Rosita Roblero Escobar

Expediente 1262/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1262/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Rosita Roblero Escobar
  • Edgardo Vera Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Acuerdo. De la certificación secretarial de cuenta se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si está debidamente cumplido con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro electrónico 192174, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria el ocho de marzo del año en curso, por una parte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rosita Roblero Escobar por propio derecho y en representación de la menor C.V.R., contra los actos que reclamó del Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Tecate, Baja California, para los siguientes efectos: "Octavo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la federal, es para que el Juez de Primera Instancia de lo Civil de Tecate, Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. 2. Reitere las cuestiones que no fueron materia de la concesión. 3. Con plenitud de jurisdicción, dicte un nuevo auto en el que de manera fundada y motivada, justifique la forma en que deberán llevarse a cabo las convivencias de la menor C.V.R. con su progenitora Rosita Roblero Escobar -aquí quejosa-. Concesión que se hace extensiva por lo que respecta a los actos reclamados de ejecución al actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil de Tecate, Baja California, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de epígrafe: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios"1. Acciones realizadas para cumplir sentencia. Bajo 1 Página 41, Número 55, Julio de 1992, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, registro 218867. esas premisas, la autoridad responsable, posterior al requerimiento por parte de este juzgado, realizado el ocho de marzo del año en curso, por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tecate, y el Actuario de su adscripción, dando cumplimiento al fallo protector y al efecto, el primero de ellos remitió copia certificada del proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 286/2018, a través del cual dejó sin efecto el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, reiteró las cuestiones que no fueron materia de la concesión; asimismo, en dicho acuerdo, de manera fundada y motivada, justificó la forma en que deberán llevarse a cabo las convivencias de la menor C.V.R. con su progenitora Rosita Roblero Escobar -aquí quejosa-; a lo que se adhirió el actuario de su adscripción, como se advierte del oficio que remitió. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a los lineamientos ordenados en la sentencia de amparo; el primer efecto quedó satisfecho en razón de que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tecate, dejó sin efectos -en lo conducente-, el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve; el segundo y tercer efecto se consideran colmados dado que la responsable dictó una nueva determinación el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual reiteró las cuestiones que no fueron materia de la concesión; además, de manera fundada y motivada, justificó la forma en que deberán llevarse a cabo las convivencias de la menor C.V.R. con la quejosa Rosita Roblero Escobar, al tenor de las siguientes consideraciones: "ÚNICO.- La menor podrá convivir con su progenitora, el día sábado en un horario comprendido de las doce a las diecinueve horas, asimismo, cada quince días el sábado de doce a las diecinueve horas y el domingo en el mismo horario, convivencia que en base a las recomendaciones de la Psicóloga adscrita a la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia emitidas en la valoración Psicológica adjunta al oficio número TEC/8834/2019 (foja 220-223) mismas que se hacen consistir en lo siguiente: 1.- Que la niña asista a un proceso psicoterapéutico de al menos diez sesiones o a las que el terapeuta considere necesarias, con el fin de abordar temas sobre la separación de sus padres, residencia, autoestima y educación sexual. 2.- Que la niña tenga convivencia supervisadas con su madre por parte de algún miembro de la familia paterna, con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional. Además que de las conclusiones de la Psicóloga adscrita la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia se destaca lo siguiente: "En relación al objetivo principal de la valoración, la niña mostro evidente la situación a la que fue expuesta cuando se encontraba viviendo junto a su madre, pues destaca información relacionada a actos de índole sexual de los que la niña se daba cuenta y no era apropiado presenciar a su edad. De la misma forma, resalta la violencia física de la que fue víctima por parte de su madre y pareja de esta a los que nombra como Sharina y Rigo" Por lo que dado el resultado de dicha valoración Psicológica, así como en base al interés superior de la menor, en relación con los artículos 1, 4, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 925 y 926 del Código de Procedimientos Civiles, deberá realizarse bajo la supervisión de algún miembro de la familia paterna o de una persona de su confianza a elección del progenitor de la menor reiterando que lo anterior es así en razón de la recomendación 2 de la Psicóloga adscrita a la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la familia, misma que se hace consistir en lo siguiente: 2.- Que la niña tenga convivencia supervisadas con su madre por parte de algún miembro de la familia paterna, con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional." De lo que se colige que la determinación tomada por el Juez responsable para establecer la forma cómo deberá llevarse a cabo la convivencia de la menor con su progenitora, se basó en lo dispuesto en la valoración psicológica practicada a la menor C.V.R. por parte de la psicóloga adscrita a la subprocuraduría para la defensa del menor y la familia, justificando con ello que dicha convivencia habrá de realizarse, bajo una supervisión o vigilancia del padre de la menor o de una persona de su confianza; exponiendo así las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó a la parte quejosa en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva; lo cual deberá acontecer en un plazo de tres años a partir del dictado de este acuerdo. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad responsable. En otro orden de ideas, devuélvase a la autoridad responsable Juez Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, un tomo de constancias que remitió en vía de justificación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y

  2. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué al parte tercero interesado EDGARDO VERA GONZÁLEZ, la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III 27 y 29 de la Ley de Amparo. "...Acuerdo. De la certificación secretarial de cuenta se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si está debidamente cumplido con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro electrónico 192174, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria el ocho de marzo del año en curso, por una parte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rosita Roblero Escobar por propio derecho y en representación de la menor C.V.R., contra los actos que reclamó del Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Tecate, Baja California, para los siguientes efectos: "Octavo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la federal, es para que el Juez de Primera Instancia de lo Civil de Tecate, Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. 2. Reitere las cuestiones que no fueron materia de la concesión. 3. Con plenitud de jurisdicción, dicte un nuevo auto en el que de manera fundada y motivada, justifique la forma en que deberán llevarse a cabo las convivencias de la menor C.V.R. con su progenitora Rosita Roblero Escobar -aquí quejosa-. Concesión que se hace extensiva por lo que respecta a los actos reclamados de ejecución al actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil de Tecate, Baja California, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de epígrafe: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios"1. Acciones realizadas para cumplir sentencia. Bajo 1 Página 41, Número 55, Julio de 1992, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, registro 218867. esas premisas, la autoridad responsable, posterior al requerimiento por parte de este juzgado, realizado el ocho de marzo del año en curso, por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tecate, y el Actuario de su adscripción, dando cumplimiento al fallo protector y al efecto, el primero de ellos remitió copia certificada del proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 286/2018, a través del cual dejó sin efecto el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, reiteró las cuestiones que no fueron materia de la concesión; asimismo, en dicho acuerdo, de manera fundada y motivada, justificó la forma en que deberán llevarse a cabo las convivencias de la menor C.V.R. con su progenitora Rosita Roblero Escobar -aquí quejosa-; a lo que se adhirió el actuario de su adscripción, como se advierte del oficio que remitió. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a los lineamientos ordenados en la sentencia de amparo; el primer efecto quedó satisfecho en razón de que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tecate, dejó sin efectos -en lo conducente-, el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve; el segundo y tercer efecto se consideran colmados dado que la responsable dictó una nueva determinación el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual reiteró las cuestiones que no fueron materia de la concesión; además, de manera fundada y motivada, justificó la forma en que deberán llevarse a cabo las convivencias de la menor C.V.R. con la quejosa Rosita Roblero Escobar, al tenor de las siguientes consideraciones: "ÚNICO.- La menor podrá convivir con su progenitora, el día sábado en un horario comprendido de las doce a las diecinueve horas, asimismo, cada quince días el sábado de doce a las diecinueve horas y el domingo en el mismo horario, convivencia que en base a las recomendaciones de la Psicóloga adscrita a la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia emitidas en la valoración Psicológica adjunta al oficio número TEC/8834/2019 (foja 220-223) mismas que se hacen consistir en lo siguiente: 1.- Que la niña asista a un proceso psicoterapéutico de al menos diez sesiones o a las que el terapeuta considere necesarias, con el fin de abordar temas sobre la separación de sus padres, residencia, autoestima y educación sexual. 2.- Que la niña tenga convivencia supervisadas con su madre por parte de algún miembro de la familia paterna, con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional. Además que de las conclusiones de la Psicóloga adscrita la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia se destaca lo siguiente: "En relación al objetivo principal de la valoración, la niña mostro evidente la situación a la que fue expuesta cuando se encontraba viviendo junto a su madre, pues destaca información relacionada a actos de índole sexual de los que la niña se daba cuenta y no era apropiado presenciar a su edad. De la misma forma, resalta la violencia física de la que fue víctima por parte de su madre y pareja de esta a los que nombra como Sharina y Rigo" Por lo que dado el resultado de dicha valoración Psicológica, así como en base al interés superior de la menor, en relación con los artículos 1, 4, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 925 y 926 del Código de Procedimientos Civiles, deberá realizarse bajo la supervisión de algún miembro de la familia paterna o de una persona de su confianza a elección del progenitor de la menor reiterando que lo anterior es así en razón de la recomendación 2 de la Psicóloga adscrita a la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la familia, misma que se hace consistir en lo siguiente: 2.- Que la niña tenga convivencia supervisadas con su madre por parte de algún miembro de la familia paterna, con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional." De lo que se colige que la determinación tomada por el Juez responsable para establecer la forma cómo deberá llevarse a cabo la convivencia de la menor con su progenitora, se basó en lo dispuesto en la valoración psicológica practicada a la menor C.V.R. por parte de la psicóloga adscrita a la subprocuraduría para la defensa del menor y la familia, justificando con ello que dicha convivencia habrá de realizarse, bajo una supervisión o vigilancia del padre de la menor o de una persona de su confianza; exponiendo así las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó a la parte quejosa en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva; lo cual deberá acontecer en un plazo de tres años a partir del dictado de este acuerdo. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad responsable. En otro orden de ideas, devuélvase a la autoridad responsable Juez Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, un tomo de constancias que remitió en vía de justificación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tecate, a través de los cuales informa los actos efectuados para dar cumplimiento al fallo protector, sin que se haga mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de cinco de los actuales, se tuvieron por recibidas las documentales que adjuntó a su comunicado, y se ordenó dar vista con ellas. Cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Informa cumplimiento del amparo. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios que remiten el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tecate, y el Actuario de su adscripción, así como las copias certificadas que el primero acompaña, a través de los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Así, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y atento al estado de autos dese vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, con los oficios y anexos mencionados, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con relación al cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado Edgardo Vera González y por oficio al Oficial 01 del Registro Civil del Vigésimo Tercero Ayuntamiento de Tecate, Baja California.

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