Rossanna Araujo Silver
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- Rossanna Araujo Silver
- ROSSANNA ARAUJO SILVER y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos ante este órgano jurisdiccional, el quince de marzo y dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 1081 a 1083 y 1115 a 1117 del tomo II), suscritos por el delegado de las autoridades responsables Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de mayo del año actual (foja 1118 del tomo II), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución pronunciada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 765 a 808 del tomo II), por un lado sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue confirmada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil dieciocho, dentro del cuaderno auxiliar 513/2017, de su índice, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito de esta ciudad, en el amparo en revisión administrativa número 166/2017 (fojas 888 a 927 del tomo II), cuyos efectos concesorios fueron para los efectos siguientes: "[.] En esas condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos sostenidos por el Órgano Superior, al resolver el amparo en revisión 1/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 782/2012, lo procedente es, conceder a la persona moral Inmobiliaria Marina, N.V., Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Adolfo Dueñas Canales, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelva la cantidad total que la quejosa pagó el veinticinco de febrero de dos mil quince, (correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince), por concepto de impuesto predial respecto del predio con cuenta predial U015379, con clave catastral 20-024-01-033-007-000, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por constituir el primer acto de aplicación en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. [.] Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Presidente Municipal, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro Municipal del VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. [.] Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio de la quejosa, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados consistentes en los oficios números 100016232, 100016233, 100016234, 100016235, 100016236, 100016237, 100016238, todos de diez de junio de dos mil quince, atribuidos al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto de las cantidades de $527,754.71, $592,258.41, $29,698.12, $617,505.33, $738,417.44, $527,754.71 y $483,435.93. respectivamente; correspondientes al primer trimestre del año dos mil catorce al tercer trimestre del dos mil quince, pues al haberse declarado inconstitucional el precepto 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil catorce y dos mil quince, fundamento legal en que, esencialmente se sustentan los mandamientos de ejecución de requerimiento de pago, dictados en contra de la empresa quejosa, Inmobiliaria Marina, N.V., Sociedad Anónima de Capital Variable, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por la gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno." Ante ello y siguiendo el trámite de ejecución de la sentencia, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 950 a 951, Tomo I), se aperturó incidente innominado; por lo que seguido el juicio por sus demás trámites legales, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se resolvió dicho incidente, en el que se determinó devolver a la parte quejosa la suma de $20,466.04 pesos (fojas 1044 a 1048, Tomo II). En relación con lo anterior y en cumplimiento al fallo protector, el quince de marzo de dos mil diecinueve (foja 1081 a 1083, Tomo II), se tuvo al delegado de las autoridades responsables exhibiendo el billete de depósito N 670656, valioso por la cantidad de $20,466.04 pesos, cantidad que fue fijada en el incidente innominado de previa cita. Por lo que, por proveído de ocho de mayo del año en curso (fojas 1107 a 1109), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se dijo que no obstante haber cubierto el pago a la parte quejosa, es menester que obrara manifestación expresa por parte de las autoridades responsables en el sentido de desincorporar de la esfera jurídica a la parte peticionaria de garantías la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional, requiriéndose nuevamente a las autoridades responsables para que acataran dicha circunstancia. Así pues, por oficio recepcionado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el delegado las autoridades responsables adjuntó el oficio TM-206/2019, suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, del cual se advierte que desincorporó de la esfera jurídica lo previsto en los preceptos declarados inconstitucionales, en lo que concierne al impuesto predial respecto del predio con número de cuenta U015379, ubicado en la citada municipalidad. Con base a ello, por auto de diecisiete de mayo del año en curso (foja 1118 del tomo II), se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por lo que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa desapercibido, que la parte quejosa no hubiera recogido el certificado de depósito que nos ocupa, pues dicha circunstancia resulta irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. ...". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asuntos concluidos, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, al no ser necesaria la retención del certificado de depósito N 670656, valioso por la cantidad de $20,466.04 pesos, requiérase a la parte agraviada, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a recoger el propio, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibida que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito el mismo a favor del Fisco Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el diez de junio del año que transcurre (fojas 76-81), la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de once del mes en curso (foja 82), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el diecisiete de junio del año en curso (foja 85); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecinueve al veintiuno de los cursantes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticuatro de abril del dos mil diecinueve (fojas 49-55), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En tales condiciones, lo conducente es conceder el amparo solicitado, para efecto de que: a) El Delegado del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, de manera fundada y motivada, dé respuesta a la petición formulada por la quejosa, de forma congruente con lo solicitado; y, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto haciendo constar tal circunstancia; todo lo anterior, dentro del término previsto en el artículo 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional." Luego, en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable para que la acatara dentro del plazo de siete días (fojas 66-67). Luego, a través del oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el diez de junio de la presente anualidad (fojas 76-81), la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informó que le notificó a la parte quejosa que en atención a la solicitud de trámite número 18180008530 de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, relativa al trámite o servicio SEDATU-04-015 "adopción del dominio de pleno sobre parcelas, expedición de título de propiedad", recayó calificación registral positiva, la cual quedó debidamente inscrita el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, asimismo, le hizo de su conocimiento que se encontraba a su disposición en las instalaciones de dicho registro, el título de propiedad de origen parcelario número 1001150 que ampara la titularidad de la parcela 974 P3/3 Z-3, lo cual, lo acreditó con las constancias de notificación que adjuntó a su ocurso. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia, en razón de que dicha respuesta resulta congruente con lo solicitado por la parte quejosa, respecto a si existía permisos de construcción las calles aludidas asimismo, la autoridad responsable fundó y motivó, a su consideración la respuesta otorgada. No obsta para lo anterior el hecho de que la notificación de la respuesta realizada por la autoridad responsable se haya efectuado a Raepse Fernando García Ledezma, (como se advierte del acta de notificación visible a foja 79), el cual no se encuentra autorizado para tales efectos dentro del presente expediente, pues en la notificación del auto de once de junio del año en curso se dio vista a la parte quejosa con la respuesta de la autoridad, por lo que es evidente que se subsanó tal circunstancia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Rosendo Saldaña Covarrubias1231/2023
- Rosendo Sandoval Herrera490/2022
- Rosio García Carrillo1981/2022
- Rossana Gabriela Espadas Ramírez751/2019
- Rossana Mendoza León814/2017
- Rossana Mendoza León755/2017
- Roxana Berenice García Arce2340/2019
- Roxana Elizabeth Ávila Villalobos767/2017
- Roxana Elizabeth Ávila Villalobos839/2019
- Roxana Elizabeth Ávila Villalobos768/2017
- Roxana Elizabeth Castro Castro712/2023
- Roxana Guadalupe Chávez Gómez133/2021