Rossana del Carmen Muñoz Garcia
Expediente 995/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Rossana del Carmen Muñoz Garcia
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciado el exhorto xxx/202-E-II-AMPARO/2021, orden 556-E-II-AMP./2021, derivado de los presentes autos el cual se le envió a efecto de que hiciera entrega de los oficios 4888 y 4890 dirigidos a las responsables Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, ambos con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, dese de baja la referida comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que la remisión se realizó vía electrónica. Por tanto, se tienen por debidamente notificadas las citadas responsables para los efectos legales correspondientes. Notifíquese
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a este sumario constitucional el oficio y telegrama de la Presidente Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, domiciliado en Ciudad del Carmen, Campeche, con los que informa que durante la audiencia de quince de junio pasado, celebrada en el juicio laboral de origen 372/2018, la apoderada legal de la parte actora desistió de la demandada intentada en contra de ---, continuándose con la secuela procesal, en su fase de ofrecimiento y admisión pruebas y adjunta copias certificadas de ese acto. Sin embargo, como las constancias que anexa la junta laboral, se encuentran ilegibles, lo cual dificulta su lectura íntegra, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la aludida autoridad laboral responsable para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, remita tales actuaciones en copia certificada, completa y legible, para estar en aptitud de proveer lo que legalmente corresponda.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, tres de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por ********, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que en lo medular consiste en el citatorio de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se le cita para realizarle una entrevista su carácter de testigo aportador de datos, dentro de la carpeta de investigación. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como 995/2021-VI-B. De conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que este órgano judicial, en la continuación de labores atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor publicado el dos de abril de dos mil trece. En el presente caso se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." . Ahora bien, de las actuaciones de la autoridad responsable tendientes a la integración de un acta de hechos, averiguación previa o carpeta de investigación, así como la falta de notificación respectiva, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, puesto que son de orden público, excepción hecha, como se verá más adelante, que en ellas se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la investigación que se ha iniciado no le depara perjuicio alguno, pues con ello no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos, además que como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos, no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica del quejoso, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución antes mencionada. En consecuencia, como quedó expuesto, dicha investigación, así como el citatorio respectivo no le irroga perjuicio al menor quejoso, toda vez que el Agente del Ministerio Público se encuentra facultado a fin de recabar todos los datos de prueba, para consignar o no la carpeta de investigación ante el Juez competente; en ejercicio de la facultad antes referida que le concede la propia Carta Magna. Máxime que el artículo 251, fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es del contenido siguiente: "Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control . X. La entrevista de testigos;" . Lo que no irriga perjuicio al directo quejoso, se afirma lo anterior, toda vez que los actos producen "ejecución irreparable", solamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos o fundamentales consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que no se ubican en esas hipótesis. En ese contexto, si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de Alejandro Quan Kiu Melgar manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En un tema similar al que nos ocupa, como lo es la integración de una averiguación previa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 85/2005, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, interpretó el contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (anterior a las reformas en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio) que hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa. En dicha ejecutoria, en esencia, consideró que el dispositivo en cita delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a dicha institución pública, y que consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada en el sistema tradicional como averiguación previa, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado. Así consideró, que en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la averiguación previa, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputan al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable responsabilidad. Asimismo, que en esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar la investigación y persecución de los delitos debiendo para ello, necesariamente buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados. Por esos motivos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que por regla general la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, como se advierte de la tesis aislada LXVIII, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control". Así como la diversa tesis aislada CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". En ese orden de ideas, atendiendo por analogía a lo anteriormente expuesto, es lógico concluir que en el caso, la integración del acta de hechos que se reclama, así como el citatorio de que se duele el quejoso, por parte del Ministerio Público, no le irrogan perjuicio alguno, y por ende, no es procedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación, por identidad de razón, la siguiente jurisprudencia, con el rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Máxime que en el presente asunto, el citatorio que se reclama deriva de la formación de la carpeta de investigación a efecto de que se realicen las diversas investigaciones propias de una querella, sin que al efecto se hubiese emitido algún tipo de orden, que afectara, restringiera o delimitara alguna clase de derechos del quejoso, razón por la cual, se estima que en el presente asunto no se está ante actos u omisiones que deparen perjuicio al promovente del amparo. En mérito de lo anterior, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en vigor, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. En virtud de que el peticionario del amparo no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso a), hágasele la notificación del presente acuerdo, así como la de los subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, en tanto no subsane dicha omisión.
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