Roxana Isabel Ibarra Heredia

Expediente 369/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
369/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Roxana Isabel Ibarra Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con los numerales 97, fracción I, inciso a), y 98 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ...... contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 369/2020-I-A y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 463/2012, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación, que aduce la promovente, interpuso en contra del auto de veintisiete de julio del propio año, que negó otorgarle la prórroga solicitada para efecto de estar en posibilidad de contestar la demanda incidental entablada en su contra. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa, reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 463/2012, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación, que aduce la promovente, interpuso en contra del auto de veintisiete de julio del propio año, que negó otorgarle la prórroga solicitada para efecto de estar en posibilidad de contestar la demanda incidental entablada en su contra relativa al incidente de modificación de convenio de cancelación de pensión alimenticia. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en trámite, es decir no ha sido resuelto, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. En efecto, el que no se haya acordado de conformidad su petición para conceder la prórroga que solicitó para contestar la demanda incidental durante el trámite del incidente de modificación de convenio de cancelación de pensión alimenticia planteado en contra de la quejosa en el contradictorio de origen, no le causa una afectación material a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, ya que el perjuicio que alega en todo caso se materializaría hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado, pues éste puede quedar subsanado de obtener una resolución favorable a sus intereses. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda, como autorizado en términos amplios al licenciado Víctor Alfredo Juárez Sanjuán, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las diversas personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ...... contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 369/2020-I-A y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 463/2012, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación, que aduce la promovente, interpuso en contra del auto de veintisiete de julio del propio año, que negó otorgarle la prórroga solicitada para efecto de estar en posibilidad de contestar la demanda incidental entablada en su contra. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa, reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 463/2012, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación, que aduce la promovente, interpuso en contra del auto de veintisiete de julio del propio año, que negó otorgarle la prórroga solicitada para efecto de estar en posibilidad de contestar la demanda incidental entablada en su contra relativa al incidente de modificación de convenio de cancelación de pensión alimenticia. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en trámite, es decir no ha sido resuelto, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. En efecto, el que no se haya acordado de conformidad su petición para conceder la prórroga que solicitó para contestar la demanda incidental durante el trámite del incidente de modificación de convenio de cancelación de pensión alimenticia planteado en contra de la quejosa en el contradictorio de origen, no le causa una afectación material a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, ya que el perjuicio que alega en todo caso se materializaría hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado, pues éste puede quedar subsanado de obtener una resolución favorable a sus intereses. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda, como autorizado en términos amplios al licenciado Víctor Alfredo Juárez Sanjuán, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las diversas personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente."

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