Roxana Guadalupe Chávez Gómez

Expediente 1453/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1453/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Roxana Guadalupe Chávez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y anexo, a través del cual remite copia certificada del acuerdo treinta y uno de agosto de año en curso, e informa la manera en que dio cumplimiento al fallo protector, como lo acredita con la documental que adjunta. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se declaró que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. En consecuencia, agréguese a sus autos el comunicado de cuenta, sin mayor pronunciamiento por las razones ya expuestas. Asimismo, del comunicado de cuenta, se observa que el expediente de origen está relacionado con el diverso juicio de amparo 133/2021, por el que concedió la protección de la Justifica de la Unión, a efecto de que se dictara el laudo; sin embargo, se estima innecesario sacar copia de dicha promoción a efecto de que se provea dentro del diverso juicio de amparo, toda vez que, el oficio de cuenta también fue presentado en aquél sumario constitucional.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa y tercero con interés con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el cuatro de diciembre de dos mil veinte y al tercero interesado el quince de enero de dos mil veintiuno; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para las partes al tenor de la certificación de cuenta, respectivamente; sin que en dichas fechas realizaran manifestación alguna las citadas partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: ".de conformidad con lo previsto en el artículo 77, fracción II de la ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Roxana Guadalupe Chávez Gómez, para el efecto de que los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emitan los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral 76/2017, en el que la ahora quejosa figura como parte actora y en su oportunidad concluya con el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista en el numeral 136 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo aplicable, en estricto apego al postulado que emana del ordinal 17 constitucional. ." Luego, en auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió al tribunal responsable para que en el término de diez días lo acatara. En ese sentido los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era emitir los acuerdos correspondientes con el estado procesal que guardaba el expediente laboral de mérito al momento de presentar la demanda de amparo, a fin de concluir la audiencia de pruebas y alegatos y resolución prevista por el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral de origen 76/2017, toda vez que, como se desprendía de las constancias que integran el presente juicio de amparo, había transcurrido un plazo excesivo en el referido conflicto laboral sin que el tribunal de mérito concluyera el desahogo de la audiencia en cita; asimismo, para que emitiera los acuerdos correspondientes. Así, a través del oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente 76/2017 de su índice, por el que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para el dictado del proyecto de laudo correspondiente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; y, por otra se negó; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. NOTIFÍQUESE, Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa y tercero con interés con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el cuatro de diciembre de dos mil veinte y al tercero interesado el quince de enero de dos mil veintiuno; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para las partes al tenor de la certificación de cuenta, respectivamente; sin que en dichas fechas realizaran manifestación alguna las citadas partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: ".de conformidad con lo previsto en el artículo 77, fracción II de la ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Roxana Guadalupe Chávez Gómez, para el efecto de que los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emitan los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral 76/2017, en el que la ahora quejosa figura como parte actora y en su oportunidad concluya con el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista en el numeral 136 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo aplicable, en estricto apego al postulado que emana del ordinal 17 constitucional. ." Luego, en auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió al tribunal responsable para que en el término de diez días lo acatara. En ese sentido los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era emitir los acuerdos correspondientes con el estado procesal que guardaba el expediente laboral de mérito al momento de presentar la demanda de amparo, a fin de concluir la audiencia de pruebas y alegatos y resolución prevista por el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral de origen 76/2017, toda vez que, como se desprendía de las constancias que integran el presente juicio de amparo, había transcurrido un plazo excesivo en el referido conflicto laboral sin que el tribunal de mérito concluyera el desahogo de la audiencia en cita; asimismo, para que emitiera los acuerdos correspondientes. Así, a través del oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente 76/2017 de su índice, por el que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para el dictado del proyecto de laudo correspondiente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; y, por otra se negó; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. NOTIFÍQUESE, Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en informar el acatamiento dado al fallo protector, aún y cuando se le ha requerido para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicha autoridad, para que dentro del término de CINCO DÍAS, se sirva dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en la inteligencia de que dicho lapso comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.

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