Roxana Chaparro De la Paz y Otros.
Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 66 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 66
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Brisa Georgina Mireles Hernández y Otros.
- Roxana Chaparro De la Paz y Otros.
- Brisa Georgina Mireles Hernández
- Roxana Chaparro De la Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 66.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se decretó la suspensión de plano. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 384/2020- II, promovido en nombre de *******, y otras quejosas, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez y otra autoridad. Resultando Primero. Presentación de la demanda de amparo. Dada la emergencia sanitaria que aún persiste, mediante llamada telefónica verificada con la Secretaria en ese momento de guardia, adscrita a este juzgado, el seis de septiembre de dos mil veinte, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de *******, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Fiscal de Distrito Zona Norte, de quienes reclamó la privación de la libertad e incomunicación, de que dijo, era objeto la directamente agraviada. Asimismo, en ese mismo momento también promovió el amparo en favor de las diversas personas de nombres *******, cuyo nombre completo es *******; ******* cuyo nombre correcto y completo es ******* (tal como lo refirió al ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor); *******, cuyo nombre completo es *******; *******; *******; *******, cuyo nombre completo es *******; *******, cuyo nombre completo es *******; *******, cuyo nombre completo es *******; *******, cuyo nombre completo es *******; *******, cuyo nombre completo es *******; *******; *******, cuyo nombre completo es *******; *******, *******, *******, ******* y/o *******, *******, *******, *******, ******* y/o *******, ******* y *******; proveyéndose al respecto, en esa misma fecha, por separado, respecto de cada una de las directamente agraviadas y se dio origen a los juicios *********************, del índice de este juzgado. Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Radicación de la demanda y concesión de suspensión de plano. En auto de seis de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda de referencia con el número de juicio 384/2020-II; se concedió la suspensión de plano y se mandó ratificar. Tras constituirse la actuaria el propio seis de septiembre de dos mil veinte, alrededor de las cuatro horas en la Estación de Seguridad Pública Municipal denominada Universidad, en esta ciudad, fue informada de que la aquí quejosa había sido puesta en libertad (igual respecto las demás directamente agraviadas en favor de quienes se promovió el amparo). Por lo que, en nuevo proveído de esa misma fecha (foja 15), se instó a la promovente del amparo sobre diverso domicilio dónde localizarla. Luego, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte (foja 18) se requirió al Secretario de Seguridad Pública, las generales de la citada quejosa. Segundo. Acumulación de juicios a este asunto. Así, en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte (foja 32), se decidieron acumular los diversos asuntos arriba indicados, al juicio en que ahora se actúa, ante la identidad de actos reclamados, de las mismas autoridades responsables, presentado por la misma promovente del amparo en favor de las agraviadas ya referidas, ta como se refirió en dicho proveído. Tercero. Comparecencia de diversas quejosas a las instalaciones de este juzgado, a ratificar la demanda de amparo. Luego de efectuar múltiples diligencias para encontrar a las directamente agraviadas y que manifestaran su deseo de ratificar, o no, la demanda de amparo interpuesta en su favor; el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, *******; *******, cuyo nombre completo es *******; ******* y/o ******* y/o ******* cuyo nombre correcto y completo es ******* (tal como lo refirió al ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor); *******, cuyo nombre completo es *******; *******; *******; *******; *******; y, *******, comparecieron personalmente a las instalaciones de este juzgado, debidamente identificadas, con el objeto de ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor. Cuarto. Admisión de la demanda de amparo respecto a las quejosas que ratificaron la demanda. Ante lo anterior, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte (foja 76), se admitió a trámite la demanda respecto a dichas nueve quejosas, se solicitó a las responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. Además, en dicho auto, se hizo constar que la quejosa de nombre *******, es la misma persona que se señaló en la demanda por comparecencia inicial como ******* y/o ******* y/o *******. Quinto. Ampliación de demanda respecto a los conceptos de violación. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 218), se tuvo a las quejosas que sí ratificaron la demanda de amparo, ampliando su demanda respecto a sus conceptos de violación; pues en la demanda inicial por comparecencia (a través de video-llamada, dada la emergencia sanitaria que aún persiste, deducida de la enfermedad denominada COVID.19) no se vertieron. Ello, pues como se destacó en el citado proveído, a pesar de que no se está ante uno de los supuestos del artículo 111 de la Ley de Amparo, en los cuales se pone de manifiesto que la demanda de amparo se podrá ampliar a) cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación o bien, b) cuando se tenga conocimiento de diversos actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; resultó evidente para esta Juzgadora, al realizar un análisis de tal artículo, relacionado con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que cuando se reclamen actos, entre los que se encuentra la incomunicación (combatido a través de este asunto), la ampliación de demanda de amparo podrá promoverse en cualquier tiempo, hasta antes de celebrada la audiencia constitucional. De modo que, en dicho acuerdo, se instaron sus informes justificados a las autoridades responsables. Sexto. Por no presentada la demanda respecto a diversas quejosas. Este juzgado, continuó la realización de diligencias para la localización de las diversas directamente agraviadas. (1) Primero, con relación a ello, las quejosas de nombres *********************, sí fueron localizadas y se tuvo, por lo que hace a ellas, por no presentada la demanda, como se desprende a continuación: *******, manifestó su deseo de no ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor, mediante escrito presentado en este juzgado el dos de octubre de dos mil veinte y con su comparecencia realizada en las instalaciones de este juzgado el propio dos de octubre de dos mil veinte; en torno a lo cual, en auto de cinco de octubre de dos mil veinte (foja 95), se "sobreseyó fuera de audiencia constitucional" respecto a ella. Por lo que hace a *******, ******* y ******* y/o *******, al no haber ratificado la demanda de amparo instaurada en su favor dentro del término de tres días con que contaban para ello, en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno (foja 153), se tuvo por no presentada. *******, en constancia actuarial de uno de marzo de dos mil veintiuno, manifestó ante la actuaria de la adscripción su deseo de no ratificar la demanda de amparo, lo que se acordó en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 256), tendiéndose por no presentada la demanda por lo que hace a tal agraviada. En cuanto a *******, al no haber ratificado la demanda de amparo instaurada en su favor dentro del término de tres días con que contaba para ello, en el aludido proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 256), se tuvo por no presentada respecto a ella. *******, a pesar de haber quedado notificada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno de la demanda de amparo instaurada en su favor, no la ratificó dentro del término de tres días a partir de que tal notificación surtió sus efectos, por lo que, en proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno (foja 270), se tuvo por no presentada. (2) En segundo lugar, en cuanto a las quejosas de nombres *******, *******, cuyo nombre completo es *******, *******, ******* cuyo nombre completo es *******, ******* cuyo nombre completo es *******, ******* y *******, a pesar de las exhaustivas investigaciones realizadas a través de distintas dependencias (Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Vocal Estatal del Registro Nacional de Electores, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Estación Juárez de la Guardia Nacional y Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez, todos con residencia en esta ciudad; así como a la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México) y las múltiples diligencias desarrolladas para lograr su localización, a efecto de que procedieran a ratificar, o no, la demanda de amparo, cuyo resultado resultó infructuoso; en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno (foja 500), al haber transcurrido más de un año sin lograrlo, se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo respecto de dichas quejosas. Determinación que quedó firme en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno (foja 566). Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa (*******;*******, cuyo nombre completo es *******; ******* y/o ******* y/o ******* cuyo nombre correcto y completo es ******* (tal como lo refirió al ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor); *******, cuyo nombre completo es *******; *******; *******; *******; *******; y, *******- quienes sí ratificaron la demanda de amparo interpuesta en su favor-) reclamó lo siguiente, de las autoridades que se indican a continuación: Del Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad: La privación de la libertad e incomunicación de que se dijo, sufrieron las directamente agraviadas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados en torno a la demanda inicial por comparecencia y a la ampliación, el Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 106 y 251, respectivamente), negó de forma categórica los actos que le fueron endilgados; sin que las quejosas por sí, ni por conducto de su autorizado en amplios términos, hubieren controvertido dicha negativa. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en sus informes justificados (fojas 120 y 290) negó la existencia de los actos que le fueron reclamados. Al respecto, adujo que la aquí quejosas no estuvieron incomunicadas, lo que se acredita con las constancias que obran en los presentes autos, de las que se desprende que, aunque éstas fueron detenidas en flagrancia al aparentemente cometer diversas faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Municipio de Juárez (causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la integridad o seguridad de las personas, en términos del artículo 6, fracción I del citado ordenamiento); del "acta de comunicación de derechos a personas detenidas" -donde se hizo del conocimiento de las aquí quejosas sus derechos, entre los que destacan el derecho a realizar una llamada telefónica para comunicarse con sus familiares y/o con su defensor, el derecho a ser acompañadas o asistidas por cualquier persona o abogado, a conocer los hechos que se les imputaron, así como a ofrecer pruebas y externar manifestaciones en torno a los hechos de así desearlo-; constan sus firmas autógrafas, al haber quedado enteradas de ello. De modo que, se tiene por inexistente también por lo que hace a dicha autoridad responsable, la incomunicación de que se dijo, sufrían las directamente agraviadas. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto a los actos reclamados a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Luego, en cuanto a la privación de la libertad de que se dijo, sufrieron dichas personas, se desprende su existencia, pues, como ya se acotó, fueron detenidas, aparentemente en flagrancia, el cinco de septiembre de dos mil veinte, al causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la integridad o seguridad de las personas. Además, en resoluciones emitidas iniciando a las dos horas del seis de septiembre de dos mi veinte, la Jueza de Barandilla de la Estación Universidad, las sancionó con una multa por un mil ciento veintiocho pesos ($1,128.00 moneda nacional) o con un arresto por dieciocho horas, optando las quejosas por el pago de la multa. Tras pagar una multa, fueron puestas en libertad las primeras horas de seis de septiembre de dos mil veinte, antes de que las responsables quedaran enteradas de la concesión de la suspensión de plano en su favor, pues la actuaria de la adscripción, como quedó asentado, arribó a las instalaciones de la responsable aproximadamente a las cuatro horas de esa misma fecha, momento en el cual todas las quejosas ya habían pagado sus multas y sido puestas en libertad. De modo que, se desvirtúa dicho acto y se tiene como cierto, pues las quejosas, como ya se dijo, sí fueron detenidas en flagrancia. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como ya se acotó, en el caso, resultó cierta la privación de la libertad de las directamente agraviadas a través de la detención en flagrancia, por aparentemente "causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la tranquilidad, la integridad o seguridad de las personas", atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. De modo que, se tiene por existente dicho acto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura, hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado por la quejosa a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, consistente en la privación de la libertad de las directamente agraviadas a través de la detención en flagrancia, de que fueron objeto; se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Esencialmente, la hipótesis normativa contenida en dicha fracción, hace alusión a aquellos actos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Al respecto, se estima oportuno relatar los antecedentes del acto reclamado, que consisten de modo esencial, en los siguientes: I. El cinco de septiembre de dos mil veinte de dos mil veinte, al realizar el recorrido de vigilancia por el cruce de las avenidas Juárez y Lincoln, en esta ciudad a las diecisiete horas con treinta minutos, agentes Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, encontraron a diversas mujeres realizando una manifestación, en la cual, aparentemente, agredían a los varones que transitaban por la zona, verbalmente así como con pintura en spray de aerosol; y los amedrentaban sin razón aparente, con un bate de beisbol que portaban. Por lo cual, las detuvieron, informándoles que sus conductas constituían una falta administrativa al Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Juárez. II. Por lo anterior, los agentes en comento condujeron a dichas personas, entre ellas a las aquí accionantes del amparo, con el Médico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, a efecto de que las revisara. III. Enseguida, se llevó a las quejosas ante una Jueza de Barandilla quien determinó, mediante resolución de seis de septiembre de dos mil veinte, que aquéllas fueron responsables de "causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la tranquilidad, la integridad o seguridad de las personas" por lo que las sancionó con una multa por un mil ciento veintiocho pesos ($1,128.00 moneda nacional) o con un arresto por dieciocho horas, optando las quejosas por el pago de la multa. IV. Tras pagar una multa, fueron puestas en libertad en las primeras horas del seis de septiembre de dos mil veinte, antes de que las responsables quedaran enteradas de la concesión de la suspensión de plano en su favor, pues la actuaria de la adscripción, como quedó asentado, arribó a las instalaciones de la responsable aproximadamente a las cuatro horas de esa misma fecha, momento en el cual ya todas las quejosas estaban en libertad, al haber optado por pagar sus multas. En efecto, fueron puestas en libertad, como se desprende enseguida: 1. *******; quien salió a las dos horas con treinta y nueve minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 2. *******; quien salió a las tres horas con diez minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 3. *******; quien salió a las tres horas con cinco minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 4. *******; quien salió a las tres horas con cuarenta y tres minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 5. *******; quien salió a las tres horas con catorce minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 6. *******; quien salió a las tres horas con quince minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 7. *******; quien salió a las dos horas con treinta y un minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 8. *******; a quien la Jueza de Barandilla puso a disposición del Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por ser menor de edad en ese momento; posteriormente, fue entregada a su madre, de nombre *******, a la una con cincuenta y cinco minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. 9. *******; quien salió a las dos horas con cincuenta y tres minutos del seis de septiembre de dos mil veinte. En tales condiciones, ya que el periodo en que las quejosas estuvieron arrestadas con motivo de su detención en flagrancia, no puede de forma jurídica o material, restituírsele, no cabe duda la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, lo conducente es sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica y de razones, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 171/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, materia administrativa, página 423, del contenido: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Sin que sea preciso efectuar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundada, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido en favor de *******; *******, cuyo nombre completo es *******; ******* y/o *******y/o ******* cuyo nombre correcto y completo es ******* (tal como lo refirió al ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor); *******, cuyo nombre completo es *******; *******; *******; *******; *******; y, *******, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre la fecha en que se recibieron las documentales remitidas por el Coordinador de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Titular del Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (auto de veintiséis de los actuales) al día de hoy, no median los ocho días que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues los mismos se computan del día de hoy al once de noviembre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con esa calidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense los oficios remitidos por el Coordinador de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Juárez, Chihuahua y Titular del Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante los cuales, cada uno, atiende a los requerimientos insertos en proveído de veintiuno de los actuales. Lo anterior, pues el primero remitió copia certificada del acta de remisión de *******, mediante la cual se desprende que la Jueza de Barandilla la puso a disposición del Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por ser menor de edad en ese momento. Mientras que, el segundo envió copia certificada de las constancias relativas a la puesta a disposición de la persona en comento, entre las que se encuentra la constancia de entrega, a su madre, de nombre *******. Consecuentemente, se cancela la multa impuesta a la primera de las autoridades referidas en auto de catorce de los actuales; por lo que, se ordena cancelar las gestiones para hacerla efectiva. Finalmente, se ordena considerar las constancias arriba apuntadas en la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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- Roxana Andrade Juárez631/2016
- Roxana Chaparro De la Paz385/2020
- Roxana Gabriela Vázquez Vázquez645/2016
- Roy Elías Chávez y Otros.218/2019
- Ruben Acosta Grajeda865/2019
- Ruben Alejandro Garcia Valdiviezo421/2015
- Ruben Alejandro Orozco Aguilar1010/2016