Roxana Garcia Pina
Expediente 810/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Roxana Garcia Pina
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
veintitrés de junio de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, con asistencia de la Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 810/2016, promovido por **********************. Abierta la misma, la Secretaria procede a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continúo, en período probatorio; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas aquí en razón de su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas del juicio laboral número 01/1329/11, del índice de la responsable, entre las que se encuentran copia certificada de diversas constancias del juicio de amparo número 753/2013, del índice de este Juzgado Primero de Distrito de este Circuito, mismo que se tiene a la vista en este momento, en el que se destaca como acto reclamado La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 01/1329/11, juicio que fue resuelto el dieciocho de junio de dos mil trece (fojas 113 a 119), causando ejecutoria el once de junio de dos mil trece (foja 124), constancias que deberán ser tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo 810/2016, promovido por **************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, eldiez de mayo de dos mil dieciséis, turnado en esa misma fecha a este juzgado de Distrito Roxana García Piña, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra e actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que se mencionan a continuación: ".ACTO RECLAMADO: La omisión en que incurrió la autoridad señalada como responsable en el expediente laboral 01/1329/11, al no desahogar en la totalidad las pruebas señaladas en el auto admisorio de pruebas, en razón de que no se han desahogado la totalidad de las pruebas como son los informes de autoridad ofrecidos por la quejosa por diversas causas imputables a la autoridad señalada como responsable. así como los actos subsecuentes hasta la conclusión total del procedimiento natural.." SEGUNDO. La quejosa señaló como preceptos constitucionales violados los Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 810/2016, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se celebra al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite al tenor de lo siguiente. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo número 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de amparo, que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación en este sentido, la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI de abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esas condiciones, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: "*La omisión de la Junta responsable de desahogar la totalidad de las pruebas señaladas en el auto admisorio de éstas, en particular los informes de autoridad ofrecidos por la quejosa. TERCERO. La autoridad responsable, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por conducto de su presidente, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por tanto se tiene por plenamente acreditada su existencia. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En el caso, se estima que respecto al acto reclamado por la parte quejosa Roxana García Piña, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, misma que cita lo siguiente; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" La causa de improcedencia prevista en el dispositivo legal transcrito tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina "cosa juzgada", por lo que tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza dicha causal cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir como requisitos: la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Este principio impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo y sobre el particular, es oportuno destacar que este motivo de inejercitabilidad se refiere no sólo al fondo de la controversia constitucional, sino que también puede aplicar a causas de improcedencia o sobreseimiento respecto de las que, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación, porque aun cuando el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada, cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de inejercitabilidad, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior, promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Precisado lo anterior, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia en mención, porque la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue promovida por el mismo quejoso, que en el diverso juicio de amparo número 753/2013, del índice de este Juzgado Primero de Distrito, en el que se destaca como acto reclamado La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 01/1329/11, juicio que fue resuelto el dieciocho de junio de dos mil trece (fojas 113 a 119), causando ejecutoria el once de junio de dos mil trece (foja 124), y cuyos efectos se precisaron de la siguiente manera: ".En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado procede otorgar a la parte quejosa la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba la notificación correspondiente a que este fallo cause ejecutoria, proceda de inmediato a continuar con el procedimiento laboral 01/1329/11-JE1 conforme a los términos legales establecidos, lo que implica que deba realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin, y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente.". La sentencia de mérito, causó ejecutoria el once de julio de dos mil trece, y que en la actualidad se encuentra en periodo de cumplimiento. No se desatiende, que en el diverso juicio de amparo el quejoso destacó como acto reclamado ". La omisión de la responsable emplazar a juicio a la parte demandada TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V., así como efectuar la substanciación del procedimiento respetando los parámetros establecidos en la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral 01/1329/11-JE1", sin embargo, como puede verse de la transcripción de los efectos de la sentencia en el diverso juicio de amparo número 753/2013, del índice de este Juzgado Primero de Distrito también se concedió la protección constitucional para el efecto de que se realizara " los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin, y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente", por ende dicho aspecto también constituye cosa juzgada, que no puede ser analizada por este juzgado de distrito, pues incluye en éstos el desahogo total de las pruebas ofrecidas por las partes, e incluso el dictado del laudo. Por tanto la existencia de ambos juicio, promovidos por la propia quejosa, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, resuelta un hecho notorio para quien ahora resuelve. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia P./J. 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, consultable en la página 963, novena época, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento". También sustenta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por tanto, al acreditarse que existe diverso juicio de amparo promovido por el mismo impetrante de garantías, contra la misma autoridad responsable y en la que se proveyó por los propios actos reclamados, que se destacan en este juicio de amparo, es evidente que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia referida, ya que el acto reclamado, en el presente juicio, fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo número 753/2013, del índice de este Juzgado Primero de Distrito, y ambos fueron promovidos por la misma quejosa, contra la propia autoridad responsable ya fueron analizados los actos reclamados en este juicio de amparo. De esa guisa, se insiste, se actualizó la triple identidad jurídica requerida para ello: quejoso, autoridad y acto; para que se actualizara la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 225, tomo XII, Julio de 1993, Octava Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En tal virtud, al acreditarse que existe diverso juicio de amparo promovido por la misma quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado, se actualiza la mencionada causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis aislada sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 16 Tercera Parte, página 58, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS.- La ley de Amparo exige para que opera la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." En tales condiciones, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia examinada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, licenciado Jorge Carenzo Rivas, asistido de la Secretaria, Rosa María Luna, con quien actúa y da fe. Doy fe. .
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Se requiere a la autoridad responsable.
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Agréguese el oficio signado por diverso Juez, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto mencionado en autos.
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