Rossana Ramírez Medrano
Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2021
Partes del expediente
- Rossana Ramírez Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a los Integrantes de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rindiendo informe justificado. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que la parte quejosa Rossana Ramírez Medrano, señaló como acto reclamado la omisión de radicar su escrito de demanda presentado el cinco de octubre de dos mil veinte. Los Integrantes de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado afirmaron la existencia del acto reclamado; además, indicaron que, por auto de once de enero de dos mil veintiuno, radicaron la demanda presentada por Rossana Ramírez Medrano. En ese sentido, esta autoridad advierte que, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que no existe el acto reclamado cuando no se prueba su existencia, pues en el caso que nos ocupa, se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Ahora bien, si bien la autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados, lo cierto es, que de las documentales que anexo al informe justificado -a las que les reviste pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que por auto de once de enero de dos mil veintiuno, radicaron la demanda presentada por Rossana Ramírez Medrano bajo el juicio laboral D-7/150/2020 del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a la presentación de la demanda -veintitrés de marzo de dos mil veintiuno-, no se encontraba en condiciones de radicar la demanda presentada por Rossana Ramírez Medrano, pues mediante auto de once de enero de dos mil veintiuno, la había radicado. De lo relatado, se advierte que los actos reclamados devienen inexistentes, pues antes de la instauración del presente juicio constitucional, ya se había radicado la demanda interpuesta por la aquí quejosa. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.". En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, respecto de los actos que Rossana Ramírez Medrano reclamó a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a los Integrantes de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rindiendo informe justificado. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que la parte quejosa Rossana Ramírez Medrano, señaló como acto reclamado la omisión de radicar su escrito de demanda presentado el cinco de octubre de dos mil veinte. Los Integrantes de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado afirmaron la existencia del acto reclamado; además, indicaron que, por auto de once de enero de dos mil veintiuno, radicaron la demanda presentada por Rossana Ramírez Medrano. En ese sentido, esta autoridad advierte que, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que no existe el acto reclamado cuando no se prueba su existencia, pues en el caso que nos ocupa, se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Ahora bien, si bien la autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados, lo cierto es, que de las documentales que anexo al informe justificado -a las que les reviste pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que por auto de once de enero de dos mil veintiuno, radicaron la demanda presentada por Rossana Ramírez Medrano bajo el juicio laboral D-7/150/2020 del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a la presentación de la demanda -veintitrés de marzo de dos mil veintiuno-, no se encontraba en condiciones de radicar la demanda presentada por Rossana Ramírez Medrano, pues mediante auto de once de enero de dos mil veintiuno, la había radicado. De lo relatado, se advierte que los actos reclamados devienen inexistentes, pues antes de la instauración del presente juicio constitucional, ya se había radicado la demanda interpuesta por la aquí quejosa. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.". En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, respecto de los actos que Rossana Ramírez Medrano reclamó a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, a fin de proveer lo conducente, es necesario precisar lo siguiente Mediante auto de dieciséis agosto de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo respecto a las autoridades señaladas como responsables I. Secretario del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. II. Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda inicial y, por consiguiente, como nueva autoridad responsable a: I. Jefe Delegacional del Departamento Laboral, ambos de la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguida la secuela procesal, mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, en atención a lo precisado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se admitió la ampliación de demanda y por la que se señaló como nuevas autoridades responsables a: I. Hospital General de Zona 20 de la Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla [Encargada de la Coordinación de Gestión Médica, Encargado de la Jefatura de División Pediátrica, Jefatura de Pediatría, MNF Pediatra (sic), Subdirector Médico y Director Médico]; y, II. Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. Ahora, en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, se proveyó sobre la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa y se concedió a las partes un término de tres días para que designaran perito de su parte o realizaran adiciones al cuestionario correspondiente. Sin embargo, la parte quejosa amplió de nueva cuenta el escrito inicial de demanda y por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se tuvieron como nuevas autoridades responsables a las denominadas como: I. Jefe de la División de Calidad del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, II. Jefe de Calidad "UMAE Hto." Puebla de la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, en atención a la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno se concedió a las autoridades responsables anteriormente precisadas, un término de tres días para que designaran perito de su parte o realizaran adiciones al cuestionario de la prueba de mérito, sin que así lo hicieran. En las anotadas circunstancias y, dado que el ocho de abril de dos mil veintiuno se notificó a la última de las autoridades responsables lo relativo al desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos [como se desprende de la certificación de cuenta], se precisa que ha fenecido el término de tres días concedido a las partes mediante proveídos de quince de diciembre de dos mil veinte y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para que realizaran adiciones a los cuestionarios presentados respecto a la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa, así como designaran perito de su parte, sin que lo hayan realizado, con excepción del Director del Hospital de la zona número veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien señaló como perito a Karla Mendiola Ramírez. Por lo anterior, se les tiene por precluido ese derecho a las demás partes y se hace de su conocimiento que la prueba pericial de mérito, se desahogará al tenor del cuestionario ofrecido por la parte quejosa. Del mismo modo, se tiene como perito oficial a Verónica Montalvo Alcalá -de quien la quejosa manifestó su conformidad con el dictamen que al efecto emita-, y como perito del Director del Hospital de la zona número veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social a Karla Mendiola Ramírez. En las anotadas circunstancias, se requiere a las mencionadas expertas por conducto del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y del Director del Hospital de la zona número veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, para que comparezcan ante este juzgado federal, a fin de aceptar y protestar el cargo conferido. Se apercibe al Director del Hospital de la zona número veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por conforme con el dictamen que emita la perito oficial; y, respecto a la citada perito Verónica Montalvo Alcalá, se le apercibe que de no hacer lo anteriormente requerido, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 [ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Para dar lugar a lo anterior, en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, al ser este juzgado federal quien requiere la presencia física de las mencionadas expertas, se procedió a generar las citas respectivas, mismas que se obtuvieron de la siguiente manera: Respecto a la perito Karla Mendiola Ramírez, designada por el Director del Hospital de la zona número veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social, para las doce horas del catorce de mayo de dos mil veintiuno, generándose el Código QR folio 44063/2021; y, Por lo que hace a la perito oficial Verónica Montalvo Alcalá, para las once horas con treinta minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, generándose el Código QR folio: 44069/2021. Los cuales permitirán que dichas expertas ingresen a las instalaciones que ocupa este órgano para el único fin de protestar el cargo que les fue conferido. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se les exhorta para que acuda puntualmente a la cita programada [misma que durará un máximo de 25 minutos] y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva [flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención], evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubre boca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En ese orden, gírese oficio al Director del Hospital de la zona número veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que informen a las peritos Karla Mendiola Ramírez y Verónica Montalvo Alcalá que el día y hora señalados deberán comparecer, con identificación oficial vigente, a protestar el cargo que les fue conferido, debiendo exhibir el Código QR que les permitirá el acceso, mismos que se anexarán al oficio que se genere para notificar este auto. Además, para que les hagan saber que de encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente al Covid-19, así lo deberá manifestar, ya sea al momento de la notificación del presente auto, o bien, mediante escrito, para que este juzgado reprograme la cita generada, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto haya establecido la administración del edificio sede. En ese sentido, se requiere al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que en el término de tres días siguiente a la notificación del presente acuerdo, remita las constancias que acrediten que se hizo del conocimiento de la perito oficial el contenido de este proveído y que se le entregó el Código QR correspondiente. Con el apercibimiento que de no remitir la constancia requerida dentro del término concedido para ello, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 [ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Rosendo Rosales Campos1064/2017
- Rosi Aquino Ramos625/2019
- Rosita Yllescas Anaya152/2023
- Rosita Yllescas Anaya1853/2023
- Rossana Ramírez Medrano1751/2021
- Rossana Ramírez Medrano425/2023
- Roxana Arauz Ramos1166/2015
- Roxana Icela Tellez Arenas247/2022
- Roxana Icela Tellez Arenas575/2022
- Roxana Karla Sepúlveda Vargas1262/2021
- Roxana Karla Sepulveda Vargas825/2023
- Roxana Nava Millan1168/2019