Roxana Espinosa Ramírez
Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roxana Espinosa Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
A N T E C E D E N T E S********************PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el cinco siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de seis de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1055/2023-III-A, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete.********************De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede.********************TERCERO. Plazo de ocho días por vista del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista otorgada a las partes mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, respecto de las constancias remitidas por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional.********************En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que del informe justificado se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable.********************C O N S I D E R A C I O N E S********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama:********************La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente 427/2023.********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado.********************Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto."********************CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."******************** ********************En el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia.********************Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.********************(.)."****************************************El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado.********************Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal.********************En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija.********************Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella.********************Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."****************************************De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen:********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."****************************************En el caso, de las constancias que remitió la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de julio de la presente anualidad.********************A las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.********************Se advierte que mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, la responsable dio contestación al escrito presentado en fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente ********************.********************Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues la responsable acordó las peticiones de la parte quejosa el diez de julio de la presente anualidad, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo.********************Es decir, al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto.********************Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional.********************De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto.********************Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley.********************Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos:********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."****************************************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa.********************Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************QUINTO. Publicación de datos personales.Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se********************R E S U E L V E********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. ********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el considerando séptimo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese el oficio 2377 signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, del que se advierte que remite las constancias que se le solicitaron mediante proveído de trece de julio de dos mil veintitrés. Al efecto, este órgano jurisdiccional tiene por informado lo anterior y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo que adjunta la autoridad responsable al oficio de cuenta, consistente en las copias certificadas del expediente ********************, de su índice déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Por otra parte, de una lectura de autos y de la constancia de tres de agosto actual, levantada por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el contenido del auto de dos de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, realícese la notificación del referido acuerdo a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese a la parte quejosa por lista de estrados.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de la quejosa Roxana Espinosa Ramírez, con el que manifiesta que por así convenir a sus intereses, se desiste del presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de tener por desistido a la quejosa, a su más entero perjuicio, del juicio de amparo en que se actúa; comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción a efecto de que en el momento de la diligencia de la notificación del presente proveído, requiera a la citada quejosa para que en el acto, o dentro del términos de tres días hábiles, manifieste si ratifica o no el contenido del escrito mediante el cual se desiste de la tramitación de la demanda presentada, ocurso que deberá poner a la vista del justiciable. Se hace la precisión a la quejosa, que de no atender el requerimiento efectuado en el acto de la diligencia, esto es, ante la presencia del fedatario judicial, podrá comparecer a dar cumplimiento, en cualquiera de los tres días del plazo otorgado. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que de igual forma podrá ratificar el desistimiento de mérito dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, mediante escrito firmado electrónicamente por el directo quejoso con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), con su respectiva evidencia criptográfica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2023937, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 31/2021 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1533, Tipo: Jurisprudencia, que indica: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Apercibida que de no hacerlo así, se continuará con la prosecución del referido juicio; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto rezan: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese personalmente a la quejosa Roxana Espinosa Ramírez y cúmplase. Así lo acordó y firma la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1585/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.la misma fecha se libraron los oficios: , en términos de la se agrega. Conste. DFM
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Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese al sumario, para los efectos legales conducentes, el informe justificado signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno matutino, con residencia en esta ciudad. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe de cuenta se advierte que la responsable en cita, se pronuncia en sentido afirmativo respecto al acto reclamado, sin embargo fue omisa en remitir las constancias relativas a fin de justificar su manifestación. En consecuencia, requiérase a la juez responsable para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada, completa y legible de las constancias relativas al acto reclamado, incluyendo las correspondientes al proveído de diez de julio de dos mil veintitrés dictado en autos del expediente ********************, de su índice; toda vez que se consideran necesarias, para resolver adecuadamente en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.
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