de la parte promovente que para efectuar la entrega, previamente deberá generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendida por el personal adscrito, en el entendido de que, conforme a la normatividad aludida, la asistencia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene un límite de veinticinco minutos, por lo que en caso de no ser posible concluir en dicha temporalidad, tendrá que gestionar nuevamente su ingreso, y así sucesivamente, hasta que se concluya la encomienda. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado de autos, se desprende que la quejosa Roxana Marisol Jiménez Mendoza, no desahogó la vista ordenada en proveído de uno de febrero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer si la sentencia de amparo fue acatada por las responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Mediante sentencia de veinte de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roxana Marisol Jiménez Mendoza, respecto de los actos que reclamó del Jefe del Departamento de Personal Salina Cruz, Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos y Gerente de la Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, para el efecto siguiente: "1. Que la quejosa permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta (y se comprobó), consistente en obesidad e hipertensión arterial y, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele a la impetrante que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante las responsables, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. 4. Deberán informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral de la quejosa y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Determinación contra la cual la apoderada legal de Pemex Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas del Estado, a nombre de las prenombradas autoridades responsables, interpuso recurso de revisión; ante ello, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al resolver el medio de impugnación 10/2021, determinó lo siguiente: "R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara IMPROCEDENTE el recurso de revisión." Ante tal circunstancia, en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el oficio firmado vía electrónica, con evidencia criptográfica del apoderado y representante legal de Pemex Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos y como Delegado del 1. Jefe del Departamento de Personal Salina Cruz, Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos y 2. Gerente de la Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, a través del cual oportunamente informaba dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio amparo (folio 882), el que acató en los siguientes términos: "Mediante oficio DJ-GJRNE-SJV-RJSC-JAIL-54-2022 del 31 de enero de 2022 se le informó al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA REFINERIA SALINA CRUZ, OAXACA, como jefe del área de Recursos Humanos correspondiente encargado de llevar a cabo la notificación a la quejosa con copia al GERENTE DE LA REFINERÍA SALINA CRUZ, respecto de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en el Recurso de Revisión (Anexo 1). Mediante correo electrónico se nos informó que la Quejosa ya había reanudado labores con la empresa y que lo realizó al recibir la notificación realizada mediante oficio CRLRH-GRRLRHSUR-SAPMTT-SCZ-DPSCZ-8093-2021, el pasado 27 de octubre de 2021, en la que estuvo de acuerdo realizar la reanudación con las condiciones que se plasmaron en el citado documento (Anexo 2). ." Corroborando su dicho, con copia de las misivas citadas. De dichas constancias y manifestaciones, la parte quejosa no realizó manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica con evidencia criptográfica del apoderado y representante legal de Pemex Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos y como Delegado del 1. Jefe del Departamento de Personal Salina Cruz, Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos, y 2. Gerente de la Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos con sede en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual remite misiva con la que comunicó al Jefe de Servicios al Personal Salina Cruz, Oaxaca, los términos del fallo protector a favor del aquí quejosa Roxana Marisol Jiménez Mendoza, a fin de acatarlos, así como la relativa a que dicha impetrante quedó notificada de la determinación emitida en el incidente de revocación de suspensión que en su momento se concedió de oficio y de plano a su favor, en acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, por lo que actualmente se encuentra laborando. Actuaciones con las que aduce dar cumplimiento a los términos de los efectos de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales descritas con anterioridad, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que su observancia es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia 26/2000, registro 192174, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85798, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio 13, firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que adjunta testimonio de la ejecutoria de seis de enero del año en curso, dictada en el amparo en revisión 10/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por la apoderada legal de Pemex Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas del Estado, a nombre de las autoridades responsables 1. Jefe del Departamento de Personal Salina Cruz, Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos, y 2. Gerente de la Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos con sede en Salina Cruz, Oaxaca, contra la sentencia de veinte de octubre de dos mil veinte, y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad declaró improcedente el recurso de revisión hecho valer. ANOTACIONES En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integrar de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACUSE DE RECIBO En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, dado lo resuelto por la Superioridad, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roxana Marisol Jiménez Mendoza. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables 1. Jefe del Departamento de Personal Salina Cruz, Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos, y 2. Gerente de la Refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos con sede en Salina Cruz, Oaxaca, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, informen el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, las acciones realizadas para ese efecto, ello cada una con el ámbito de sus facultades y competencias. Reiterando que los efectos de la concesión del amparo fueron para lo siguiente: 1. Que la quejosa permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta (y se comprobó), consistente en obesidad e hipertensión arterial y, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele a la impetrante que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante las responsables, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. 4. Deberán informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral de la quejosa y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Precisando que no basta con que de ser la hipótesis, a su vez ella deba hacer alguna gestión por conducto de diversa área, requiera para que ante ella acrediten cumplir, sino que se valgan de los medios que hay a su alcance, facultades y atribuciones que obliguen a su inferior a que cumpla cabal y totalmente la presente ejecutoria. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES De no cumplir lo ordenado sin causa justificada, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y numeral 192, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de la inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que no basta con que hagan manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que deben acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberán remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentran compelidas a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Pues, para que éste se logre se requiere de una serie de requisitos formales y materiales, situación que no puede ser susceptible de constituir un obstáculo para que se satisfagan a cabalidad los lineamientos de la ejecutoria referida y la autoridad responsable pueda inobservar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, más aún que existe criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva a que, de no dar cumplimiento a lo ordenado sólo propicia la actitud de desacato por parte de la autoridad responsable involucrada, con el uso de tácticas dilatorias; además de que si continúa con tal omisión, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. Notifíquese.

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