Roxana Cabrera Reyes
Expediente 1356/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Roxana Cabrera Reyes
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, y en atención a su contenido, reexpídase el oficio que se emitió en la determinación por la cual este Juzgado se avoco al conocimiento del presente asunto, lo anterior a efecto de que la autoridad oficiante provea lo conducente. Notifíquese.
- Principal
VCausa estado. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de cinco de julio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***********; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado... Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo que refiere el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, remite los autos del juicio de amparo 1379/2023, de su índice, promovido por Roxana Cabrera Reyes y Alberto Rafael Cámara Gallegos; en consecuencia, partiendo que de una revisión minuciosa del juicio de amparo 569/2023, de la estadística de este juzgado, se advierte que efectivamente se analizó respecto de un acto derivado del mismo juicio de origen; por lo que, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; por ello, acúsese el recibo de estilo. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1356/2023-VIII-2. Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Ahora, toda vez que los aludidos quejosos omitieron señalar un representante común, con fundamento en el Artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a la primera de las mencionadas. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por disposición del artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Desechamiento de demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, parte in fine de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza en la especie en relación con el acto reclamado, la cual es la prevista en el referido precepto legal, en su fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, aplicado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, antes transcrito, se concluye que tratándose de actos dentro de un juicio, solo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,723 IUS Intranet que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese contexto, al establecer la Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción V, lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio es de imposible reparación. Se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía en la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La comprensión y modificación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Luego, si el acto reclamado lo constituye el auto de siete de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Control y Oralidad de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, en la causa penal 35/2021, mediante el cual determinó improcedente el recurso de revocación contra diverso proveído de uno de junio de este año, en el cual se le tuvo por nombrado al mismo defensor particular que se tuvo por abandonando la defensa en acuerdo de tres de mayo de la presente anualidad. Entonces, dicho acto constituye, en su caso, una violación de carácter adjetivo, puesto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que únicamente incide en la elección del imputado de elegir su defensor, habida cuenta que la sentencia que llegare a dictarse en el juicio de origen, puede serle favorable, y en caso contrario, puede impugnar dicha sentencia con los recursos que en el caso, contempla la legislación local; y, de no ser efectivos, se encuentra en aptitud de reclamar todas las violaciones procesales que hayan acontecido en dicho juicio, en amparo directo; y, por tanto, no es procedente el amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley que rige la materia. Lo anterior, es así, ya que el acto que reclama, inferiría, en su caso, una afectación directa del imputado y transgrediría el libre y efectivo ejercicio de una defensa adecuada, a su criterio, pues es su derecho nombrar a su defensor y que éstos acompañe los imputados en todo momento del procedimiento penal sin importar si es privado o de oficio y sin importar las veces que decidan cambiar de defensor. Sin que se soslaye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Ahora bien, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Además, de acuerdo a los antecedentes narrados por la parte quejosa, se advierte que el proceso penal del que deriva el acto que reclaman, se encuentra fecha señalada para la apertura de la etapa intermedia. Para mejor comprensión se precisan de manera superficial en qué consisten las tres etapas de un proceso en el nuevo Sistema de Justicia Penal, en relación al caso en estudio: 1) Investigación. A. Investigación inicial. Posterior a la denuncia, se tiene que asegurar que se cometió un delito y quién es la persona que probablemente lo cometió, de esto se encargarán el Ministerio Público y las Policías. Cuando se tengan datos de pruebas suficientes que determinen la existencia de un posible hecho que la ley señale como delito, se deberán agregar los testigos y peritos para que declaren durante el juicio. Se solicita fecha para audiencia de vinculación a proceso, una vez en ésta se apertura la audiencia el Juez verifica que el imputado conozca sus derechos, el Ministerio Público formula imputación, si no se duplica el plazo constitucional el Juez resuelve y puede determinar la vinculación a proceso; B. Investigación complementaria; en la misma audiencia de vinculación a proceso se solicita y se debate para el plazo de investigación, el Juez establece dicho plazo. Una vez concluida la investigación, si el Agente del Ministerio Público considera que en ella hay suficientes elementos para someter a juicio público al imputado, el representante social debe presentar acusación y pedirá apertura a juicio. 2) Intermedia. Durante esta etapa el Agente del Ministerio Público debe presentar la acusación ante el Juez de Control, se notificará a las partes, se recibirán las manifestaciones de la víctima y el imputado, que pueden hacer el descubrimiento de medios de prueba y su ofrecimiento, entre otras cosas, posterior a ello, el Juez fija hora y fecha para la audiencia intermedia, en esta el Ministerio Público realiza su acusación, el Juez aprueba el descubrimiento probatorio (se entiende por descubrimiento de pruebas, la obligación de las partes en el proceso penal, de dar a conocer previamente al juicio, toda la información de los medios de prueba que pretenden desahogar en éste), si el Juez advierte que hay ocultamiento de medios de prueba debe de resolver; en caso contrario se ofrecen las pruebas pertinentes, posterior a ello, el Juez debe dictar el auto de apertura a juicio y ordena su envió al tribunal de enjuiciamiento y se declara cerrada la audiencia intermedia. En esta etapa tiene como objetivo depurar el procedimiento, resolver cuestiones incidentales y analizar la procedencia de los medios de convicción, a fin de preparar de manera adecuada el juicio oral; en esta etapa se discutirán entre otros aspectos las pruebas que se presentaran al juicio oral, los hechos que se tuvieron como probados, así como, la admisión o exclusión de pruebas. 3) Juicio Oral. El juez de Juicio Oral escuchará al acusado y al acusador, examinará las pruebas que se exhiban en los interrogatorios, para finalmente dictar una sentencia en la que se explique oralmente si el imputado es inocente o culpable. También, en el nuevo Sistema de Justicia Penal se cuentan con opciones alternativas, en caso de que se presenten delitos no graves, donde pueden llegar a una solución sin tener que llegar a un juicio. Esto permite agilizar el proceso y lograr un común acuerdo de manera más sencilla y práctica. De lo anterior, se obtiene que durante la etapa intermedia se desarrolla un debate en el cual participarán del Ministerio Público, el imputado y la víctima. Tanto el Ministerio Público como la defensa, presentarán sus pruebas, para el descubrimiento probatorio, es decir, se dará a conocer toda la información de los medios de prueba que pretenden desahogar en juicio, ante el Juez de Control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase, así mismo, en esta etapa el juez puede excluir pruebas, lo que de suyo denota que no entran en la siguiente etapa (juicio oral); dicha exclusión puede acontecer, entre otras opciones, porque se obtuvieron con violación a un derecho humano. Esto es, que con lo anterior se puede advertir que los actos que reclaman los quejosos no son de imposible reparación. Máxime que el acto por esta vía impugnado, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia contenidas en el citado artículo 107 de la Ley de Amparo y tampoco se actualiza alguno de los supuestos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para la procedencia del juicio de garantías indirecto contra actos dentro del juicio, que afectan de manera irremediable los derechos sustantivos del gobernado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época, registro 2006338, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable por analogía la tesis aislada XX.2o.91 P, con número de registro digital 169148, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Novena Época, en el tomo XXVIII, de Agosto de 2008, en la página 1057, del rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA EXCUSA FORMULADA POR EL DEFENSOR PÚBLICO PARA FUNGIR COMO TAL, PORQUE EL INCULPADO YA TIENE DEFENSOR PARTICULAR EN LA APELACIÓN PROMOVIDA CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, POR NO CONSTITUIR UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de "actos de imposible reparación", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. En esas condiciones, la resolución que declara infundado el recurso de revocación contra el auto que niega la excusa formulada por el defensor público para fungir como tal, porque el inculpado ya tiene defensor particular en la apelación promovida contra la sentencia de primera instancia, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente puede afectar derechos adjetivos, pues si se revocara la determinación apelada a favor de la parte afectada, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues no se afectaría la garantía de defensa adecuada que se estima conculcada, prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, y si el fallo le fuera desfavorable podría reclamarla como violación procesal a través del amparo directo en forma conjunta cuando se promoviera contra la sentencia que confirmara la resolución recurrida, la que sí constituiría un acto que afecta la libertad personal del individuo, pero no en forma destacada aquella determinación, pues la garantía de defensa sólo constituye el instrumento establecido por la Norma Fundamental para salvaguardar ese derecho sustantivo." De lo antes expuesto se puede concluir, que al no afectar el acto reclamado derechos sustantivos, sino procesales, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en los artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, se desecha la demanda de amparo promovida por Roxana Cabrera Reyes y Alberto Rafael Cámara Gallegos. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Wilber Contreras Ricalde, por tener registradas sus cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporcionaron en la demanda de amparo para tal efecto. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en l Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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